El combate a la corrupción: resultados ambivalentes
La Organización de las Naciones Unidas decretó que el 9 de diciembre sería el Día Internacional contra la Corrupción con el objetivo de visibilizar que uno de los obstáculos para logar la paz, la seguridad y el desarrollo en el mundo es la corrupción y que la lucha contra ésta es esencial en los esfuerzos colectivos para lograr el desarrollo sostenible y es una corresponsabilidad de las autoridades, sociedad civil e individuos.
2023 será el año en que se conmemore el vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), lo que será una gran oportunidad para consolidar los procesos de mejora administrativa como vías de su prevención y para profundizar en los mecanismos de transparencia, que son medios idóneos para alcanzar las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya importancia es vital para el bienestar colectivo y personal en la medida que, por ejemplo, los cinco primeros se refieren al fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género.
Como parte de los actos conmemorativos, en México se reunió, por primera vez, la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción que es la autoridad máxima en esta instancia de coordinación y reúne a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno involucradas con las tareas de prevención del abuso del poder público para obtener un beneficio particular.
Aunque en el énfasis del combate a la corrupción se pone en la supervisión y vigilancia de las entidades públicas estatales para la prevención de actos indebidos, éste no debe reducirse a esta tarea, sino que debe también establecer procedimientos expeditos para, en su caso, sancionar las conductas que impliquen la desviación del mismo, el mal uso de los recursos económicos del estado, el abuso de las potestades otorgadas a un particular por medio de una concesión, una autorización o una patente y el uso arbitrario de una posición de privilegio en el mercado y en la vida social, deportiva o cultural.
Una buena noticia es que la Asamblea se haya celebrado después de 7 años de la reforma constitucional que creó el Sistema y que haya estado presidida por el comité coordinador el mismo y la presencia del Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, quien festejó este hecho e hizo votos para que se impulse “una nueva etapa en el Sistema Nacional Anticorrupción, en la que el respeto, el consenso y el diálogo habrán de ser las pautas que nos permitan coordinar de manera efectiva las acciones dirigidas a implementar políticas transversales en materia de prevención, control y sanción de la corrupción así como a promover la integridad y fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra este fenómeno” (El Heraldo, 08-12-22).
La mala es que, en esa sesión, la Senadora Claudia Anaya, integrante de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, expuso que hacen falta nombramientos de magistrados e integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema y hay omisiones en los nombramientos de los magistrados de las quince salas especializadas de la materia y en la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de dos integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El interés del Secretario de la Función Pública de que esta instancia de coordinación sea más efectiva no necesariamente es compartida en Palacio Nacional y en el Senado de la República.
Un éxito de los esquemas institucionales de combate a la corrupción que se apoyan en el control interno, las matrices de riesgos de corrupción, las acciones para prevenirla, la denuncia anónima de desviaciones de servidores públicos con base en el SIDEC que inició su operación en 2015, el avance en la interconexión e interoperabilidad de la plataforma nacional digital del sistema, la creación y fortalecimiento de los sistemas estatales, entre otras acciones, han logrado que el costo directo de la corrupción haya disminuido en los últimos 5 años, ya que el INEGI “estimó que, a nivel nacional y durante 2021, el costo promedio fue de 3,044 pesos por persona en términos reales y observó una disminución de 28.1% respecto al costo promedio estimado en 2019. En el caso de las empresas, el costo promedio de la corrupción en 2020 fue de 7 419 pesos. Este fue 49.0 % menor a lo que se estimó en 2016” (Comunicado de prensa no. 735/22).
Sin embargo, el INEGI también reporta que en “el 2021, 57.1 % de la población mexicana consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su entidad federativa… la prevalencia de corrupción fue de 14.7% de la población de 18 años o más y 2.8% de las unidades económicas víctimas de algún acto de corrupción…”. Además, en ese año México ocupa el lugar 124 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional.
En el combate a la corrupción, los resultados todavía son ambivalentes, pero las acciones institucionales como la celebración de la Asamblea Nacional del SNA seguramente contribuirán a que el costo directo de la corrupción disminuya y la percepción ciudadana respecto a la misma mejore.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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