No rehuyamos la lucha cuando se trata de preservar el derecho o la dignidad del hombre; sólo así podremos congratularnos de pertenecer a la humanidad.
Albert Einstein

El pasado lunes 7 de noviembre, se cumplieron 24 años de la publicación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFDO), expedida con el objeto de estatuir los criterios para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos cometidos por personas que formen parte de organizaciones criminales.

La delincuencia organizada es entendida como aquella constitución o asociación de hecho -de tres o más personas- quienes se reúnen para cometer, en forma permanente o reiterada, delitos. Cuando la norma se refiere a una asociación de hecho, lo que pretende definir es que, al tratarse de una agrupación con fines ilícitos, lógicamente nadie esperaría que tuviesen un acta constitutiva o estatutos y, por esa razón, la determinación de los roles y funciones que cada integrante juega es factual o, por decirlo de otro modo, informal. Nótese que, de acuerdo con la doctrina, este tipo penal es uno de los denominados autónomos, pues para su comisión no depende de la realización coyuntural de ninguno otro, sin embargo, la LFDO contiene diversas hipótesis normativas vinculadas a la delincuencia organizada, es decir, supuestos delictivos que constituyen el o los fines de la delincuencia organizada. En ese listado tenemos delitos como terrorismo, contra la salud (narcotráfico), operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), tráfico de armas, trata de personas, delitos sexuales cometidos contra personas menores de dieciocho años de edad, contrabando, entre otros.

Como podrá observarse, estos delitos no son cosa menor, es decir, se trata de delitos de particular importancia, considerando la naturaleza fundamental de los bienes jurídicos que con ellos se lesionan. Así, en la norma penal, tanto en la sustantiva como en la adjetiva, se generó una marcada diferencia entre la delincuencia común, esa que ocurre cotidianamente a manos de individuos que, aun dedicándose a delinquir, haciendo del delito su modus vivendi, no representan el principal riesgo para la sociedad ni para la estabilidad del Estado. Por otra parte, tenemos a la delincuencia organizada, esas agrupaciones delictivas con una estructura organizacional bien definida, con poder económico y capacidad de fuego, con innumerables elementos humanos que hacen de aquellas un rival más que serio para el Estado, no solo por los crímenes de alto impacto que a diario cometen, sino porque comprometen –o quizás evidencian- la verdadera capacidad de prevención y reacción que las autoridades tienen para afrontarles.

Esta modalidad del fenómeno delictivo -crimen organizado- no es un fenómeno aislado, local, regional o continental, sino que infortunadamente está presente a nivel mundial. Este año Global Initiative Against Transnational Organized Crime -organización de la sociedad civil enfocada a brindar elementos para la construcción de una estrategia global contra la delincuencia organizada- publicó un cuaderno de trabajo sobre este flagelo, el Índice global de crimen organizado 2021.

Se trata de un instrumento de evaluación de los niveles de criminalidad y de resiliencia (capacidad de un país de resistir y combatir el crimen organizado) de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas ante la actividad criminal a nivel internacional. El estudio se concentró en 10 mercados criminales (trata de personas, tráfico de armas y de personas, delitos contra la flora, fauna y los recursos no renovables, el comercio de heroína, el comercio de cocaína, el comercio de cannabis y el comercio de drogas sintéticas. De todos ellos, según muestran los resultados, es la trata de personas el mercado con mayor incidencia entre las naciones y en el que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, es decir, un sector de la población en condición de vulnerabilidad, por cuestiones sexo-genéricas y etarias.

En el Índice se establece una escala del 1 al 10, en el que 1 representa los niveles bajos de criminalidad y el 10 los niveles más altos. La República Democrática del Congo, fue el país con mayor nivel de criminalidad con un puntaje de 7.75, seguido de Colombia (7.66), Myanmar (7.59), y México en un nada grato cuarto lugar mundial con un puntaje de 7.56.

Aunque es cierto que el crimen organizado no existe por una decisión del Estado, también lo es que una de sus responsabilidades primarias es evitar –en lo posible- que aquél permanezca y más aún que se fortalezca y extienda. A la luz de los resultados anotados, bien, lo que se dice bien, parece que no estamos.