El pacto social y la transparencia.
En el seminario de El Colegio de México, “Hacia un nuevo pacto social: tributación y retribución”, llevado a cabo el 28 de febrero, Gerardo Esquivel supuso que nadie debatiría que si hubiera un mayor financiamiento del gasto público por la vía tributaria éste debiera destinarse a la superación de la pobreza extrema o, agrego yo, a un mayor acceso a la educación o salud de calidad o a la universalización de la seguridad social. También se aventuró a prever que la mayoría de los votantes estarían a favor de esta propuesta de pacto social.
Sin embargo, esta buena intención o pacto idílico se desdibuja cuando se topa con una realidad político-jurídica, en la que el titular del Ejecutivo, que es el responsable para destinar efectivamente los recursos públicos, proclama que Él se encuentra por encima de la transparencia y en la que los órganos garantes de la misma carecen de las facultades y la presencia institucional suficiente para que la disponibilidad de la información pública sea mayor.
También, hay que considerar que un pacto social en tributación requiere dos cosas: una mayor confianza de la sociedad en quien gasta y una mejor representación política, lo que exige una menor dependencia de las estructuras administrativas de los gobiernos en turno, la eliminación del uso de estas en la persecución política de los contribuyentes o en la promoción del clientelismo político y un debate público y transparente sobre el destino de los impuestos.
En ese sentido, un nuevo pacto social, fundado en un reconocimiento político y académico de la desigualdad socioeconómica, se debe forjar en el respeto a los derechos formales de las personas y las colectividades, que, aunque no es suficiente, si es necesario. La transparencia en sí misma, directamente, no mejora la democracia, ni contribuye a la superación de la pobreza, pero si permite que los actores políticos, económicos y gubernamentales, así como los electores se pongan de acuerdo en las mejores condiciones posibles en una reforma fiscal que aumente los impuestos y la coincidencia no se reduzca a promesas de más subsidios y transferencias.
La idea de pacto social implica que las partes son iguales y en este nadie tiene una categoría distinta que lo ponga en un plano superior. Este es el principio básico de una república integrada por ciudadanos y gobierno emanado de la voluntad general que la distingue de la monarquía conformada por súbditos y rey, donde este último tiene una investidura que lo hace venerable y moralmente distinto al resto de las personas bajo su mandato. La democracia representativa mantiene la igualdad entre los individuos y la democracia populista personaliza el poder y concede al líder, que se identifica con la voz del pueblo, un trato especial con respecto al resto de las personas.
La desafortunada frase del presidente López Obrador, “por encima de esa ley (de transparencia) está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto”, proyecta un mensaje autoritario más propio de una monarquía que de una república y más cercano a la democracia popular que a la representativa.
Esta frase anula las buenas intenciones de Gerardo Esquivel y deja claro que no basta que un destino correcto del gasto sea proclamado por el legislador o el gobierno para que la recaudación que lo financia sea legítima. También es indispensable que todos los contribuyentes tengamos confianza en que el recurso fiscal se va a destinar a ese fin y hay que recordar que sin transparencia la existencia de dicha confianza es poco factible.
¿De veras el presidente está por encima de la ley? Aceptar esto implicaría renunciar a la igualdad propia de la república democrática representativa y en esa claudicación no hay pacto social posible. Un rey o un líder populista impone su voluntad no busca acuerdos y, en este contexto, el debate sobre la retribución derivada del presupuesto pierde sentido, ni es importante cuestionarse socialmente la tributación, que será la que favorezca al statu quo.
Un régimen tributario nunca será progresivo en condiciones de opacidad debido a que nadie conoce quien soporta las cargas del gasto público y sólo se conocen sus efectos, que es el grado de igualdad y desigualdad social y económica que provoca. Si se defiende que el poder está por encima de la transparencia, entonces, la justificación para no pagar más impuestos se legitima y contribuye a que los individuos argumenten que es correcto no pagar contribuciones.
Esto abre la gran interrogante del sexenio que concluye: ¿por qué la 4T renunció a impulsar una reforma fiscal que fuera más progresiva y justa? No impuestos, mayores subsidios es una fórmula electoral. ¿Este es un auténtico pacto social de tributación y retribución? O ¿seguiremos en la opacidad y claudicando a una política hacendaria más progresiva?
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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