En materia electoral, la planificación suele ser el elemento clave que determina el éxito o el fracaso de los procesos electorales. Es aún más importante si las autoridades electorales federales y locales deben enfrentar la elección más compleja de la democracia mexicana. Por eso, desde la Comisión Provisional de Innovación Tecnológica del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), presentamos un análisis preliminar sobre lo que implicaría adaptar nuestro Sistema Electrónico por Internet (SEI) para el proceso electoral de 2027, particularmente en la elección del Poder Judicial.
El análisis no es una propuesta de reforma ni un acuerdo para implementar el voto por internet en 2027, sino un estudio técnico que detalla los insumos, procesos, plazos, modificaciones técnicas, presupuesto y reformas normativas que se necesitarían para utilizar el voto por internet del IECM como una herramienta más para recibir los votos de la ciudadanía en la próxima elección judicial.
El SEI es una herramienta que el Instituto ha utilizado exitosamente para los procesos de participación ciudadana. Ha funcionado como una herramienta de accesibilidad para que la ciudadanía tenga más opciones de participar en los procesos de Presupuesto Participativo y elección de Comisión de Participación Comunitaria (Copacos). Sin embargo, una elección constitucional no exige lo mismo que un ejercicio consultivo. Su complejidad, volumen de participación, interés político y vigilancia son mucho más exigentes.
La elección judicial de 2025 dejó como lección que cuando aumentan los cargos, se complejizan las boletas y se intensifican los cómputos, la operación electoral entra en otra dimensión. Adaptar una herramienta digital a ese entorno no es un ajuste menor. Implica rediseñar prácticamente todo: la arquitectura del sistema, la experiencia de la persona usuaria, la integración con otros sistemas institucionales, mecanismos para evitar doble votación, hasta los protocolos de atención a incidentes.
La discusión no puede quedarse en el entusiasmo tecnológico. El primero es político. Ningún sistema de votación electrónica acumula confianza por sus especificaciones técnicas. La confianza se construye abriendo el proceso al escrutinio: auditorías independientes, simulacros con participación de los partidos y transparencia activa sobre el funcionamiento del mecanismo. Sin eso, la herramienta puede ser técnicamente sólida y políticamente inviable.
El segundo riesgo es operativo. Aprobar una herramienta no equivale a tenerla lista. Se requiere presupuesto etiquetado, una autoridad con capacidad real de decisión y una planeación que integre la tecnología en todo el proceso electoral.
El riesgo técnico siempre está presente en cualquier proceso de innovación. Estamos hablando de escenarios de alta exigencia, con proyecciones de entre 200 mil y 600 mil personas usuarias y picos de hasta 50 mil transacciones en una hora. Eso implica contar con una infraestructura capaz de responder cuando miles de personas intenten usar el sistema al mismo tiempo, sin caídas ni interrupciones.
Dentro de las precauciones técnicas es obligatorio priorizar la protección de los datos personales de la ciudadanía. Si una autoridad electoral decide abrir la puerta al voto por internet, tiene que garantizar que los datos personales estén protegidos, que el sistema no pueda ser vulnerado, que la voluntad ciudadana se registre y cuente íntegramente y que no pueda asociarse el voto con el votante. Sin estas garantías, no puede avanzar ningún proyecto de voto electrónico.
El valor de este análisis no está en anunciar una innovación. Si una reforma legal habilita el uso de herramientas digitales en elecciones constitucionales, las autoridades electorales debemos estar preparadas con escenarios, costos, tiempos y rutas de acción identificadas. En elecciones, improvisar no es un error menor, es un riesgo que se traslada directamente a la legitimidad del proceso.
Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México
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