Opinión

Frutos del árbol envenenado

No se puede escapar de la responsabilidad
del mañana evadiéndola hoy
ABRAHAM LINCOLN

En la doctrina penal existe una recurrente referencia a la teoría de los frutos del árbol envenenado, que se actualiza cuando, pervertida o corrupta la fuente de una prueba, entonces cualquier dato o información que se obtenga a partir de ella, también lo estará, incluso si se tratara de una prueba poderosa (para acusar o defender). La lógica detrás de la metáfora jurídica es elemental: las pruebas no deben obtenerse ilícitamente ni violando derechos humanos porque el fin no justifica los medios

Lo anterior viene al cuento luego de que ayer, con unanimidad reveladora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió sendos amparos en los casos de las señoras Morán y Cuevas, por un supuesto homicidio doloso que, finalmente, nunca estuvo siquiera próximo a estar acreditado. No es que la Corte se haya pronunciado respecto de pruebas obtenidas ilegalmente y que ello hubiese sido fundamento para su determinación porque, de forma incluso más alarmante, lo que algunos ministros y ministras advirtieron fue precisamente la carencia absoluta de pruebas incriminatorias. La razón por la cual cito aquella alegoría es porque me parece que algo similar ocurre cuando un individuo que ocupa una posición pública de poder, se vale de ella para satisfacer vendettas, caprichos o creencias personales. Malo de origen porque sean vendettas, caprichos o creencias y malo porque éstas sean con intereses individuales o de grupo. Con esta brújula descompuesta, cualquier cometido seguirá la suerte del árbol envenenado, todas las actuaciones tendrán, en el mejor de los casos, un fuerte tufo a corrupción.

La grandilocuencia no es recomendable, pero en ciertos casos necesaria cuando, como en este, las posiciones de poder público alcanzan para atropellar derechos humanos y pasar por encima de cualquier norma sin el menor recato. Si lo que acabamos de ver no amerita exageraciones, tampoco debería aceptar conmiseraciones. En el entramado legal que desde la presentación de la denuncia por tentativa de homicidio y omisión de cuidados, el 28 de agosto de 2015 hasta el 28 de marzo de 2022, en que la Corté exhibió el desaseado trabajo de procuración y administración de justicia, transcurrieron aproximadamente 2400 días de viacrucis para las acusadas, en un camino empedrado por agentes del ministerio público, jueces y magistrados, locales y del poder judicial federal, todos ellos peritos en Derecho, al menos con cédula profesional de licenciatura en derecho, probablemente con experiencia práctica de muchos años, especialistas en temas penales y aun así incapaces de ver lo evidente. Con esos antecedentes cabe preguntar ¿actuaron indebidamente por incapacidad o incompetencia? o ¿si lo hicieron conscientemente, en contubernio con otras autoridades para torcer la ley y someterla a sus designios? Por las razones que se quieran, seguramente será muy difícil probar lo segundo, pero por fortuna, con la determinación de la Corte, lo primero ya está probado y no porque lo digamos usted o yo, sino porque quien así lo concluyó fue el más importante órgano de impartición de justicia en nuestro país.

Nadie pide la renuncia o remoción del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ni la del ministro presidente de la SCJN -y qué bueno- por las actuaciones respectivas de las personas juzgadoras que intervinieron en diferentes momentos hasta consumar los agravios contra Morán y Cuevas. Creo que es absurdo pretender renuncias o remociones de titulares de órganos como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por diferentes razones pero, la principal, porque quien encabeza una institución no puede ser simultáneamente responsable de todo, para eso existen estructuras organizacionales, con tramos de control, cadenas de mando, manuales de organización, de procedimientos, protocolos y un innumerable etcétera, que les hace responsables directamente de sus acciones u omisiones, dolosas o negligentes y, en esas condiciones deben, asumir las consecuencias que deriven del incumplimiento de sus obligaciones y, como mínimo, ser sometidos a procesos para determinar su probable responsabilidad administrativa, quizás la penal y, en lo inmediato, afrontar consecuencias laborales y ser separados de los encargos para los que, está visto, no tiene la suficiente capacidad de atención. Lo contrario será darle la espalda a la justicia.

En el particular caso del titular de la FGR, la cosa es distinta. Su porvenir y con él, el de FGR entera, es incierto debido al manifiesto envenenamiento de los frutos que da el frondoso árbol que posee, no por la naturaleza misma del árbol, sino por quien lo riega.

Foto: Especial

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