La opinión pública según AMLO
La opinión pública como fuerza gobernante constituye una forma singular de la relativización del Estado al pueblo y de la identificación del poder del Estado con la voluntad del pueblo (Heller). En términos llanos, la opinión pública es la estructura de poder que limita las tendencias autoritarias de los gobiernos mayoritarios que se asumen como únicos representantes políticos en un país.
La opinión pública surge con la ilustración y con la alfabetización de los grandes núcleos poblacionales. La extensión de la civilización concebida como la concientización de que las personas somos iguales con idénticos derechos para participar en política y ser parte activa de la República es lo que fortalece este espacio comunitario de debate de ideas y proyectos colectivos e individuales.
El pueblo es un sujeto histórico monolítico a quien se le atribuye la voluntad general y, por ende, siempre a través de representantes con la conducción y dirección de los órganos del Estado. Éste es el pueblo que legitima a cualquier presidente mexicano a expresarse como su representante y, en principio, debiera intentar incluir las visiones e intereses de la mayoría que lo eligió y las minorías que son indispensables para que sea efectiva la unidad de acción y decisión del Estado en beneficio de todos.
Cuando el presidente López Obrador expresamente distingue a una parte del pueblo y la identifica como su adversario disminuye su propia representatividad y cuando lo divide en dos bandos, uno bueno que el encabeza y otro malo y traidor que se le opone, debilita el poder de cambio que pretende impulsar utilizando la investidura de la máximo cargo político del país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina
En contra parte, la opinión pública es un producto y un instrumento de la sociedad civil en la que se expresan la riqueza de los intereses y visiones de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las comunidades, los grupos sociales y las personas. La opinión publica se forja en el debate libre de las ideas en un espacio público, es racional y no se reduce al plegamiento de las voluntades a los propósitos de un líder o un movimiento o un contagio colectivo en torno a un sentimiento de venganza o resentimiento.
Estas reflexiones tienen como propósito resaltar el sesgo autoritario de los recurrentes mensajes presidenciales que conminan a los medios de comunicación a ser unos simples observadores, registradores y divulgadores de hechos y a renunciar a su labor de analizar, criticar y debatir en sus páginas o espacios electrónicos ideas. Por un lado, reconoce la labor de la reportera Sara Pablo, quien representó a la fuente de la presidencia en la cumbre de los líderes de América del Norte para realizar las preguntas a los mandatarios. El reconocimiento fue merecido por su objetividad en el relato de lo sucedido. Por el otro, despotrica contra los conductores, editorialistas y dueños del medio de comunicación para el que trabaja la reportera.
Muchas ocasiones el presidente ha sostenido, en tono de adoctrinamiento, que la labor de los medios de comunicación debe limitarse a informar sin crear opinión pública adversa a las acciones de su gobierno, ya que los dirigentes políticos -es decir él y sus aliados- son los únicos legitimados para interpretar la realidad social y proponer las rutas de acción adecuadas para el pueblo. La opinión pública, en este sentido limitado, sólo es aceptable si cumple con una función de defensa de su gobierno y su proyecto personal. Esta es la opinión pública según AMLO.
Sin embargo, en una sociedad democrática y plural, la opinión pública es el medio para recordarle al gobernante que no tiene la verdad absoluta y que en la integración del poder y su ejercicio hay muchos actores que deben expresar sus visiones y posturas ideológicas para la construcción de una auténtica comunidad de intereses que es la única fuente de unidad política legitimadora.
Toda opinión pública es producto de una lucha por convencer al otro y persuadir para que la coacción política o económica sean un recurso excepcional en la conducción social. La reducción de la opinión pública a una visión excluyente y única, por mayoritaria y justa que aparente ser, deslegitima a las instituciones democráticas y descubre los procesos más crudos del poder que conducen a la confrontación en las que el pueblo es el perdedor. Esta dinámica causa empobrecimiento y que las estructuras de la desigualdad social se perpetúen.
Una opinión pública amenazada (descalificación constante de sus líderes y periodistas), menospreciada en su función y alcance, acusada de ser un obstáculo permanente al cambio, etiquetada como adversaria al gobierno y empujada a la pasividad o sumisión con base en incentivos negativos es la constante frente a un poder presidencial con fuerte apoyo popular. La prolongación de esta situación deslegitima y socava la democracia.
Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores
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