Esta semana, en medio de las especulaciones de la anunciada reforma electoral y la filtración de los documentos de trabajo de las comisiones legislativas, el diputado Ricardo Monreal, fiel a su estilo personal de hacer política, declaró que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados está preparado para convencer a sus aliados, el PT y el PVEM, y aprobar, venga como venga, la iniciativa presidencial que modifica la representación proporcional y reduce el costo de las elecciones.
La sociedad mexicana, el pueblo bueno y sabio en palabras del mesías tabasqueño, debe acostumbrarse a que sus representantes en el Poder Legislativo retomen el papel tradicional de ser levanta manos acríticos, cuando la línea se dicta desde palacio y aprobar hasta su propia sentencia de muerte. Lo malo es que, como sucedió en el régimen autoritario del partido hegemónico que padecimos el siglo pasado, ya no es noticia y nos estamos acostumbrando a que las libertades políticas pasen a un segundo plano y se imponga la voluntad de una persona que pretende ser la única voz del pueblo.
El 30 de noviembre de 2018, un día previo a la toma de posesión del presidente López Obrador, se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) con base en una iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto. En la elaboración de ese proyecto legislativo, seguramente, intervino el equipo cercano del líder de la autollamada 4T, incluido en este grupo Julio Scherer Ibarra, quien sería su consejero jurídico.
En esa reforma, se estableció un modelo centralizado de administración pública en el que los titulares de las dependencias y entidades no nombran al administrador, al abogado, al contralor y al responsable de la comunicación social dentro de su organización. Todavía hoy, la facultad de designación corresponde al secretario de hacienda, al consejero jurídico, a la secretaria anticorrupción y al responsable de la comunicación social de la Presidencia de la República, es decir, los secretarios y directores generales carecen de los elementos necesarios para asumir plenamente la conducción de su encargo público.
Julio Scherer, según confiesa en su libro “Ni venganza, ni perdón”, que ese modelo centralizador era un absurdo y que él prefirió mantener el esquema anterior, en el que los titulares de las dependencias y entidades le remitían la propuesta de la persona que ellos querían que los ayudara en la jefatura de las unidades jurídicas y el sólo emitía el nombramiento correspondiente. Esto lo afirma en un contexto en el que critica la ambición excesiva de Jesús Ramírez, que si ejerció la facultad que la LOAPF reformada para el gobierno de López Obrador le concedió y nombró a todos los comunicadores sociales, quienes le rendían cuentas y se sometían a sus instrucciones.
En este sentido, la reforma legal que el aceptó era incorrecta, pero no hizo nada por detenerla en su carácter de abogado del candidato ganador, ni la pretendió modificar como consejero jurídico del poder ejecutivo. Esto se explica porque Scherer también confesó que la política era más importante que la aplicación de la ley o el imperio del derecho. En su papel de despechado sumiso a su líder, actitud que describe en su libro, puso su dignidad profesional en un segundo plano y violó la protesta que rindió al recibir el grado de licenciado en Derecho en la UNAM, en la que se comprometió a que la norma suprema de conducta sería no solo la ley, sino también la moral y la justicia.
No cambiarle ni una coma a la voluntad de quien ejerce el poder y no ser capaz de contradecirlo para evitar que un modelo centralizador afecte la operación de la administración pública en perjuicio del cumplimiento de su misión o para limitar las libertades de expresión como Julio Scherer denuncia que ocurrió con Jesús Ramírez, es vergonzoso para quien fue el abogado del presidente. El hacía lo que le ordenaban y ponía su firma donde le indicaban. No era un auténtico control interno de la legalidad de la actuación del poder ejecutivo. Esto explica la proliferación de leyes declaradas inconstitucionales por la SCJN.
Hoy Julio Scherer, en el ostracismo y la lejanía del poder, enfrenta al todavía encumbrado Jesús Ramírez, pero su alegato pierde fuerza moral, ya que cuando despachó en Palacio Nacional aceptó lo que ahora confiesa que era inaceptable, como la política de transgénicos, e hizo suyo el principio de Monreal y avaló los proyectos de ley que le enviaba el presidente López Obrador bajo el axioma de “venga, como venga se aprueba”
Lo evidente es que las instituciones se empobrecen cuando sus dirigentes claudican de cumplir con su misión. El Congreso de la Unión debe ser algo más que una caja de resonancia de la voluntad presidencial y abogado el presidente no debe ser un “yes man”, un individuo obsecuente que siempre se doblegue a la “sabiduría política” de su jefe.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
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