La crisis de las y los desaparecidos persiste. Es consecuencia de una violencia de décadas resistente a pesar del enorme esfuerzo para contener a los grupos del crimen organizado, encabezado con audacia operativa y sensibilidad política en el entorno de amenazas provenientes del norte, por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El diagnóstico, medición, atención y contención integral unitaria como comunidad nacional respecto de la tragedia de la desaparición de personas debe imponerse por encima de las diferencias ideológicas y políticas. Dentro y fuera del obradorismo.
Thomas Kuhn sostiene, en La Estructura de las Revoluciones Científicas, que un paradigma supera a otro cuando tiene mayor poder explicatorio. Una lección propagada en los CCH’s de los años setenta o en las universidades inglesas actualmente donde se revisan los límites de los modelos para encontrar sentido a la realidad y para transformarla. La ciencia se construye superando los límites de las explicaciones previas. Ocurre en el conocimiento científico y debería suceder en las políticas públicas. Kuhn y las personas comprometidas con las ciencias duras y las sociales no evaden los desafíos de la realidad y en sus respectivas “narrativas”, una palabra representativa de la vulgarización de las agencias de comunicación desplegada ante los pagadores de sus millonarios ingresos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia, inaugura la probabilidad de reentender el fenómeno, así como realizar la intervención correspondiente desde las instancias nacionales o internacionales.
Si es ella una campeona renovada con ánimo ético político necesario en la discusión intelectual y política vinculada a los desaparecidos, lo sabremos en esta semana. Discrepa del planteamiento, más bien básico, de algunos senadores morenistas para quienes la ONU “está sesgada”, en una lógica descalificativa donde hay “miopía alarmante” de la institución internacional, existe “una exagerada lupa”, prevalece “análisis poco serio” y “se ignoran las cifras del gobierno mexicano” respecto de los desaparecidos en México. Bien por González Saravia, a la izquierda y en el obradorismo del segundo piso.
Lejos se ubica la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, hija de una buscadora y hermana de un desaparecido, quien prefirió simplemente descalificar el “sesgo” de la ONU respecto de las personas desaparecidas aun cuando, con prudencia, reconoce el dolor de las y los colectivas relacionados con las víctimas.
Ante la probabilidad muy próxima de que la Asamblea General de la ONU revise en su pleno la situación en México, González Saravia es una figura para reintroducir la capacidad explicatoria de nuestro modelo de observación, operación y actuación sobre la realidad frente a los desaparecidos.
La leva del crimen organizado continúa desde los cárteles aun con los golpes a los dos principales del país. La desaparición es una herramienta de control territorial y economía criminal que obliga a una redefinición ya en reconocible proceso de la responsabilidad estatal en tanto garante de seguridad y justicia.
El reporte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la posibilidad de considerar las desapariciones en México crímenes de lesa humanidad, aun cuando no encontró pruebas de una política a nivel federal mediante acción u omisión deliberadas, es un reto al paradigma del cambio de régimen en su etapa más racional y sensiblemente ejecutiva encabezada por Sheinbaum en el país y en la capital por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La diferencia de matices entre lo nacional y lo local no es ruptura. Muestra pluralidad de voces dentro del propio sistema de protección de Derechos Humanos en México a pesar del sesgo, valga la reiteración, de las oposiciones medrosas.