La más reciente edición de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), elaborada por el INEGI, aporta un conjunto robusto de indicadores sobre la población de 50 años y más; y ofrece, sobre todo, un panorama complejo respecto de las tensiones estructurales que atraviesan el proceso de envejecimiento en el país. Lo que emerge de la interpretación de los datos, es una reconfiguración compleja de las desigualdades, los riesgos sanitarios y las capacidades institucionales del Estado mexicano.
México se encuentra en una fase avanzada de transición demográfica: en 2024, la población de 50 años y más llegó a 32 millones de personas, con una ligera mayoría de mujeres (52.8%). Este dato, en sí mismo, anuncia una reestructuración profunda de la pirámide poblacional. Sin embargo, el verdadero desafío no radica en el envejecimiento per se, sino en las condiciones bajo las cuales éste ocurre. El envejecimiento mexicano es, en términos sociológicos, un proceso desigualmente distribuido: territorial, económico y simbólicamente.
Uno de los elementos más reveladores es la persistencia de brechas estructurales en educación y participación económica: el porcentaje de mujeres sin escolaridad (11.5%) sigue siendo considerablemente mayor que el de los hombres (8.0%), lo que se traduce en trayectorias laborales más precarias y, en consecuencia, en menores posibilidades de acceso a sistemas formales de pensión. Este hecho no es menor: el envejecimiento femenino en México se encuentra atravesado por una doble vulnerabilidad -de género y de clase- que podría anticipar un incremento en la feminización de la pobreza en edades avanzadas, considerando además el tiempo de sobrevida que tienen las mujeres respecto de los hombres.
A ello se suma la fragmentación del sistema de salud. Aunque el acceso potencial a servicios médicos alcanza niveles cercanos al 90% si se considera el “reconocimiento de acceso”, el acceso efectivo declarado se reduce a 70.5%. Esta brecha revela la distancia entre la arquitectura institucional del sistema y su capacidad real de garantizar atención oportuna y de calidad. En un contexto en el que la carga epidemiológica se desplaza hacia enfermedades crónicas no transmisibles, esta limitación adquiere un carácter crítico.
La ENASEM confirma además que el perfil epidemiológico de la población envejecida está dominado por padecimientos como la hipertensión (41.5%) y la diabetes (25.5%), ambos en aumento sostenido desde 2012. La expansión de estas enfermedades no puede entenderse sin considerar sus determinantes sociales: dietas precarias, condiciones laborales adversas, estrés crónico y acceso desigual a servicios preventivos.
En este marco, los datos sobre salud mental resultan particularmente alarmantes. La proporción de personas con cinco o más síntomas depresivos aumenta con la edad, alcanzando niveles de hasta 42.3% en mujeres de 80 años y más. En este contexto, los patrones de consumo de alcohol y tabaco adquieren una relevancia analítica particular. Mientras que el consumo de tabaco muestra una contención, la Encuesta muestra una tendencia preocupante de incremento en el consumo de alcohol. En los hombres, el porcentaje pasó de 39.4% en 2012 a 46.0% en 2024, mientras que en las mujeres aumentó de 13.9% a 15.3%. Este crecimiento no puede ser reducido a una cuestión de hábitos individuales; de hecho puede ser entendido como un indicador de malestar social. El alcohol, en este contexto, opera como un mecanismo de afrontamiento frente a condiciones de vida adversas: inseguridad económica, aislamiento, deterioro de la salud y ausencia de políticas de cuidado.
La relación entre consumo de sustancias, salud mental y desigualdad es, por tanto, estructural. Las poblaciones envejecidas en contextos de pobreza y marginación enfrentan una acumulación de riesgos que se potencian mutuamente: enfermedades crónicas, depresión, consumo de alcohol y limitaciones funcionales. La ENASEM muestra que 38.5% de las personas de 50 años y más ha sufrido al menos una caída en los últimos dos años, y que las limitaciones en actividades de la vida diaria son significativamente mayores en mujeres. Estos datos apuntan hacia una creciente demanda de cuidados de largo plazo, un ámbito en el que el Estado mexicano carece de una política integral.
El problema es sin duda alguna de carácter sistémico. El envejecimiento poblacional ocurre en un país cuyo sistema de pensiones es fragmentado, insuficiente y profundamente desigual; de hecho, es precisamente la vulnerabilidad por carencia de seguridad social la que se ha mantenido más elevada en las mediciones de pobreza; adicionalmente, el sistema de salud no ha logrado transitar hacia un modelo de cobertura universal efectiva. La presión fiscal derivada de esta combinación es inevitable: mayor gasto en salud, mayores transferencias sociales y una base contributiva limitada.
Sin embargo, reducir el debate a una cuestión de sostenibilidad financiera sería un error analítico. Lo que está en juego es la forma en que la sociedad mexicana valora y organiza la vida en sus etapas finales. La ENASEM revela, paradójicamente, altos niveles de satisfacción con la vida —más del 80% de las personas mayores reporta sentirse satisfecha—, lo que sugiere la persistencia de formas de resiliencia subjetiva que no deben ser ignoradas. Pero esta satisfacción no puede ocultar las condiciones estructurales que la hacen frágil.
Envejecer en México, hoy, implica habitar una tensión permanente entre la prolongación de la vida y la precarización de sus condiciones materiales. La sociología de la población no puede limitarse a describir esta paradoja; debe interrogar sus causas y, sobre todo, sus implicaciones éticas y políticas. La cuestión entonces no es sólo el acelerado envejecimiento; pues en ello se juega el horizonte mismo de la cohesión social y de la justicia intergeneracional.
Investigador del PUED-UNAM