La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Plan B
La suspensión en contra del “plan B”, otorgada por Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es una victoria para el INE, que interpuso una demanda de controversia constitucional contra las reformas en materia electoral promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas por mayoría simple tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores; pero también es una victoria para la institucionalidad democrática de nuestro país. Muestra que la división y equilibrio de poderes aún funciona.
No son ajenas a este logro las movilizaciones ciudadanas del 17 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023. Cientos de miles de mexicanos libres se lanzaron a las calles y plazas de muchas ciudades de la república y fuera del país para expresar su apoyo al INE y a la SCJN.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
En la contramarcha del 18 de marzo de 2023, el ataque fue contra la SCJN y en especial contra Norma Peña, ministra presidenta de la Suprema Corte: al mejor estilo nazi-fascista se quemó una efigie de ella. Fuera máscaras: la 4T es un proyecto antidemocrático, transexenal que busca imponer una tiranía bolivariana en México. Parte de la estrategia autoritaria es desacreditar a los ministros de la SCJN. López Obrador dijo, después de saber, que el plan B había sido suspendido, que “los distinguidos miembros” del Máximo Tribunal son parte de la “mafia del poder” y partidarios de la oligarquía. Incluso, afirmó que el Poder Judicial y el INE están en contra de su reforma electoral porque “su único dios es el dinero”.
Entrevistado, el pasado fin de semana, en su gira por Quintana Roo el jefe del Ejecutivo se explayó diciendo: “Pueden (suspenderla) porque es la misma mafia. Son iguales que Ciro (Murayama, consejero del INE), que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo.”
En teoría, la voz de la autoridad debería ser la voz de la razón. Sin embargo, aquí lo que se percibe en la voz de la sinrazón, del odio y el desatino. Comenzando porque nadie es dueño de la democracia. Como decía Guizot, la democracia es un talismán que únicamente surte efecto cuando todos los involucrados están reunidos en torno suyo, en paz y en paridad de circunstancias. La democracia no es el gobierno de la mayoría; más bien, es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría y que, incluso, suma a la minoría, a través del diálogo y el compromiso en la formación de las decisiones colectivas, es decir, las leyes. Convengamos en que no está en la naturaleza de AMLO la inclusión y el diálogo; más bien, su manera de proceder es excluyente e impositiva. El tabasqueño cree que es dueño de la democracia y que solo él tiene derecho a disponer de ella. En esas circunstancias el talismán—siguiendo la metáfora de Guizot—no puede funcionar. Como decíamos de niños: “préstame tu juguete, no sean malo.” Además, López Obrador cae en el mismo error que ya habíamos señalado en anteriores ocasiones: el gobierno de los ricos se llama “plutocracia”; la oligarquía es el mal gobierno de pocos que no respetan la ley y que actúan para el bien propio (Aristóteles, “La Política”, Libro IV, 1292b).
Respecto de la suspensión del plan B, como dice Jorge Traslosheros, debemos ser prudentes, porque ese plan B todavía tiene que pasar al pleno de la Sala Superior donde se reúnen los once ministros; para que sea desechado, definitivamente, deben reunirse ocho votos en contra.
Aun en el caso de que la decisión de la Suprema Corte le fuera adversa a López Obrador y a Morena, estos ya tiene preparado su “plan C”: está en puerta la renovación de cuatro posiciones en el Consejo general de INE, incluyendo la de Consejero Presidente que hoy ocupa Lorenzo Córdova. La cámara de diputados decidió formar quintetas para cada posición. Pues bien, resulta que El Comité Técnico de Evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política de la cámara de diputados la lista de finalistas para consejeros del INE. La quinteta para renovar la presidencia del Consejo General del INE está formada por mujeres vinculada con Morena: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, ambas hijas de Bertha Luján expresidenta del Consejo Nacional de Morena; Guadalupe Álvarez Rascón, exfuncionaria de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE e hija del senador por Morena, José Antonio Álvarez Lima y Verónica Rascón (Q.E.P.D.); Guadalupe Teddei Zavala, prima del super delegado de Bienestar en Sonora, Jorge Taddei y tía del director de la empresa LitioMX, Pablo Daniel Taddei (nepotismo descarado); Rebeca Barrera Amado, expresidenta del Organismo Público Autónomo Local (OPLE) de Baja California Sur, ligada al gobernador de Morena Víctor Manuel Castro Cossío. Por último, está Lulisca Zircey Bautista Arreola, asesora del INE, y esposa de Daniel Fajardo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del en gobierno de la Ciudad de México.
Si López Obrador estuviera tan seguro de que su partido podría ganar las elecciones de 2024, con base en las mismas reglas con las que él llegó a la presidencia de la república, no estaría armando este borlote; pero no es así, por eso está cometiendo esta clase de marrullerías. Las cosas no pintan bien para el futuro de la 4T, por eso López Obrador está desesperado.
Mail: jsantillan@coljal.edu.mx
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