Opinión

Golpe de la Corte a la 4T

Después de que el gobierno del Presidente López Obrador impulsó a principios del 2021 una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Manuel Bartlett en relación a las empresas privadas y la generación de energía eléctrica. Finalmente una mayoría de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votaron en contra de esa iniciativa por considerarla inconstitucional.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Cuartoscuro

Como sabemos, en cuanto se conoció la iniciativa del gobierno, se presentaron cientos de amparos por parte del sector privado ya que se confirmó que los siete artículos principales de la pretendida reforma suponen una violación a las reglas que sobre generación y mercado eléctrico mayorista consagra la Constitución desde el año de 2013.

El fallo es inapelable aún cuando el presidente en su mañanera del pasado jueves afirmó que su gobierno presentaría el 5 de febrero, una nueva iniciativa constitucional para reformar al sector eléctrico, acusando a la corte de ser servidora de los intereses más oscuros en favor del sector privado. Lo cierto es que López Obrador quiere regresar al sistema eléctrico que existía al finalizar los años cincuenta, va en una tendencia contraria a lo que sucede en el resto del mundo.

Su meta es que la CFE se fortalezca como monopolio estatal y que las empresas privadas sólo manejen un menor porcentaje en la generación de la energía eléctrica, relegando además a un segundo plano la creación de industrias generadoras de energías limpias. CFE genera una alta contaminación por el incremento del uso del carbón y combustóleo, es una empresa ineficiente ya que en sus últimos resultados financieros, arroja pérdidas.

Lee también

Aún cuando la opacidad de la CFE en cuanto a sus informes de resultados, no permiten conocer plenamente su real situación financiera, se sabe que uno de sus problemas principales es la deuda de corto plazo que ha crecido a su nivel más alto, al alcanzar los 95,100 millones de pesos al cierre del año pasado, lo que equivale a un incremento de 155% en comparación con datos reportados al final del 2021, cuando el adeudo apenas superaba los 37 mil millones de pesos.

Lo anterior explica el porqué, en los últimos tres años no ha logrado utilidades y a pesar de tener todo el apoyo del estado su situación deficitaria acusa un problema grave en la gestión de la compañía estatal.

El hecho de haber relegado a las empresas privadas que representaban una importante contribución para satisfacer las necesidades de energía eléctrica en el país, ha ocasionado una fragilidad mayor de la CFE porque los costos para empresas privadas son menores por eficiencias en el uso de energías limpias que la CFE utiliza en una proporción muy pequeña, aun cuando ya empieza a impulsar este tipo de energías con la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco.

A todas luces, lo que salta a la vista es que el ánimo del gobierno de la 4T va en contra de los sectores privados, cuando sabemos que benefician al país y a la propia comisión ofreciendo energía eléctrica a un menor costo.

El golpe dado por la Corte a la famosa Ley Bartlett, nos da una clara idea de que en el país la economía mixta es uno de los factores que más contribuyen a un desarrollo equilibrado, lo que explica la respuesta de la Corte favoreciendo a los sectores privados para que contribuyan a una generación eléctrica suficiente y eficiente, en una coyuntura para México inmejorable por el fenómeno del Nearshoring, que de consolidarse se convertirá en una gran palanca para lograr, en forma notable la expansión del comercio exterior del país.

La decisión de la Corte beneficiará sin duda a la población ya que el incremento en el uso del combustóleo y el carbón por parte de la CFE, así como la actividad de la central de Tula y otras, producen una contaminación preocupante que afecta la salud de la población.

También debemos destacar que con esta decisión se da certeza jurídica para los inversionistas privados, lo que ha sido una de las cuestiones más criticadas por quienes desean realizar importantes inversiones en México para proveer energía limpia, a costos competitivos que incentiven nuevas inversiones privadas a nivel nacional e internacional.

@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com