El INE en el inventario de la destrucción
En la historia del país se han vivido momentos de construcción de instituciones y otros de destrucción. Después de la devastación causada por los movimientos armados de la revolución se llevó al cabo un amplio y continuo proceso de construcción. No era suficiente la redacción de una nueva constitución política que reflejara las aspiraciones fundacionales de una sociedad distinta, hacía falta la creación de instituciones y la reglamentación de las actividades públicas y privadas que la hicieran realidad. Desde la revolución hasta nuestros días, cada gobierno fue sumando y es abultado el inventario de lo construido. Sin pretender ser exhaustivo, aquí unos ejemplos.
La primera gran institución que se creó fue en el ámbito educativo. En 1921, bajo el gobierno de Álvaro Obregón surgió la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos, su primer secretario, estableció, entre otras, las escuelas rurales y las misiones culturales para impulsar la alfabetización y la instrucción. En 1925, en la gestión de Plutarco Elías Calles se fundó el Banco de México con el fin de que el estado mexicano tuviera el control de la acuñación de moneda y regulara su circulación en el territorio nacional. En 1929 se reconoció la autonomía de la UNAM. En 1933 se construyeron otros dos bancos estatales de suma importancia para impulsar el desarrollo: el Banco Nacional de Crédito Agrícola y Banobras. Detrás del establecimiento de las instituciones financieras estaba la creatividad y la inteligencia de Alberto J. Pani y de Manuel Gómez Morín, quienes además instituyeron diversas reglas en materia fiscal, de ingreso y gasto del gobierno.
Otro momento estelar de fundación ocurrió en el gobierno de Lázaro Cárdenas. El IPN, el Colegio de México, El INAH, PEMEX, la CFE, El Banco Nacional de Crédito Ejidal, fueron creadas en esa administración. El gobierno de Cárdenas fue también impulsor de la fundación de organizaciones de la sociedad como sindicatos obreros y organizaciones campesinas y empresariales.
El IMSS vio la luz en 1943, durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho y el ISSSTE nació en 1959, en la presidencia de Adolfo López Mateos.
A pesar de sus resultados desastrosos en materia fiscal y financiera y de su estilo de gobernar, Luis Echeverría también creó instituciones públicas, algunas de las cuales aún perviven. El INFONAVIT, la Universidad Autónoma Metropolitana, el CONACYT, el Colegio de Bachilleres, la PROFECO, el CONAPO, entre otras fueron obra de su gobierno.
Al inicio de los años ochentas el país entró en una profunda crisis fiscal y financiera que llevaron a Miguel de la Madrid a desmantelar, achicar o privatizar gran parte de la estructura de la administración pública federal.
El abultado déficit fiscal y la imposibilidad de servir el pago de la deuda externa propiciaron una draconiana política de austeridad y recorte del gasto público. Las decisiones para hacer más pequeño el tamaño del estado estaban influenciadas también por “el espíritu de la época”. Los dos principales líderes mundiales de ese momento, Margaret Thatcher y Ronald Reagan promovían el “estado mínimo” y la libertad irrestricta del mercado. De la Madrid redujo el tamaño de la red de entidades paraestatales creadas hasta ese momento -empresas, organismos descentralizados y fideicomisos- en dos terceras partes. De las más de mil cien entidades que encontró al inicio de su sexenio, sólo sobrevivió un tercio, alrededor de cuatrocientas. La severa austeridad deterioró la capacidad de las instituciones educativas, de salud, de servicios urbanos y de creación de infraestructura. El gasto y la inversión se mantuvieron en mínimos históricos lo que produjo la agudización de los rezagos en materia social y en la generación de crecimiento económico.
Después de la crisis de los ochentas -conocida como la década perdida- siguieron surgiendo instituciones, pero ya no necesariamente en el ámbito de la administración pública central o paraestatal sino, destacadamente, en el de los organismos públicos autónomos especializados en temas económicos, de derechos civiles y electorales. La presión de una sociedad más demandante y la mayor competencia política que se iba abriendo paso, el TLC, el apego a los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente, derechos civiles y políticos, las llamadas reformas estructurales aprobadas a partir de 2013, indujeron a la creación de nuevas instituciones y leyes.
En la Ciudad de México, a partir de la primera alternancia política, se lograron avances destacados en materia de derechos de las minorías, que poco a poco han ido permeando al resto del país. A nivel federal se fundaron en 1990 el Instituto Nacional Electoral (IFE) -reformado en 2014 para dar paso al INE- y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se diseñaron y pusieron en práctica los primeros programas asistenciales de solidaridad con la población más pobre. Más adelante, en el gobierno de Vicente Fox, surgieron el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Seguro Popular, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Desde el 2018 el nuevo gobierno impuso una especie de frenesí destructivo, basado en una idea mística-religiosa de la austeridad y de la creencia de que todo lo construido con anterioridad era corrupto e inmoral. No fueron factores como la crisis fiscal o financiera de los ochentas, inexistentes en este gobierno, lo que indujo a la destrucción, sino una especie de mesianismo adánico: la historia inicia o da la vuelta justo aquí, en este gobierno.
Hay ya un inventario abultado de las instituciones que se han destruido o debilitado durante esta administración, destaco lo que a mi juicio tendrá mayor impacto en la economía y la sociedad. La desaparición del Seguro Popular y el debilitamiento en general de los servicios de salud, que ya registra un saldo negativo inmediato en el ingreso y gasto de las familias; la contrarreforma educativa que afectará a la población más pobre en el mediano y largo plazos; la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la contrarreforma energética que han minado la confianza y el clima de negocios; y, sobre todo el debilitamiento al extremo del INE que afectará -como lo han advertido infinidad de especialistas- la operación, la equidad y la transparencia electoral lo que podría poner en riesgo la trasmisión pacífica de los poderes.
Lorenzo Córdova, durante la conferencia a medios de comunicación desde la sede del Instituto Nacional Electoral.
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