Destazar a la democracia
Gobierno del pueblo. Que la gente decida quiénes nos gobiernan. Que el voto cuente y sea contado. Así de elemental. Así de indispensable. Para comprender qué se dirime hoy en México hay que volver a lo básico. Democracia es la garantía para que todos podamos designar a gobernantes y representantes. Para eso son las elecciones.
La democracia es posible gracias a las reglas que permiten que la competencia electoral sea equitativa y libre. Para eso tenemos al INE, una institución que ha contado con estructura profesional, autonomía, recursos y, gracias a su desempeño, con la confianza de los ciudadanos.
Eso es lo que perdemos con la contrarreforma electoral.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE encabezó la Sesión Extraordinaria del Instituto Nacional Electoral/CUARTOSCURO/
Vigente desde el 3 de marzo, la nueva legislación electoral arrasa con las capacidades fundamentales del INE. La estructura en cada uno de los 300 distritos electorales, desaparecerá. La improvisación y el desconocimiento, reemplazarán al esmerado y especializado trabajo de organización sustentado en el servicio profesional del INE. El Instituto electoral perderá la capacidad que hasta ahora tenía para fiscalizar campañas, monitorear la propaganda en radio y televisión, registrar a los electores y elaborar las credenciales, entre otras tareas.
La clave del funcionamiento eficaz del INE se encuentra en su autonomía respecto del gobierno y del resto de las instituciones del Estado. Gracias a esa autonomía, no tiene que congraciarse con ningún partido o gobernante. Sus decisiones sancionan faltas del PRI o del PAN, de Morena o el PVEM, o de cualquier fuerza política que infrinja las reglas. Tal autonomía queda baldada con la contrarreforma electoral. El gobierno podrá intervenir en la elaboración del padrón y la expedición de credenciales, supervisará la lista de votantes en el extranjero, los partidos tendrán acceso a datos personales de los ciudadanos, la capacidad técnica del Instituto queda seriamente lesionada.
Hay docenas de implicaciones más en esa contrarreforma. El término que empleamos no es caprichoso: se trata de un intencional diseño para destruir a la institución electoral. Los avances de cuatro décadas en la creación y el perfeccionamiento de normas para la competencia electoral con equidad y libertad, fueron abolidos por Morena y los partidos que le hacen comparsa.
La saña contra el INE comienza con la remoción del funcionario que ha sido responsable del trabajo profesional y técnico del Instituto. Edmundo Jacobo Molina ha tenido probidad, pericia y paciencia ejemplares. El artículo transitorio que lo destituye es de una alevosía inédita en el régimen jurídico mexicano: una disposición creada para despedir a una persona específica. La Secretaría Ejecutiva del INE sigue existiendo, pero a Jacobo se le remueve de ella. Se trata de una venganza política: Edmundo Jacobo representa la rectitud jurídica e institucional que tanto aborrecen quienes quieren doblegar al INE autónomo que hemos tenido hasta ahora.
Esa destitución es otra de las muchas disposiciones de la contrarreforma que son contrarias a la Constitución. López Obrador quiso desbaratar al INE con una reforma constitucional que no prosperó, gracias a los senadores de las oposiciones. El llamado Plan B, apareció en reemplazo de aquella reforma fallida pero mantuvo varias de sus pretensiones para inhabilitar la independencia y el funcionamiento del Instituto electoral.
La facultad del INE para decidir acerca de su funcionamiento, el cumplimiento de sus tareas sin injerencias del gobierno ni de cualquier otro poder y la designación de sus funcionarios son, entre otras, atribuciones garantizadas por la Constitución. Los recursos de inconstitucionalidad que ya se están presentando ante la Suprema Corte de Justicia, o las demandas ante el Tribunal Electoral, tienen amplio sustento jurídico.
En un oportuno y enterado libro de 377 páginas que acaba de publicar el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes y María Marván Laborde reúnen 25 textos de una treintena de especialistas (Radiografía del Plan B: La reforma electoral de 2023 a examen). Los coordinadores del libro enumeran trece causas de inconstitucionalidad en esa reforma, pero hay muchas más.
A las impugnaciones ante la Corte, no les faltarán argumentos para demostrar que la contrarreforma violenta la Constitución. Ni siquiera el procedimiento para aprobar esas modificaciones, que trastocan la Ley de Instituciones Electorales y otras más, respetó las reglas legislativas. El llamado Plan B, hoy convertido en leyes, transgrede la forma pero sobre todo violenta el fondo de la estructura institucional del Estado mexicano.
La democracia contemporánea se sustenta en un entramado de pesos y contrapesos. Gracias al voto llegan al gobierno representantes de variados partidos políticos, según la decisión de los ciudadanos. Cada gobierno es acotado por otras instituciones, que atemperan sus posibles excesos. La autoridad electoral forma parte de las instituciones que equilibran a los poderes del Estado.
Destazar al INE es destazar a nuestra democracia y deja a los ciudadanos sin garantías institucionales para tener elecciones confiables. Al mismo tiempo, es un triunfo del autoritarismo que quiere aniquilar o paralizar a todas las fuentes de contrapeso que puedan dificultar los abusos del presidente y su partido.
La autocracia es el acaparamiento del poder en manos de una persona. El autócrata abomina a los contrapesos, desconoce los equilibrios, se niega al diálogo y vilipendia a quienes no se le allanan. Nuestro aspirante a autócrata, encolerizado por las resistencias a sus desplantes, comete desfiguros todos los días. Las mentiras y ofensas que se esparcen desde Palacio Nacional son tan vulgares e infundadas que se han trivializado. Pero son dicterios desde un poder descontrolado y, además de graves, indican la enorme irresponsabilidad del presidente López Obrador en su trato con otros actores de la vida pública.
Ahora el presidente desbarra contra los integrantes de la Suprema Corte —y especialmente contra la ministra presidenta— porque la contrarreforma electoral, y en buena medida el destino de nuestra democracia, está en manos de esos jueces. A los ministros no les faltan razones legales, ni respaldo social, para declarar la inconstitucionalidad del llamado Plan B. Es de esperarse que los denuestos del presidente y sus propagandistas, lejos de amedrentarlos, refuercen la responsabilidad que los ministros tienen con nuestra democracia y la Constitución.
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