En un contexto en el que medios de comunicación y comunicadores sufren los estragos de una violencia nunca antes vista, con periodistas asesinados en los últimos meses así como la precarización del oficio de informar, parece increíble que en unos días los que se auto nombran aliados de la 4T y el partido Morena busquen imponer, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una serie de extraños Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias, cuyo único objetivo será dotarlos de las herramientas para controlar -desde el Estado- a concesionarios de medios de comunicación y espacios noticiosos, a través de reglas casi imposibles de cumplir.

El que se pretenda obligar a los espacios noticiosos de la radio y la televisión a diferenciar “opinión” de “información” con distintivos visuales o auditivos es totalmente contra natura de la esencia misma de los medios electrónicos, además de una saturación visual a la propia audiencia, que lo desenfocarías del objetivo real: informar. Resulta, incluso, una falta de respeto para las audiencias y, si lo analizamos un poco más, podríamos decir que se trata de un sesgo impuesto por un tercero. ¿Merecen las audiencias este trato?

Además, como diría Manuel Castells, en medio de la época de la auto comunicación de masas, a los intereses políticos se les ocurre que pueden controlar los mensajes. Peor resulta, que desde la figura de “defensores de la audiencia”, que pretenden sea impuesta por el mismo gobierno, se busque censurar a quien le incomode usando argumentos falaces de supuesta protección a las audiencias, como si éstas fueran ignorantes o incapaces de diferenciar entre lo que informa y opinión un comunicador crítico de la 4T es algo abominable.

De ese tamaño el sinsentido que se pretende imponer y, claro, el nivel de incertidumbre que hoy por hoy deben estar experimentado los concesionarios de la radio y la TV porque, si esto prospera, los trabajadores de los segmentos de noticias sufrirán un gran deterioro en su actividad además de la violación a su libertad de expresión. El gobierno federal ha defendido desde su retórica y narrativas en cada mañanera que la libertad de expresión se encuentra garantizada, que atrás quedaron esos tiempos en que una ley de imprenta obsoleta se invocaba para amedrentar y censurar.

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¿Saben? Las audiencias no necesitan etiquetas que emanen desde un ejercicio mal entendido del poder, lo que necesitan las audiencias son periodistas con mayores niveles de educación, capacitados y con ingresos suficientes para realizar su trabajo. Y eso se obtiene con empresas sanas que atiendan las necesidades de comunicación del sector privado. Por ello, estas normas, con dedicatoria, son fácilmente impugnables porque se viola el derecho a la información. ¿Quién puede abrogarse el derecho a decidir qué se dice y cómo se dice? Los concesionarios de radio y televisión necesitan certeza para garantizar fuentes de empleo a los periodistas, técnicos, operadores y trabajadores en general que dependen de este sector. ¿Vale la pena poner en riesgo a un sector que históricamente ha sido defensivo para el periodismo? Me parece que no.

Imagine a usted si al más añejo estilo de los censores se decide suspender una transmisión, entonces entraríamos en una espiral de demandas e impugnaciones para demostrar que aquel que censuró simplemente se excedió con una norma que nació de los excesos. Cada voto en la SCJN tendría que recordar que los mexicanos necesitamos pensamiento crítico para fortalecer a la democracia, que condenarnos a una cueva como la de Platón, nos dejaría en las sombras.

¿Por qué no hay más inversión en el mercado de valores?

Desde que inició operaciones la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) que dirige María Ariza se confirmó que el mercado de capitales de México necesita competencia. Desde hace cuatro años, las compañías públicas, las emisoras de títulos de deuda y capital, cuentan con con dos opciones para decidir cómo llegar a los inversionistas.

Desde entonces, el mercado de valores ha necesitado cambios regulatorios para desarrollarse en competencia y abandonar el modelo de un monopolio. No ha sido fácil pero el camino ya está en marcha. Ahora, una nueva regulación para mejorar la ejecución de órdenes busca dejar el piso parejo y listo para la competencia en el cruce de acciones y bonos evitando los sesgos de implementación en las transacciones para intercambio de valores en el mercado de renta variable y renta fija.

Ha sido la participación de BIVA, amparada por la competencia, la que ha logrado imprimir una mayor dinámica a este sector, superando incluso, a las reformas para el mercado de valores de la década de los 90s. Pero no es necesario. Hace falta un golpe de timón para acelerar la competencia.

No son pocos los estudios que han documentado que la razón de este fenómeno de concentración excesiva en el mercado mexicano de valores, desde sus recintos bursátiles, sus casas de bolsa y los inversionistas, es el cruce y conflicto de intereses entre los grupos oligopólicos.

¿Oligopolios bursátiles?

Ya la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) estableció que los principales bancos del sistema crediticio nacional se coludieron para adquirir bonos de deuda del gobierno federal. Así que es necesario revisar ya qué pasa en el mercado de capitales

Ahora, la SHCP también debe observar que se está ejerciendo un control, un monopolio, desde los intermediarios que gestionan los ahorros internos del país. Me refiero, por su puesto, a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que, si bien es cierto, cuidan la seguridad y rendimiento de las inversiones de los trabajadores que acumulan fondos para sus pensiones, estarían ejerciendo una posición dominante frente a la posibilidad de inversión de compañías mexicanas que se les ofrecen. ¿Quién podría reprocharles que desde su comité de inversiones selecciones las mejores opciones? Nadie, por supuesto. La AMAFORE que preside Bernardo González, un financiero con muchas tablas y conocimiento de la regulación, ha explicado hasta el cansancio que las Afores invierten buscando el interés de los trabajadores. Sin embargo, qué pasa con las empresas mexicanas que necesitan financiamiento. ¿No existen opciones que ofrezcan buenos rendimientos? Parece que sí pero el problema estaría en las valuaciones bajo las cuales se toman los instrumentos. ¿Se estaría castigando a los emisores desde la tribuna de los poderosos inversionistas? Sabemos que en la SHCP ya conocen un poco de este tema. Seguiremos informando.