Vamos al tuétano del asunto, sin circunloquios: la hipermayoría de la que se hizo la coalición gobernante, ese tumulto de diputados oficialistas, fue posible no por respetar la constitución ni la ley, sino porque la violaron, claramemente.
Ese es el telón de fondo: la defensa oficialista a la inaudita sobrerrepresentación, una deformación que no veíamos desde los primeros años 60, precisamente, cuando aún no existían plurinominales.
La distorsión es tan evidente (53 por ciento de los votos y 74 por ciento de escaños) que suscitó una crítica y una impugnación enorme entre los especialistas, la academia, periodistas y entre organizaciones civiles, además de partidos y dentro de los propios órganos electorales. Esa reacción -sana y plural, desde casi todos los flancos- de mexicanos que están ejerciendo su derecho a la crítica, fue bautizada por ciertos magistrados como “campaña mediática” y así titulan su compilación.
Haciendo eco a la defensa de la alteración a la voluntad popular diputados y senadores de Morena se apresuraron a presentar una colección de ensayos patrocinada por el Tribunal Electoral. Y Javier Corral, articulado senador hecho un jurisperito, formuló una intervención, que estruje las falacias propiciadas por esa distorsión. Veamos una por una.
Corral dice que no hay “supuesta sobrerrepresentación”. Primera falla conceptual, tan la hay que lo que se debate es su límite. El dilema es si aplica solo a partido o a la coalición que realmente compitió. El Congreso mexicano hoy vive una real y extrema sobrerrepresentación, insisto: 53 por ciento de votos, 74 lugares en diputados.
Dice Corral que “no había de otra”, como si el Consejo General del INE o el Tribunal Electoral fueran una ventanilla de trámite que aplican una fórmula en Excel. Están allí para interpretar y sobre todo, cuidar los principios constitucionales, en especial la voluntad popular expresada en las urnas, unos y otros, para eso están, no para aplicar fórmulas por rutina.
Con esa idea de Consejo o de Tribunal, el caso Pemexgate o Amigos de Fox nunca hubiesen sido siquiera investigados. Hubo que interpretar -pasadas las elecciones- dada las evidencias de distorsión e ilegalidad, que eran del tamaño de una catedral, como es el caso de la actual sobrerrepresentación.
Lo que ocurrió, senador Corral, es que la regla se mantuvo literal, en sus términos, pero ciertos partidos y coaliciones sofisticaron sus estrategias electorales para eludirlas. Con trampas en la ingeniería electoral, evadir precisamente el tope constitucional a la sobrerrepresentación y esto es lo que debió observar la autoridad electoral sin formalismo ni candor.
No es verdad, tampoco, que la regla haya permanecido inamovible desde 1996: algunas veces se introdujeron candados para evitar los diputados cachirules (morenistas que aparecían en la lista de otros partidos coaligados, por ejemplo) y para verificar su militancia real. Incluso hubo propuestas en 2021, para aplicar el tope a la Coalición, aunque no tuvo éxito. El dilema de interpretación estaba planteado hace años.
El magistrado Felipe de la Mata (ni más ni menos) vio esto con claridad desde el 28 de agosto de 2018, muy consciente de la obligación de las autoridades para evitar que el esquema de coaliciones fuera utilizado para evadir el tope constitucional.
Entonces de la Mata apuntó lúcidamente “Desde mi perspectiva la aplicación de dicha jurisprudencia debe ser valorada y tendría que interrumpirse para casos futuros porque en su alcance actual puede llegar a resultar asistemática con otros valores del régimen constitucional electoral, en particular con el equilibrio que busca el sistema de representación proporcional frente a las desviaciones del sistema mayoritario”.
Luego Corral habla de “magnificación y distorsión” de medios y de intelectuales coludidos. Pero obviamente evade los números que demuestran, precisamente la monstruosa distorsión que provocó esa miope interpretación. Tres ejemplos.
¿Cómo es posible que el segundo partido más votado (PAN) se convierta en la tercera fuerza parlamentaria? Algo debe de estar mal en la fórmula aplicada pues ¿Cómo es posible que el quinto partido en votación (PVEM) asuma la segunda bancada más grande en el Congreso? o ¿Cómo es posible que el partido que más creció (MC) con más votos que el PVEM o que el PT quedó relegado como el cuerpo legislativo más pequeño durante estos tres años?
Si estas sencillas preguntas –si esa evidente deformación- no nos llevan a concluir que necesitamos otra interpretación, no estamos hablando de “congruencia” sino de un error, de ceguera deliberada.
La deformación aparece por todas partes. El electorado mexicano dio el triunfo a Claudia Sheinbaum para presidenta con un 59.7 por ciento del total; sin embargo, una parte de ese mismo electorado (el de Morena) votó menos por los partidos (diputados y senadores) de su coalición: sólo el 54 por ciento, es decir, 3.6 millones votaron por otra opción -no oficialista- y quisieron así colocar, un contrapeso en Cámara de Diputados.
Para decirlo rápido, incluso una parte nada despreciable de los votantes por Sheinbaum, querían el oxígeno del pluralismo en la cámara baja. La interpretación miope del Consejo General y del Tribunal dio la espalda, también a esa voluntad.
La resignación declarada por Corral (“no podían actuar de otra manera”; “así se ha hecho otras veces”; “no hay lugar a otra interpretación”) no puede ocultar la responsabilidad en la integración excéntrica del Congreso, pues su resultado acabó por torcer la voluntad popular. Su obligación era precisamente la contraria: que la voluntad popular se reflejara lo más fielmente posible en la composición cameral.
No es campaña mediática: son los hechos, las consecuencias de trampas en la ingeniería electoral y de una miopía de las autoridades electorales que está siendo muy costosa para nuestra democracia y la república.