Los problemas de la reforma educativa
La SEP ha creado una oposición entre dos modelos educativos: 1) el modelo actual, el que rige en las escuelas, que es “neoliberal” y “sirve a las élites”, y 2) el modelo que proponen las autoridades que estará al “servicio del pueblo”.
El modelo SEP dispone: el centro de la educación ya no será la escuela (ni el alumno ni el maestro) sino la comunidad: es decir, el entorno social y territorial de la escuela (barrio, coto, ranchería, o comunidad indígena). La educación se desarrollará, dice la SEP, principalmente fuera de la escuela, en los espacios de la comunidad.
Carencias escolares
La enseñanza se hará mediante proyectos que se organizan en torno a problemas de la comunidad. Y los nuevos contenidos educativos no serán los convencionales, sino los que se generen en el diálogo de estudiantes y maestros con habitantes de la comunidad. En ese diálogo, las matemáticas, las ciencias y demás conocimientos escolares tendrán un valor igual o equivalente a los saberes y tradiciones populares. En esta categoría caben creencias religiosas, creencias laicas, supersticiones, mitos, fiestas y pensamiento mágico.
Este modelo “comunitario” parece entrar en conflicto con la norma constitucional pues pone en entredicho el derecho superior del niñas, niños y adolescentes, desafía al laicismo, no precisa la relación entre Estado (escuela) y el mundo social o privado (la comunidad), además olvida preceptos como: a) “la educación se basará en los resultados del progreso científico y b) la educación luchará contra la ignorancia y sus efectos (servidumbres, fanatismos y prejuicios).
El modelo “comunitario” se aleja de las disposiciones del Artículo Tercero en otros aspectos: al negar que la educación debe buscar el máximo logro en aprendizajes, omite que ella debe promover en los alumnos el conocimiento de los problemas nacionales, que debe ser nacional, que debe ser universal, que debe buscar el acrecentamiento de nuestra cultura y formar en ellos capital humano para lograr el progreso productivo.
El nuevo “modelo educativo” introduce además cambios radicales en la práctica docente y atribuye a los pares de familia tarea educativas, hecho sin precedente. Es decir, se cambia todo.
Dada esta complejidad, uno supondría que el cambio debe llevarse a la práctica de manera gradual, si se quiere lograr en los actores educativos (y en la comunidad) la reconversión mental que se necesita. Pero esto no ha sido así.
Otro gran tropiezo con la ley. La SEP informó que el nuevo plan de estudios fue elaborado con el trabajo de gabinete de un grupo de expertos, que esa elaboración se hizo en los últimos cinco meses de 2021 y se presentó por primera vez ante los maestros a finales de enero de 2022. Sin embargo, el Artículo Tercero indica que los planes de estudio deberán consultarse con los diversos actores sociales involucrados con la educación.
El modelo “comunitario” no habla de valores éticos y orientación socioemocional para enfrentar con eficacia problemas como la violencia escolar. Tampoco habla de quién y cómo se brindará a los alumnos al salir a las comunidades.
¿Quién será responsable de esa seguridad?: ¿el maestro? ¿la escuela? ¿la autoridad municipal? Si va a ser la autoridad municipal (hay 2469 municipios) será necesario buscar acuerdos institucionales previos y, tal vez, movilizar a policías para el efecto (por ejemplo, se requerirán policías para proteger alumnos de aproximadamente 200 mil escuelas y otros tantos grupos de clase).
¨Por último, los padres de familia también deben ser consultados y capacitados para que cumplan las tareas educativas que le atribuye el modelo “comunitario”. Pero ni una ni otra cosa se ha hecho. El asunto es muy serio pues se trata de las familias de aproximadamente 20 millones de alumnos.
Pero la gran deficiencia del modelo “comunitario” es que no ha dado un paso serio para la formación dirigida a la capacitación docente para incorporarlos a esta aventura educativa que carece de precedentes en la historia de la pedagogía mundial.
La SEP intentó cubrir esa laguna con una Prueba piloto a relizarse en el ciclo 2022-2023, pero un juez (miguel Ángel Ortiz) dictaminó que esa prueba no debería realizarse por las incertidumbres que presentaba un proyecto “impreciso e incompleto”. “Es inadmisible que se ordene un piloteo […] sin la emisión y publicación de programas de estudio y sin la capacitación previa de maestros y maestras respecto a sus contenidos”.
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