En Italia se acaba de votar un referéndum constitucional que echó por tierra la pretensión de la ultraderechista Giorgia Meloni de reformar el poder judicial de ese país. La reforma proponía una modificación de la Constitución para separar las carreras de jueces y fiscales y cambiar el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el órgano que supervisa a todos los magistrados. La reforma preveía que tres de los miembros de ese Consejo fueran nombrados por el presidente de la República, otros tres, elegidos por sorteo a partir de una lista establecida por el parlamento y nueve, por sorteo entre jueces y fiscales.
No se trata de una propuesta nueva. Ya hace unas décadas, Silvio Berlusconi había intentado hacer pasar una reforma de ese tipo, para disminuir la influencia del poder judicial, que el entonces premier consideraba excesiva (entre otras cosas, porque era acusado de muchos delitos).
La oposición a Meloni había señalado que se trataba de una estratagema para que su gobierno tuviera una influencia indebida sobre los magistrados, disminuyendo su independencia.
La ley ya estaba aprobada por la mayoría del parlamento, pero pudo ser sometida a referéndum porque no contaba con las dos terceras partes de los votos necesarias para hacerlo constitucional. Como puede el lector imaginarse, la mayor parte de la población, más que centrarse en los pros y contras del asunto judicial, tomó el referéndum como un plebiscito sobre la hegemonía política de la jefa de gobierno, que presumía tener un alto índice de aprobación. También sirvió para acotar sus capacidades: la mayoría de los italianos votó por mantener sin cambios su constitución democrática.
Resultan por lo menos sintomáticas tres cosas. La primera, que hayan sido gobiernos con tintes autoritarios, al menos en lo ideológico, quienes hayan hecho las propuestas de reforma judicial para poner el nombramiento de los jueces en manos de las autoridades políticas, negándole al Poder Judicial la capacidad de autoadministrarse. La segunda, que exista un sistema capaz de permitir que los ciudadanos echen abajo una ley que consideran contraria a la constitución. La tercera, que las regiones en donde peor le fue a la reforma, allí donde menos gente apoyó la idea, hayan sido Sicilia, Campania y Calabria, precisamente donde es necesaria la mano dura contra la mafia, la camorra y la n’drangheta. La gente no quiere contemplaciones o acuerdos con ellos.
Meloni aceptó la derrota y aseguró que no dimitiría. Pero ya sabe que no puede hacerlo todo.
Vale este ejemplo para contrastarlo con lo que sucedió en México, donde no hubo manera de impedir que Morena y el gobierno impusieran a los juzgadores que les convenían, con lo que avanzó en la politización del Poder Judicial.
Pero si politización judicial hablamos, no conozco nada más claro que el sistema cubano.
En Cuba, los jueces son elegidos mediante un proceso indirecto a través de las asambleas del Poder Popular, integrando magistrados profesionales y jueces legos (ciudadanos sin formación jurídica), quienes imparten justicia de manera colegiada. El Tribunal Supremo Popular y sus jueces son elegidos por la Asamblea Nacional, mientras que los tribunales inferiores son electos por asambleas municipales o provinciales correspondientes.
Allí, existen jueces profesionales, que son abogados, y jueces legos, que no lo son. Estos últimos son propuestos por organizaciones de masas (como la Central de Trabajadores de Cuba o los Comités de Defensa de la Revolución). Todos son elegidos por un período de cinco años.
Las candidaturas son sometidas a aprobación por las asambleas locales del Poder Popular, mientras que los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y su elección no está sujeta a un término de tiempo definido. La elección se realiza mediante votación directa y pública, a mano alzada, por los delegados o diputados (digo, para que se vea quién siguió correctamente las instrucciones).
Queda clarísimo que, en Cuba, es total la subordinación del Poder Judicial al Poder Popular (es decir, al Partido Comunista y a la nomenklatura). Por eso no es inusual encontrar que un juez condene a 15 años de prisión a un adolescente por gritar “Patria y Vida”.
La importancia de tener jueces que no dependan del poder político es vital para cualquier sociedad. Eso lo entendieron los italianos (y no lo entendimos los mexicanos, mientras que los cubanos ni siquiera pudieron hacer nada al respecto).
Twitter: @franciscobaez