El próximo domingo será 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y este 2026, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podremos hablar de un logro más para las mujeres. Hablamos de la violencia vicaria, esa forma de tortura mental que consiste en dañar a una madre con sus hijos o hijas. Hoy en día no es un concepto abstracto ni una denuncia ignorada, es un delito grave tipificado, sancionado y, sobre todo, conceptualizado correctamente como violencia de género.
La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es clara y sin ambigüedades, cualquier acto u omisión que, a través de los hijos o personas allegadas, busque causar daño emocional, psicológico o físico a la madre, constituye violencia vicaria. Retener, sustraer, amenazar o lastimar a los menores para “castigar” a la mujer ya no es una estrategia impune de control patriarcal. En marzo de este año, el Estado de México aprobó hasta ocho años de prisión por este delito, y el Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección ya opera como una herramienta real de prevención y seguimiento.
La Organización Mundial de la Salud y colegios de psicología lo han documentado: genera “tortura mental” y secuelas “difícilmente reversibles”. Es violencia instrumental, calculada, perversa. Y ocurre, con mayor frecuencia, precisamente cuando la mujer decide separarse, divorciarse o rehacer su vida.
México no inventó la rueda, pero sí la aterrizó con rigor. España la reconoció desde 2015 y desde entonces aplica prisión permanente cuando el resultado es asesinato. Argentina la visibilizó con campañas estatales y la tipificó como feminicidio vinculado. Uruguay la incluyó en su ley de violencia feminicida. Colombia y Perú, en cambio, siguen rezagados: el primero ni siquiera la reconoce; el segundo aprobó en 2022 una ley de tenencia compartida que, según colectivos feministas, puede abrir la puerta a más riesgos. México, en 2026, eligió el camino correcto: homologación nacional, coordinación federal desde la Secretaría de las Mujeres y una postura firme: la protección de las infancias es obligación de todos, pero la violencia vicaria es un instrumento específico contra la violencia machista.
Por eso resulta intolerable —y técnicamente aberrante— que en Coahuila se haya intentado vincular a proceso a Estela N. por supuesta violencia vicaria cuando ella misma era la víctima. La Secretaría de las Mujeres, actuó con la rapidez y la contundencia que exige la ley, diálogo directo con la Fiscalía y el Tribunal local, señalamiento de las inconsistencias jurídicas y recordatorio público de que la definición legal es unidireccional por una razón histórica y estadística, el 90 % de estos casos los ejercen hombres contra mujeres.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya zanjó el falso debate de “discriminación hacia los hombres”, existen otros tipos penales, la violencia familiar, por ejemplo, para proteger a cualquier persona. Usar la figura de violencia vicaria a la inversa no solo es un error jurídico; es vaciar de contenido décadas de lucha. La presidenta Sheinbaum lo ha dejado claro, “Estamos en 2026 con una mujer presidenta y todo un paquete de reformas que protegen a las mujeres; no vamos a permitir que se utilice de manera equivocada la ley para violentar los principios constitucionales”.
Este no es un avance maquillado, es la materialización de un mandato constitucional garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Es la respuesta institucional a miles de madres que marcharon en 2021 y 2022 con el lema “No más violencia vicaria”. Es la prueba de que, cuando hay voluntad política feminista, las leyes dejan de ser letra muerta y se convierten en escudos.
La batalla no ha terminado. Quedan pendientes homologaciones estatales, protocolos judiciales uniformes y, sobre todo, una transformación cultural profunda. Pero hoy México puede decir, con orgullo que la violencia vicaria ya tiene nombre, rostro, sanción y, fundamentalmente, un límite constitucional que ninguna interpretación torcida podrá cruzar.
Por que este 8M ninguna madre en México vuelva a ser criminalizada por ser víctima. Por que ningún agresor pueda seguir usando a sus propios hijos como arma. Porque, en 2026, México eligió proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos sin medias tintas.