La independencia y la colegialidad en el Poder Judicial
Las garantías de la imparcialidad en las decisiones de los jueces son su independencia respecto a los poderes político-jurídicos y los fácticos y su funcionamiento en órganos colegiados en los que haya debate libre y diálogo que involucren diversas visiones del derecho, así como la revisión de las posibles interpretaciones de la norma para su aplicación al caso concreto con justicia y equidad.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ambos rasgos esenciales de una impartición de justicia sana, que benefician sin sesgo ideológico a las personas y contribuyen a la paz y armonía sociales, sufrieron retrocesos en los últimos cuatro años bajo la presidencia del ministro Zaldívar quien, en sus afanes personalistas y ambiciones, relegó la participación de sus pares en las toma de decisiones trascedentes y comprometió la autonomía de la Corte con su cercanía con el presidente López Obrador, su silencio culposo ante los ataques del Ejecutivo a ministros, magistrados y jueces y su ambigüedad frente a la propuesta de ampliación de su mandato, que era un prolegómeno en las intentonas reeleccionistas de su amigo, el inquilino del Palacio Nacional con quien realizaba frecuentes “desayunitos”.
El 02 de enero el pleno de ministros elegirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2023-2027 con base en los proyectos que cinco de ellos presentaron para su análisis entre los que destacan los tópicos siguientes: transparencia en la asignación de los asuntos a los ministros que abona a la independencia y en los tiempos de turno, elaboración del proyecto y listado de los asuntos, que identifica al responsable en los tiempos y rezagos en la administración de justicia, que es un elemento que contribuye a que haya mayor imparcialidad en las resoluciones.
Uno de los grandes problemas de nuestro país es la falta de confianza de la ciudadanía en el llamado estado de Derecho que, en términos de la imaginaria social, es aquel en el que los poderosos tanto los políticos como los ricos están sometidos a un orden jurídico justo conocido con anticipación que permite la distribución de los beneficios del esfuerzo común y previene y castiga la actuación arbitraria y caprichosa de los individuos, grupos sociales o mayorías electorales.
La falta de estado de Derecho se expresa en la impunidad que consiste en que una persona pueda comportarse fuera de la ley sin que sufra las consecuencias negativas, por ejemplo, la violación frecuente de las reglas de tránsito sin que hayan multas efectivas, el uso de la vía pública para el comercio informal sin que haya una autoridad que lo evite, la desviación de recursos presupuestales sin fincamiento de responsabilidades, la burla constante de la legislación electoral con actividades anticipadas de campaña sin que se castigue a quien lo comete, la justicia venal y un larguísimo etcétera.
En este contexto, la SCJN y CJF son órganos estatales cuya misión primordial es garantizar que la impartición de justicia, en el ámbito federal, será imparcial, independiente, profesional, objetiva y de excelencia bajo los valores del humanismo, la justicia, la prudencia, la responsabilidad, la fortaleza, el patriotismo, el compromiso social, la lealtad, el orden, el respeto, el decoro, la laboriosidad, la perseverancia, la humildad, la sencillez, la sobriedad y la honestidad. Además, sus integrantes deben proyectar estos valores para que con el ejemplo se mejore sustancialmente la gestión de la justicia en los tribunales y juzgados locales.
De ahí la enorme trascendencia de la elección del presidente de la Corte en la que se puede distinguir dos visiones confrontadas. Aquella cercana al gobierno de la autollamada 4T que considera que el cambio en el poder judicial es una acción personalista contra todos y contra todo bajo el falaz argumento de que nunca ha existido justicia auténtica en México y otra que considera conveniente mantener distancia prudente de la mayoría politica ocasional para garantizar la independencia judicial como pilar de la imparcialidad.
Por un lado, se propone un cambio radical de las formas de la impartición de justicia y, por el otro, la discreción en el papel del juez que resuelve los conflictos que se presentan en la sociedad. Ambas visiones repudian la corrupción judicial, pero se distinguen en que una la concibe como un fenómeno que se combate con una estrategia de llanero solitario con base en una concepción individualista y justiciera y otra como una acción institucional con base en la prevención y detección de riesgos, así como la sanción resultado de procesos en los que se respeten los derechos humanos.
La votación se dividirá entre estas dos visiones. La primera encabezada por el presidente Zaldivar que busca dar continuidad a su estilo personalista y su política de alianza con la 4T y la segunda representada por el bloque de ministros que se ha opuesto a las violaciones de la Constitución por el Poder Ejecutivo y que han defendido la independencia y la colegialidad en el Poder Judicial. Esperemos que se imponga la segunda.
Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores
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