La profesionalización también estorba en materia electoral
El Plan B de la reforma electoral fue aprobado el jueves 15 de diciembre en el Senado en un debate que se prolongó casi 24 horas. La minuta que se regresó a la Cámara de Diputados consiste en un conjunto de modificaciones a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de los Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley de los Medios de Impugnación en materia electoral y sustituye al Plan A del presidente López Obrador en el que se pretendía modificar la Constitución para que los consejeros del INE fueran electos en forma directa, se redujera el financiamiento a los partidos políticos y se disminuyeran el número de legisladores, entre otras cuestiones que afectaban directamente a la democracia que hemos construido en tres décadas.
Ese jueves inició el debate en la Cámara de Diputados y a las 21 horas ya había sido aprobada la minuta en lo general y antes de concluir el día en lo particular, con lo que se iba a convertir en un el regalo navideño para el Poder Ejecutivo, pero se eliminó la cláusula vida eterna propuesta por el PVEM que había generado polémica y favorecía a los partidos pequeños y con un “al cabo que ni lo quería del verde” ahora debe regresar al Senado y concluir el trámite el próximo febrero.
En realidad, ¿quiénes son los más afectados con este Plan B para debilitar al INE? La respuesta preocupa puesto que los más perjudicados son los servidores públicos de carrera, quienes han sido los artífices de que las últimas elecciones federales, por lo menos desde el 2000, hayan sido de equitativas, transparentes, confiables y de calidad, así como permitido la alternancia en el poder o los gobiernos sin mayoría legislativa conforme a lo expresado por la voluntad popular.
Trabajadores durante elecciones en México
Esto es así debido a que el Plan B considera la reducción de la plantilla de personal de las juntas locales consultivas y los consejos distritales con la consecuente separación del cargo de un porcentaje elevado de los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Esta es la fuente principal del ahorro presupuestal que pretende ser la justificación de esta reforma, no la reducción de los sueldos de los consejeros. Para sustituir a los servidores públicos de carrera se dispone se deberá proceder a la contratación de personal temporal durante los periodos electorales con riesgo que no sean expertos en la materia.
En ese sentido, los consejeros del IFE/INE no son realmente los afectados, ya que su nombramiento es por un plazo definido, sin posibilidad de reelección, y su cargo es de naturaleza política, no meritocrática. Además, ninguno de los actuales consejeros estaba en funciones cuando el supuesto fraude de 2006 y muchos de los miembros del SPEN si. Incluso ese órgano constitucional autónomo puede funcionar sin la integración completa del Consejo General o después de una sustitución de la mayoría de los consejeros, pero no puede operar con eficiencia los procesos de integración y revisión permanentes del padrón de electores, de la selección aleatoria y capacitación de los funcionarios de las casillas y de instalación de las mismas sin la estructura profesionalizada que se creó y consolidó en los últimos 30 años.
El Plan B aumenta el riesgo de captura del proceso electoral por grupos manipulados por el gobierno, el partido oficial o el crimen organizado con la consecuente disminución de la confiabilidad en los resultados de los comicios. La precarización del aparato de profesionales del INE puede ser un factor de riesgo para el regreso de la falta de legitimidad de autoridades electas con falta de transparencia, confiabilidad y equidad.
Al promotor del Plan B la profesionalización de los aparatos administrativos le estorban. Primero la lealtad al proyecto personal del presidente (99%) y después la capacidad (1%). Esta política de contratación, si permea en los órganos electorales, puede poner en riesgo la confiabilidad ciudadana en el INE, cuya autonomía se debilita si los recortes estructurales y presupuestales afectan su operatividad. Mantener la credibilidad en las elecciones con menos recursos es el principal reto del INE para el 2024.
La legitimidad del poder depende de dos factores: un aparato profesionalizado que organice los comicios con independencia e imparcialidad y unos funcionarios de casillas que garanticen que el día de la elección los votos se cuenten bien y que no sean capturados por organizaciones gubernamentales, políticas o criminales como resultado de la precarización del INE. Para el 2024, las condiciones para la democracia no serán favorables con este paquete legislativo aprobado, pero eso es lo que se tendrá y con esta normatividad los ciudadanos deberemos convertirnos en los principales defensores del respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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