La ópera bufa y las elecciones
El 22 de junio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como era esperado, sepultó el cadáver del Plan B de la estrategia electoral que pretendía reducir las facultades y recursos al INE, así como eliminar conductas sancionables relacionadas con actos anticipados de campaña, promoción de imagen con recursos presupuestales y opacidad en el manejo de las prerrogativas de los partidos políticos, precandidatos y candidatos. No hubo debate de fondo, la forma bastó para invalidar las reformas a las leyes por el evidente desaseo legislativo y la burda eliminación de la deliberación democrática en las Cámaras de diputados y senadores en el proceso de aprobación.
La ruta critica de la estrategia electoral del presidente López Obrador ha sido una secuencia de fracasos en cuatro actos, pero con posibilidad de imponer su candidato y su proceso electoral paralelo al orden jurídico.
El primero fue la fallida propuesta de reforma constitucional en materia comicial que no logró la mayoría calificada para ser aprobada y que sólo sirvió para que la oposición a la llamada 4T tuviera un motivo de unión en torno a la defensa del INE y de la democracia.
El segundo fue la suspensión de la aplicación del Plan B que confirmó que el criterio jurisdiccional será otorgarla para evitar que los efectos de los actos de autoridad sean irreparables y que motivó la marcha ciudadana en defensa del INE y “convenció” a los partidos políticos de la alianza Va por México que el candidato único era la vía para plantarle cara al oficialismo y, por lo menos, lograr una representación legislativa suficiente para oponerse a los cambios constitucionales durante 2024-2030.
El tercero fue la invalidación del Plan B que abrogó la reforma legislativa en materia electoral y motivó la campaña politica orquestada desde la mañanera del Palacio Nacional contra los ministros, magistrados y los jueces que, desde la visión del gobierno, son una minoría rapaz y corrupta que se han convertido en supremos poderes conservadores y en un refugio de delincuentes de cuello blanco.
Sin embargo, las críticas al Poder Judicial son evidentemente infundadas. El fracaso en el ámbito jurisdiccional del Plan B estaba cantado desde que la aprobación de la reforma legislativa se hizo por medio de un fast track originado por un capricho presidencial. El grado de mal hechura es superlativo. Hoy hasta el probo Ministro Zaldívar, el único con calidad moral entre sus pares, según López Obrador, voto a favor de la invalidación del Plan B y la ministra en retiro Sánchez Cordero, ex secretaria de gobernación de la autollamada 4T, reconoció que hubo excesos ilegítimos en la aprobación del mismo.
El cuarto acto de esta ópera bufa es el Plan C que tiene como objetivo que Morena y sus aliados ganen la elección federal del 24 con una votación de 33 millones de ciudadanos a su favor que les otorgue la mayoría calificada suficiente para transformar a su antojo al INE, a la SCJN y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Plan C ya inició con la elección de quien encabezará el movimiento de la 4T rumbo al 2024, porque, en palabras de Mario Delgado, “no tienen tiempo que perder” (El Universal, 22-06-23) y para la Comisión de Quejas del INE no ha iniciado la precampaña. Ya se les cuecen las habas, como sucedió con el Plan B, y están acelerando los procesos como sucedió en el Plan B fuera de la ley y en contra del principio constitucional de equidad en la contienda electoral, que fue la causa de la anulación de las elecciones tabasqueñas de 2000 y la colimenses del 2015.
Cito al Tribunal electoral en la sentencia que anuló la elección de Tabasco en 2000 que, en su momento, López Obrador aplaudió a rabiar: “Una elección… en la que en sus etapas concurran… vetos, inequidades… en donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no es ni representa la voluntad ciudadana.”
La selección de un coordinador de la transformación es una excusa para adelantarse a los tiempos legales del relevo presidencial y la consecuencia jurídica cantada es la inhabilitación como candidatos a quienes participen en esta simulación de precampaña y por violación a las leyes electorales como ya sucedió con Salgado Macedonio en Guerrero en este sexenio.
¡Atención con el fracaso del Plan B! Este es probable que se repita en el Plan C. El mejor de los escenarios para sus promotores es que no logren los 33 millones de votos, pero el peor es que tengan que recurrir a una corcholata de repuesto con renovación generacional (¿Luisa María Alcalde?) porque las 4 actuales sean inhabilitadas para participar en el contienda electoral. Esto es probable porque es la consecuencia jurídica esperable, aunque la comisión de quejas del INE no la vea. Todo es una opera bufa en la que la alianza opositora ya es comparsa. No me vengan con que la ley es la ley, dice el clásico.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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