La regresión educativa del sector educativo se puede ver con claridad en el insuficiente dinero que se asigna a la actividad educativa. La deficiencia de recursos, es en educación una tendencia histórica: la expansión demográfica escolar nunca fue seguida de aumentos proporcionales en los recursos financieros destinados a educación.

Resultado: hay muchas escuelas pobres que ofrecen una educación pobre (de baja calidad). Hace pocos días --el 21 de enero-- tuvo lugar el seminario El presupuesto educativo: una visión crítica organizado por el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara, instituto que me honro en dirigir. (el seminario se puede consultar en https://www.facebook.com/iie.udg/videos/219517816967088).

El objeto de debate fue el presupuesto federal. En este evento participaron cuatro distinguidos académicos: David Calderón, director de Mexicanos Primero; Marco Antonio Fernández, investigador del ITESM y de México Evalúa; Carlos Mancera, director de la consultora Valora, A. C.; y Paulo Alberto Carrillo, Secretario de la Secretaría General de la U. de G. Del desarrollo de la reunión se infieren algunas conclusiones:

1) Declina la proporción del PIB que se destina educación: se pasó del 6.4 % del sexenio anterior, al 6.0 en el sexenio actual

2) Se amplía la distancia entre las disposiciones de la ley y plan nacional de desarrollo respecto a la inversión pública en educación. La LGE, por ejemplo, dispone que se invierta un mínimo de 8% del PIB.

3) No hay suficiente presupuesto para las innovaciones del sexenio: el dinero de educación inicial es irrisorio y el de la educación superior conoció un escaso crecimiento (2.9%).

4) Se apuesta a las becas. Las becas han aumentado a costa del dinero que se dedica a aspectos estrictamente educativos como la formación docente que pasó de tener 1152 millones de pesos en 2018 a solo 91 millones en 2022. Se piensa que las becas, por sí solas, van a mejorar la educación, lo cual es una falacia.

5) Hay mucha opacidad en el manejo de los recursos. Hay poca o nula rendición de cuentas sobre todo en los programas insignia de la 4 T como las becas y el programa de universidades Benito Juárez.

6) La asignación presupuestal no sigue criterios de equidad: a) se ha castigado financieramente a la educación comunitaria, la educación indígena, la educación para niños migrantes, la educación para personas discapacitadas y b) territorialmente, se ha castigado a los estados del sur de la república. En cambio, se hacen disparates: la beca universal para bachillerato que beneficia en un alto porcentaje (50% aprox.) a familias con altos ingresos y, por otro lado, esa beca ha sido inútil para contener la deserción (aumentó 3%).

7) Las autoridades no han gastado un solo peso para combatir los efectos de la pandemia sobre la educación (en cambio, lo han hecho con inversiones considerables Chile, Argentina. Francia, Alemania, etc.), luego, no se hecho frente a la pérdida de aprendizajes, la deserción, los problemas emocionales de niños y adolescentes, la falta de equipos de cómputo en escuelas y hogares y las transiciones al mercado laboral

8) Se ha castigado duramente a las escuelas normales que pasaron de tener más de 800 mil pesos en 2018 a 171 mil pesos en 2021.

9) Se han suprimido no menos de 10 programas cruciales (entre ellos Escuelas de Tiempo Completo y el Programa de Inclusión Digital) y los nuevos programas carecen de reglas de operación adecuadas y no se evalúan.

10) La educación necesita muchos más recursos financieros de los que recibe y, para cumplir sus fines sociales, el presupuesto debe definirse y distribuirse conforme a criterios de equidad, focalización, evaluación y rendimiento de cuentas. De otra manera, fatalmente, habrá más corrupción.