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La petulancia del presidente López Obrador llega a extremos inusitados. En unos cuantos días afianza la militarización de su gobierno, se hará ovacionar en un mitin organizado con los peores estilos del viejo clientelismo —y a pesar del empeoramiento global de la epidemia— y expide un Acuerdo que avasalla las reglas de transparencia, propiciará la corrupción y consagra su calidad de autócrata.
Petulancia, dice la RAE, es “vana y exagerada presunción”. Autócrata, es aquella “persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado”.
López Obrador no admite cuestionamientos, ni regulaciones, ni escrutinio a las obras de su gobierno. Maneja los recursos públicos como si fueran suyos.
Evade la rendición de cuentas, que es conquista de la sociedad sobre las tentaciones absolutistas del Estado. Las leyes le resultan incómodas; la transparencia, impertinente; los jueces le parecen fastidiosos. No es hombre de instituciones, sino de obsesiones que quiere desplegar más allá de cualquier objeción.
El Acuerdo presidencial del 22 de noviembre declara “de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras del gobierno federal en un extenso catálogo de actividades: “infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. En otras palabras, todo. No hay una sola actividad del gobierno que no sea asunto de seguridad nacional, según el hiperbólico Acuerdo.
Con ese documento el presidente desfigura la fundamental idea de seguridad nacional, ajustándola a las ocurrencias de su gobierno. Al considerarlas como asunto de seguridad nacional, esas obras quedan eximidas de las obligaciones de transparencia y evaluación.
El Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y quizá alguna más, son las mayúsculas obras en las que López Obrador ha cifrado el esfuerzo constructor de su administración. Cada una de ellas ha sido fundadamente cuestionada por daños que ocasionan al medio ambiente, descuidos en su planeación, por su incierta rentabilidad social y económica, o porque resultan de los delirantes caprichos y prejuicios del presidente.
El enfado que le causan al presidente las solicitudes de transparencia, los reclamos legales y la obligación de rendir cuentas, se expresa en la desmesura del Acuerdo del 22 de noviembre. Ese documento fue publicado precisamente cuando se extendía la indignación por la opacidad en las obras del aeropuerto, que realiza el Ejército sin cumplir con la obligación de licitar los contratos con los que se ejercen recursos públicos. Cero transparencia, nula información, ventanillas cerradas cualquier reclamo ciudadano sobre esas y otras obras: esa es la respuesta de López Obrador a las denuncias de ilegal opacidad y posible corrupción en la construcción en Santa Lucía.
El Acuerdo transgrede la Constitución desde el artículo 1o., que establece que el ejercicio de los derechos allí reconocidos “no podrá restringirse ni suspenderse” salvo en las condiciones que la misma Constitución prescribe (es decir, con aprobación del Congreso de la Unión).
También se desconoce la obligación para que toda información que tengan las instituciones del Estado (o que resulte del ejercicio de recursos públicos) sea pública, señalada en el artículo 6o. constitucional. La información, se indica allí, “sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes”.
En su afán para impedir retrasos en las obras que le interesan, el presidente considera que las cifras de las contrataciones de tornillos o tractocamiones para la construcción del aeropuerto, o los estudios acerca del impacto ambiental de la refinería, entre tantos otros documentos, deben permanecer ocultos. La seguridad nacional es una coartada insostenible.
Seguridad nacional, de acuerdo con el artículo 3o. de la ley en esa materia, son las acciones para “mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”. Son amenazas a la seguridad nacional actos de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de México dentro del territorio nacional, actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, entre otros que señala el artículo 5o. de esa ley. La información acerca del ejercicio de recursos públicos no se encuentra entre esas circunstancias que atentan contra la seguridad nacional.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información ha recordado que según la Ley General de Transparencia (artículo 113) una información puede ser reservada cuando “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”. El artículo 108 de esa Ley dispone que “en ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información” y que “la clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño”. Es decir, como precisa el artículo 104, la dependencia interesada en que se haga esa clasificación debe demostrar que la “divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”.
El Acuerdo del presidente quebranta esos procedimientos: infringe la Constitución y varias leyes federales. Junto con su flagrante ilegalidad, ese Acuerdo exhibe la autoritaria concepción de López Obrador sobre su propio desempeño. El presidente cree que la seguridad nacional depende de las obras de su gobierno y considera que puede reemplazar al resto del Estado.
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