México es uno de los países con mayor desigualdad económica y social, encontrándose entre aquellos que cuentan con una brecha de ingresos considerable. Así lo señala el Reporte Mundial de Desigualdad 2022, elaborado por el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales, en el que participan reconocidos investigadores de la Escuela de Economía de París, y cuenta con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, enfocando sus esfuerzos a los desequilibrios de ingreso y de riqueza en el mundo.

Publicado esta semana, el reporte revela que el 78.7% de la riqueza del país se encuentra en manos del 10% de las personas más ricas, quienes tienen ingresos mayores de hasta 30 veces más de lo que recibe el 50% de la población más pobre, es decir, mientras que ésta tiene un ingreso promedio anual de 42 mil 700 pesos, en aquellas es de 1 millón 335 mil 30 pesos. Además, se reconoce que este “gran desequilibrio entre los que más tienen y los que menos”, se disparó por los efectos del Covid-19, detallando también que en la población más pobre la riqueza neta es negativa, lo que significa que tiene, en promedio, más deudas que patrimonio.

A diferencia de las economías europeas, asiáticas y norteamericanas (África y América Latina son las regiones donde se observa el mayor desequilibrio), en México la desigualdad no se ha visto reducida significativamente, siendo un fenómeno multifactorial que, en nuestro país, a través de planes sexenales de gobierno y de diversas generaciones de programas sociales, no han propiciado cambios en la situación de precariedad, inseguridad y fragilidad en que viven millones de habitantes. Así, la desigualdad resulta ser un lastre que ha perdurado por más 120 años.

Frente a estos resultados, nuestro país debe de adoptar esquemas que tomen en cuenta los múltiples factores directos y concomitantes de la desigualdad, por lo que requiere articular diversos instrumentos de política relacionados con el ámbito económico, político, social y cultural, sin limitarse a los programas diseñados por los grupos gobernantes en turno.

La problemática demanda suma de voluntades y diálogo con diversos sectores y actores sociales, a fin de que se formulen interpretaciones y enfoques distintos sobre sus causas y posibles soluciones, poniendo fin a la dinámica en la que los grupos económicos de poder, con acciones maniqueas, distorsionan las políticas públicas y perpetúan los patrones de desigualdad.

Se requiere de manera urgente y decidida, el diseño y ejecución de una política social basada en el respeto irrestricto a los derechos, fundada en el imperio de la ley y orientada al logro una sociedad más equitativa, donde sean efectivos el acceso a la alimentación, a la seguridad social, a la salud, a la vivienda, a los servicios básicos, y en especial al empleo y a la educación para obtener un mejor ingreso digno y honesto.

En este contexto resulta prioritario, además, fortalecer la educación en general y la financiera en particular, con un alto sentido humano que se imparta en todos los niveles y a cada mexicano, sobre todo para las nuevas generaciones que, como capital humano en transformación, tienen el destino en sus manos, ya que como lo ha expresado uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates: “un buen sistema educativo permite tener ciudadanos informados, con vidas plenas. La educación representa más que el dinero. Así que México puede tener un futuro muy brillante sin el petróleo, porque su principal recurso es su gente”.