Seguridad nacional y seguridad pública se convirtieron, así sea momentáneamente, en espacios convergentes de protección ciudadana tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por primera vez durante el cambio iniciado en 2018.
Por segunda ocasión en la historia mexicana postrevolucionaria, solamente luego de los incidentes subversivos de 1994 y 1996, uno de los cuales fue protagonizado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), eventos generados por colectividades armadas en contra de la autoridad del Estado Nacional generaron, en el mismo día de su ocurrencia, una respuesta coordinada disruptiva tanto por parte de los transgresores como del gobierno. La inquietud ciudadana fue paulatinamente atemperada después de la media tarde dominical.
La “información complementaria” del gobierno de Donald Trump fue mencionada por la Secretaría de la Defensa Nacional como variable para el operativo. Inquietantemente, el Ejército dio a conocer capacidad de los narcos para disponer de poder de fuego desde lanzacohetes con potencial para “derribar aeronaves”, según su comunicado. El operativo inaugura una etapa en la determinación de Sheinbaum por contener a los organismos delictivos, así como en los énfasis y mayor sofisticación a las cuales están obligadas todas las autoridades locales.
Horas antes, el gobierno estadounidense había destruido una lancha en la cual al menos 8 mexicanos perdieron la vida en cercanías de las playas de Nayarit y quienes presumiblemente estuvieron vinculados a la operación delincuencial no ajena a Puerto Vallarta, una cabeza de playa del CJNG. Los demás puertos con alta presencia de extranjeros, extorsión y distribución de drogas, por ejemplo, Playa del Carmen y Cancún, cerraron en contraste con otros domingos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la “absoluta coordinación” entre los estados. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ejecutivamente convocó al gabinete de seguridad para coordinar acciones y enviar el mensaje de tranquilidad plenamente justificado en el centro del país.
Oseguera Cervantes era objetivo prioritario para la DEA. Se había consolidado como un “Rey de la Cocaína”, controlando el flujo desde Sudamérica tras la fragmentación del Cártel de Sinaloa. No solo enviaba fentanilo, controlaba las rutas sudamericanas y diversificaba sus ingresos con huachicol.
El golpe es clímax de una serie de detenciones de la ofensiva equilibrada contra las organizaciones delincuenciales de alta peligrosidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch reconoció la intervención de la Defensa la cual, junto con la Marina y la Guardia Nacional, opera en la realidad del territorio.
La reacción inmediata al operativo, con bloqueos en 14 estados, más de 20 cierres carreteros, incendios de vehículos, así como las acciones de protección para la población civil en Jalisco —suspensión de clases, de vuelos y del partido femenil de futbol— exhibe el riesgo de “balcanización” tras la caída de un capo. El CJNG es una organización de franquicias. Sin “El Mencho”, los jefes de plaza podrían incrementar la violencia por el control de las rutas de huachicol y fentanilo, multiplicando los focos de conflicto al intentar su autorrepresentación como liderazgos delincuenciales capaces de enfrentar su propia adversidad.
La muerte del capo ocurre en un contexto de cooperación estratégica con Estados Unidos, reconocida en este caso por la Sedena, y corresponde con el despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos. La interdicción marítima estadounidense sucedió en la víspera.
Para Washington, los resultados tangibles son argumento de opinión pública. Para México demuestran soberanía y coordinación.