En la Ciudad de México, la igualdad no es una condición dada. Es una aspiración que se abre paso entre múltiples y profundas desigualdades. Hablar de igualdad en una de las urbes más grandes del mundo implica reconocer, de entrada, que convivimos en una ciudad partida en múltiples realidades. Mientras algunas zonas concentran altos niveles de ingreso, acceso a servicios y calidad de vida, otras enfrentan carencias estructurales que limitan el ejercicio pleno de derechos. Los datos son contundentes. A nivel nacional, el 10% más rico concentra más del 30% del ingreso, mientras que el 10% más pobre apenas accede alrededor del 2%. En la capital, aunque existen mejores indicadores promedio que en otras entidades, la desigualdad persiste. Alcaldías como Benito Juárez o Miguel Hidalgo presentan niveles de ingreso y acceso a servicios muy superiores a los de Iztapalapa, Milpa Alta o Tláhuac. Esta brecha es profundamente social.
Las desigualdades también se expresan en el acceso al trabajo digno. En la CDMX, más del 50% de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad, lo que implica ausencia de seguridad social, ingresos inestables y vulnerabilidad constante. En tal contexto, hablar de igualdad formal ante la ley resulta insuficiente. Por lo tanto, se imponen las preguntas: ¿qué significa ser “igual” cuando millones de personas no tienen garantizadas las condiciones mínimas para ejercer sus derechos?, y además: ¿qué cosa es la igualdad en nuestras sociedades?
La igualdad no debe entenderse como una simple uniformidad o distribución idéntica de recursos, sino como una condición moral y política que reconoce a todas las personas como sujetos con igual dignidad. Esto implica garantizar a cada individuo las capacidades reales para desarrollar su vida, participar en la sociedad y ejercer sus derechos en condiciones efectivas, no solo formales. La igualdad en este sentido, está profundamente vinculada con el reconocimiento, la inclusión y la eliminación de barreras estructurales que limitan el bienestar humano.
Por el contrario, la desigualdad no es únicamente una diferencia en ingresos o bienes materiales, sino una situación en la que ciertas personas o grupos ven restringidas sus oportunidades, su autonomía y su reconocimiento social. La desigualdad se vuelve injusta cuando impide el desarrollo de las capacidades humanas y vulnera la dignidad de la persona, generando exclusión, subordinación o invisibilización. De esta manera, una sociedad desigual no solo distribuye de manera inequitativa los recursos y oportunidades, sino que también reproduce
relaciones de poder que obstaculizan la participación plena de todas las personas en la vida social.
El espacio público, símbolo por excelencia de lo común, también refleja esas desigualdades. Mientras algunos sectores lo conciben como un lugar de tránsito ordenado, para otros representa la posibilidad de sobrevivir. El comercio en la vía pública, por ejemplo, es una expresión concreta de esta desigualdad: para unos es desorden; para otros, es sustento y sobrevivencia. Aquí, la igualdad exige reconocer que no todas las personas parten del mismo punto, y que el acceso al espacio urbano debe pensarse desde la justicia social.
Además, las desigualdades se entrecruzan. Las mujeres, que representan una parte significativa del comercio en la vía pública, enfrentan enormes brechas salariales y cargas de cuidado no remuneradas. Las personas jóvenes tienen mayores tasas de desempleo, y las poblaciones históricamente discriminadas, incluyendo comunidades indígenas y diversidad sexual, encuentran mayores obstáculos para acceder a oportunidades. La igualdad debe ser interseccional.
En esta lucha contra las desigualdades estructurales que persisten en la CDMX, destacan diversas iniciativas en el Poder legislativo local que buscan reducirlas, al tiempo que ofrecen garantías, derechos y obligaciones para los grupos mayormente precarizados. Entre ellos destaca el comercio popular que pronto recibirá reconocimiento legal, colocando a la ciudad entre las grandes metrópolis que hacen efectivos los derechos sociales para todos.