Opinión

La manzana envenenada

Morena y el presidente López Obrador calientan motores para impulsar una reforma electoral que desnaturalizaría la democracia mexicana.

Instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

Instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

Cuartoscuro

El elemento central de dicha reforma es cambiar de árbitro electoral, y sustituir al INE por un organismo cuyos integrantes sean votados masivamente y con lógica partidista. El veneno viene acompañado de algunos dulcecitos, que podrían ser apetecibles para algún partido ingenuo, algo así como las manzanas inyectadas con droga que regalan algunos perversos en Halloween.

Hay muchas ocasiones en las que el Presidente se mueve en función de los devaneos de la opinión pública. Esta vez no es el caso. El Instituto Nacional Electoral, a pesar de la constante campaña en su contra, tiene un índice de aprobación del 68%, superior al del propio López Obrador. El ataque se da en función de las necesidades de un gobierno que vive una campaña electoral permanente y quiere asegurar, a como dé lugar, la continuidad de su partido tras las elecciones de 2024.

Como lo señaló el Consejo de Europa, la iniciativa de López Obrador pretende cambiar un sistema que sí funciona, y que ha sido resultado de sucesivas reformas democráticas. Y, como dice la Conferencia del Episcopado Mexicano, es claramente regresiva, porque lleva hacia el gobierno federal el control de los comicios, afectando la autonomía de las instituciones y, con ella, su imparcialidad: un viaje de vuelta al sistema de partido casi único.

La pretensión es cambiar algo que sí funciona y sustituirlo por algo que le funciona solamente a una facción.

En realidad, hay pocas probabilidades de que la reforma, tal y como está, pueda pasar por el tamiz legislativo que necesita, porque requiere de una mayoría calificada, y no parece que, en este delicado caso, pueda haber fisuras grandes en el bloque de contención. Pero ya se ha visto que éste tiene eslabones débiles -el tricolor es el más visible- y que, mediante chantajes, no es del todo descabellado que se la pueda hacer avanzar.

Pero, más allá de las pocas probabilidades de que pase la reforma, la ofensiva contra el INE tiene otras dos intenciones. La primera es generar condiciones para que la Comunidad de la Fe obradorista esté pronta a reaccionar en caso de un descalabro electoral. Para ello se ha trabajado arduamente en la negación de la transición democrática, que se dio hace décadas y que ahora resulta que no existe (o sólo existe cuando gana quien Andrés Manuel quiere). Es otra manzana envenenada, dirigida a las mentes y los corazones de los seguidores de AMLO.

Esta negación de la transición se hace patente en el delirante pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que retoma el uso faccioso de la autoridad electoral de entonces contra la Federación de Partidos del Pueblo de México, en las elecciones ¡de 1952! y asegura que, a partir de ahí, nada ha cambiado.

Aquí no importa que la Constitución prohíba a la CNDH intervenir en asuntos electorales. Tampoco, que esa Comisión hace rato haya dejado sus tareas y su autonomía para convertirse en un apéndice del Ejecutivo Federal. Lo que importa es reiterar el mito de la transición manca, y que este permee en los sentimientos de los fieles. Sentimientos útiles, por cierto, para alegar fraude en caso de cualquier derrota electoral.

La otra intención es pavimentar el camino para apretar al INE por vías diferentes a las de la reforma constitucional. Si no se logra el objetivo máximo, entonces al menos se crean condiciones para intentar reducir el financiamiento del Instituto, obligarlo a fusionar áreas sustantivas -minando su sólida estructura profesional- y quitarle todos los dientes posibles en materia de vigilancia, sobre todo en lo relativo al financiamiento de partidos y campañas. En otras palabras, para no tumbar al árbitro, pero crear condiciones para un proceso electoral inequitativo, distorsionado por los grandes flujos de dinero no vigilado que correrían en las campañas.

Y además está el asunto de la renovación de cuatro miembros del Consejo General del Instituto, incluida la presidencia del mismo. La norma dice que los consejeros tienen que surgir por consenso entre los partidos representados en el Congreso, pero no debemos descartar la posibilidad de que se intente forzar una composición desequilibrada.

Lo que hay en el gobierno es una aversión al rigor y a la independencia con el que se ha conducido el INE. Por eso, con distintos aliados -incluidos los que se beneficiarían económicamente del fin a las restricciones y candados en las campañas- ha buscado torpedearlo.

Ese afán, y ese veneno, no se agotan en la propuesta de reforma constitucional. Va a continuar, pase lo que pase, durante todo lo que resta del sexenio. Y posiblemente, después de que López Obrador termine su mandato. En otras palabras, nuestra democracia estará en vilo por mucho rato.

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