En las últimas semanas, diversos encabezados han descrito a nuestra universidad, la UNAM, en términos de crisis, obsolescencia e incertidumbre. A este panorama se suma la reflexión sobre la autonomía desde la propia Junta de Gobierno.
Estas perspectivas nos convocan a analizar con conciencia crítica nuestro presente y a nuestra Universidad Nacional que se encuentra en un proceso de cambio y reforma.
La modificación del proceso de elección de los integrantes de la Junta de Gobierno no es un ajuste reglamentario menor; es una transformación que toca las fibras más sensibles del gobierno universitario. La Junta no solo elige a quienes encabezan nuestra Universidad y sus entidades académicas, sino que define el proyecto institucional, media la relación con el Estado y determina la forma en que se ejerce la autonomía universitaria.
Discutir su integración implica preguntarnos qué formas de legitimidad queremos privilegiar en la vida universitaria. Es natural que esta discusión incomode: nos obliga a revisar prácticas que durante décadas dimos por sentadas.
Identificar las limitaciones del proceso vigente es relativamente sencillo. El verdadero desafío comienza ahora, cuando ya no basta con nombrar los problemas, sino que es preciso construir propuestas desde la pluralidad, evitando la descalificación y la polarización que sólo fragmentan a nuestra comunidad.
Se trata de plantear soluciones oportunas que respondan a nuestro tiempo. ¿Nos quedaremos estancados en los mecanismos del siglo XX o daremos el paso hacia la universidad que el siglo XXI y nuestra comunidad demandan? Postergar esta decisión también es tomar partido: es optar por aplazar su redefinición.
Es claro que esta primera reforma no es una solución absoluta, pero representa una oportunidad histórica de apertura y democratización por parte de este rectorado. De aprobarse, marcará un hito en la historia universitaria.
En un contexto que no es políticamente neutro, la reforma abre posibilidades y plantea retos. Reconocer esta ambivalencia no debilita el proceso; por el contrario, lo vuelve más plural y responsable.
La legitimidad de esta propuesta no se agota en los cambios normativos, sino que reside en los procesos que los acompañan. El próximo Pleno nos permitirá evaluar, de manera tangible, si los cambios trascienden el discurso y se instalan en la práctica. Esto dependerá de la participación de la comunidad al postular perfiles, de la labor de los Consejos Académicos de Área y del Bachillerato al integrar las candidaturas, y de nuestra elección como Consejo Universitario.
Elegir no es un acto mecánico de votación; es una definición política sobre el modelo de universidad que queremos sostener. Requiere una decisión informada que busque perfiles idóneos, pero también un mayor equilibrio entre las áreas que integran la Junta de Gobierno. Este equilibrio fortalecería la gobernanza institucional, integrando la perspectiva de género y una profunda conciencia política.
Si la UNAM quiere seguir siendo un espacio crítico, debe empezar por ejercer la autocrítica. Hoy no solo votamos una reforma procedimental; definimos con conciencia histórica si nuestra universidad es capaz de renovar sus estructuras o si permanecerá anclada en el pasado. La colegialidad implica representación, pero la comunidad exige corresponsabilidad. El momento del cambio es ahora.