El sector público restringido, llamémosle tradicional, es aquel que se reduce al gobierno y su estructura subordinada conocida como Administración Pública Federal. En México, este fue el principal eje de acción estatal a partir del 1917 consolidado con la reforma constitucional de 1982, en la que se hizo explícita la rectoría económica del Estado en los artículos 25 y 26, se determinó la exclusividad gubernamental en la dirección y gestión de las áreas estratégicas como la energía, los correos y la emisión de moneda y se consolidó formalmente el modelo de Estado social de derecho, desde el enfoque jurídico, o el Estado benefactor, desde el económico.

Paradójicamente, 1982 fue el año en que se hizo evidente la crisis fiscal y política del Estado benefactor, que se manifestó con una depresión económica y social de una década en América Latina y la implantación de políticas de rescate financiero y redimensionamiento del sector público restringido con base en procesos de descentralización de la gestión gubernamental a las instancias subnacionales y autónomas constitucionales, así como a los particulares a través de la concesión y la desincorporación de activos. En el caso mexicano, la atención de la salud y la educación básica se transfirió a los estados y las empresas públicas desincorporadas sumaron casi mil.

El discurso gubernamental adoptó la narrativa del consenso de Washington y las políticas de austeridad y racionalidad del gasto público, el equilibrio de las finanzas públicas y el creciente impulso a las asociaciones público privadas, en todas sus manifestaciones, integraron la estrategia para palear la crisis y mantener la rectoría del Estado y la ampliación de su intervención bajo la forma de regulación en muchos sectores y aspectos de la vida económica, social y política.

Esto se reflejó en un fenómeno llamado privatizador que tuvo dos tendencias: la primera fue la gestión no gubernamental de lo público y la segunda una ampliación de las áreas sujetas legislativa y administrativamente a la supervisión estatal. Estos procesos se expresaron en más de 150 decretos de reformas constitucionales, el artículo más modificado fue el 73 que amplió las facultades del Congreso de la Unión, y se crearon y consolidaron las autonomías constitucionales como contrapesos a la concentración de la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, que es un rasgo de los Estados sociales de derecho en el mundo.

Estos cambios jurídico-políticos originaron que los aparatos administrativos estatales se multiplicaran ajenos a la subordinación del gobierno con lo que se forjó un sector público amplio integrado por los órganos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, asi como los órganos constitucionales autónomos y los entes semi gubernamentales (Nuevo Derecho Administrativo, Valls-Matute, México, Porrúa, 2022). Asimismo, la gestión de lo público por los particulares tanto en lo político, lo económico y las actividades altruistas redimensionó el concepto de autoridad y la extensión de las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia a entes no estatales como partidos políticos, sindicatos, concesionarios, contratistas y colaboradores del gobierno, instituciones de asistencia privada, entre otros.

El sector público ampliado aumentó los centros de decisión política conformando una gobernanza en red, cuyo eje es el gobierno nacional, e hizo factibles y necesarias una mayor participación ciudadana y una coordinación de los entes públicos gubernamentales y no gubernamentales. Esto es una condición indispensable para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con el modelo de Estado abierto, a que se refiere Oszlak (CEPAl, 2017), toda vez que el concurso de varias visiones y funcionalidades basada en la profesionalización de las estructuras administrativas es la esencia del pluralismo estatal y político y la efectiva participación ciudadana.

En esta lógica, a cuatro décadas de que se hizo evidente la crisis del Estado benefactor, después de otra década perdida para Latinoamérica (2013-2023), según Jorge Mattar, ex Director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), el cuestionamiento con un ánimo prospectivo es reflexionar sobre la estructura estatal congruente con el modelo de Estado abierto, bajo la premisa que el regreso al burocratismo centralizado en los poderes ejecutivos o la autorregulación del mercado no son vías idóneas para impulsar un desarrollo incluyente y sostenible.

La posición del presidente López Obrador sobre la conveniencia de la desaparición de las autonomías constitucionales y su oposición a las determinaciones de la Suprema Corte y el anuncio de que presentará iniciativas de modificación constitucional que someta a todos los órganos del Estado a la voluntad del Pueblo plantea necesariamente el debate, no sólo sobre la existencia del sector público ampliado, sino sobre la viabilidad del modelo de Estado abierto en el siglo XXI frente al resurgimiento de las estrategias nacionales y gobiernistas del desarrollo, a las insuficiencias financieras del Estado benefactor y a las limitaciones del Estado regulador. Este es un debate que va más allá de las elecciones de junio de 2024. Vale.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios

Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales

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