Opinión

Más ingreso, menos desigualdad… para gastar en salud

El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares de 2022. Es una de las encuestas económico-sociales más importantes: sigue los datos de más de 100 mil familias mexicanas, que son una muestra representativa. Es un ejercicio estadístico de larga historia, al que no se le puede responder racionalmente con un “yo tengo otros datos”.

Los resultados se pueden leer de distintas formas, pero hay que intentar ser precisos en el análisis, sin caer en la propaganda de uno u otro lado.

¿Qué nos dicen los resultados de esa encuesta? En primer lugar, que ya hay una recuperación real respecto a 2020. Los ingresos de los mexicanos están sensiblemente por arriba de los que tenían en los tiempos más duros de la pandemia. Pero la comparación relevante es respecto a 2018: ahí la mejoría es mucho menor. Y frente a los datos de 2016 es casi marginal.

Presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 elaborada por el INEGI.

Presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 elaborada por el INEGI.

Cuartoscuro

El ingreso familiar promedio es de 22 mil 400 pesos al mes, frente a 19 mil 100 de 2020. En 2018 era de 20 mil 300. En 2016, de 21 mil 200. Se trata de pesos constantes de 2022, por lo que no es válido argumentar acerca la inflación para intentar desmentirlos.

También nos dicen que ha mejorado relativamente la distribución del ingreso: los nueve primeros deciles, es decir el 90 por ciento más pobre de la población ha tenido una mejora, mientras que el 10 por ciento más rico ha visto un empeoramiento.

Quienes más han mejorado, en términos relativos, su ingreso, han sido los más pobres: subió casi 20 por ciento en el decil más bajo, en los últimos cuatro años.

El empeoramiento del decil más alto se dio sobre todo entre 2016 y 2020, con una ligera recuperación en los dos años siguientes. Hay que decir que ese decil, más que medir a “los más ricos”, mide a la que suele denominarse clase media-alta, cuyos negocios y salarios fueron afectados de manera desproporcionada por la pandemia, y posteriormente por la crisis de liquidez, las tasas de interés (empresarios y ahorradores) y la inflación (asalariados altos).

Ahora bien, ¿de dónde viene esa mejora? Viene esencialmente de los aumentos al salario mínimo, que se han reflejado -aunque no en las mismas proporciones- en un impacto general sobre la mayoría de quienes perciben bajos salarios. Hay que subrayar que la mejora no viene tanto de las transferencias: es decir, el efecto principal no es por las remesas o de los diferentes apoyos directos que reparte el gobierno. De hecho, estos apoyos han tenido un impacto escasísimo en la distribución del ingreso, ya que no se han dirigido específicamente a los sectores más necesitados, sino que han tenido otra distribución, más ligada a la presencia o no de los Servidores de la Nación (o, para decirlo crudamente, a requerimientos electorales).

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en una economía, mejoró de .475 en el año 2018 a .402 en 2022. Se hubiera roto la barrera del .400, de tener una política de apoyos centrada en las necesidades económicas, y no en las políticas.

El ingreso por trabajo es la parte fuerte de los ingresos totales de la población. De hecho, los beneficios provenientes de programas gubernamentales, a pesar de que se han casi duplicado durante este gobierno, son equivalentes apenas a 2.8 por ciento del total. Las jubilaciones y pensiones son mucho más importantes que éstos, pero su aumento ha sido mínimo.

En otras palabras, la política laboral, y no la de bienestar o la de seguridad social, ha sido el principal motor, del lado del gobierno, del incremento de ingresos. A ese motor hay que agregarle el de la inversión privada.

Un acotamiento es que, en las zonas rurales las transferencias sí han crecido en proporciones similares a lo que reciben las familias por su trabajo. Ahí equivalen ya a la quinta parte de los ingresos.

Entre las personas que han visto empeorar sus ingresos en los últimos seis años se encuentran, paradójicamente y en contra del discurso oficial, los mayores de 60 años. Esto nos dice que la política de apoyos a la tercera edad ha quedado corta.

Pero el dato más crítico se ve por el lado del gasto. Al aumento de los ingresos monetarios ha correspondido un deterioro en los servicios públicos básicos, particularmente en educación y, sobre todo, en salud. Un tercio de los apoyos directos se ha destinado a mayores gastos en salud privada, debido a las insuficiencias en el sector público. En los hechos, lo que tenemos son transferencias del sector público al privado: una privatización derivada del desastroso manejo en salud.

En el camino, podemos observar que, mientras que, para la mayoría de la población, la mejoría en los ingresos ha significado un ahorro neto (o, más comúnmente, un desendeudamiento), en los tres deciles superiores (es decir para la clase media y alta) ha habido un desahorro, o un mayor endeudamiento.

Finalmente, las desigualdades regionales se mantienen y, en algunos casos, se superan. Una familia promedio en la Ciudad de México, Baja California o Baja California Sur tiene prácticamente el doble de ingresos que una en Oaxaca, Guerrero o Chiapas.

Tratándose de una radiografía que mide la evolución social en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador, vale la pena subrayar que lo que la sacado a flote ha sido la política de ingresos (sobre todo el salario mínimo) mucho más que los apoyos directos, tan cacareados. Asimismo, que detrás de la mejora está una economía que ha tenido en los dos últimos años una dinámica aceptable, pero que hubiera sido superior de no encontrarse con tantos frenos a la inversión.

Finalmente, en esos claroscuros, vale la pena recordar que la pobreza se mide de manera multidimensional: en estos años creció la carencia en educación; y más grave: el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud pasó de 20 a 50 millones. El Insabi (con la malhadada desaparición del Seguro Popular) fue un fracaso monumental con un costo social inmensurable.

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