En los últimos días, una decisión administrativa ha puesto en jaque a decenas de organizaciones de la sociedad civil que durante años han servido como contrapeso, generando información crítica y visibilizando problemas que el poder suele ignorar. Se trata de instituciones que documentan corrupción, miden el desempeño educativo, analizan la economía y dan voz a sectores vulnerables.
Más allá del argumento técnico, el efecto de esta decisión causará un debilitamiento del ecosistema que incomoda al poder cuando señala fallas, omisiones o retrocesos. Y cuando se debilitan estos contrapesos, pierde la sociedad.
Organizaciones enfocadas en realizar mediciones y análisis, así como en denunciar actos de corrupción e impunidad, como Mexicanos Primero, México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad, son algunas de las afectadas y que ya desde antes del 2018, revelaban información valiosa y crítica para los gobiernos en turno.
Es cierto que han existido abusos en el uso de ciertos beneficios fiscales y que la regulación debe aplicarse con rigor. Pero también es evidente que muchas de estas organizaciones han sido fundamentales para entender la realidad del país, en temas sensibles como la violencia, la efectividad de diversas políticas públicas, y con la presentación de propuestas para mejorar la competitividad y atraer inversión.
El problema es que cuando se dificulta la operación de estos organismos, también se inhibe el apoyo del sector privado, que deja de participar ante la incertidumbre. El resultado es un círculo vicioso que genera menos financiamiento, menos investigación independiente y en consecuencia, menos información para tomar decisiones públicas de calidad.
En este contexto es que la influyente revista The Economist advirtió recientemente que diversas reformas han terminado por frenar el ritmo de crecimiento económico de México. No se trata de una opinión aislada, es un diagnóstico que resuena entre inversionistas y analistas internacionales.
El medio británico señala como principales causas del bajo crecimiento de México, la incertidumbre jurídica, así como el debilitamiento de organismos reguladores y una creciente concentración del control estatal en sectores estratégicos como el energético. Por cierto, este último punto ya comienza a perfilarse como un foco de tensión en la renegociación del T-MEC.
Según The Economist estos cambios han impactado fuertemente en la certeza para invertir. Y sin inversión, no hay crecimiento sostenido ni generación suficiente de empleo.
En este escenario, las decisiones internas que afectan a la sociedad civil no ayudan, y refuerzan la percepción de un entorno menos abierto, menos plural y más centralizado. La suma de señales, internas y externas, empieza a dibujar un país que se aleja de los estándares de confianza que exige la economía global.
Sin duda el gran reto para la presidenta Sheinbaum es romper el estancamiento económico en medio de un entorno internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas y presiones en los mercados energéticos. Para lograrlo, se necesita algo más que programas sociales o discursos políticos. Se requiere confianza.
@fer_martinezg