La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) presentó a finales de mayo la Actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático – Visión 10-20-40, que es un instrumento de la política nacional para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía sustentable y de bajas emisiones de carbono, y que contiene los objetivos de adaptación y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París.
Durante la presentación, la titular de la SEMARNAT indicó que México emite alrededor de 758 millones de toneladas de bióxido de carbono al año y que la meta cuando acabe el sexenio es que esa cifra baje a 618 millones, una reducción de 140 millones de toneladas.
El documento se organiza en tres ejes o componentes principales: Adaptación, que implica la reducción de la vulnerabilidad o el grado en que los sistemas pueden verse afectados adversamente por el cambio climático, la variabilidad del clima y los fenómenos hidrometeorológicos extremos, lo que a su vez se consigue a través de tres enfoques: ecosistemas, comunidades y reducción del riesgo de desastres.
El componente de Política Climática Transversal involucra la participación social, financiamiento, transferencia de tecnología y creación de capacidades, políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros y el fomento a la investigación, entre otros mecanismos.
Finalmente, el componente de Mitigación es el que se refiere a la contención y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a los mecanismos de captura de carbono para evitar su efecto en el calentamiento global. De acuerdo con la Ley General de Cambio Climático, en este sentido se promueve el fortalecimiento de capacidades, se incentivan las acciones más limpias y se inhiben las que producen mayores cantidades de GEI.
De acuerdo con lo planteado en la actualización, se requiere una expansión masiva de energías renovables, principalmente eólica (viento) y fotovoltaica (solar), y que para 2030 serán las mayores contribuyentes a la generación de electricidad, resaltando la importancia de aumentar la capacidad instalada de energías renovables, la necesidad de expandir la capacidad de transmisión y la flexibilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Es decir, se requiere descarbonizar el sector energético para el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones a largo plazo.
Así, para el componente de Mitigación en el Sector Eléctrico, la Actualización de la Estrategia señala específicamente que la visión a 10 años requiere que los planes y programas de desarrollo nacionales implementen de forma prioritaria la transición hacia el uso de combustibles y tecnologías más limpias. Para el año 2040 es que se garantice el acceso a la energía asequible, segura y sostenible para la población, reduciendo las emisiones de la industria eléctrica para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales. Finalmente, la visión para 2060 es que la matriz energética del país se descarbonice y la industria eléctrica se consolide como un sector basado en tecnologías limpias, sustentables y económicamente viables.
Entre la serie de líneas de acción específicas de la estrategia, se pueden resumir las siguientes:
- Aumentar la participación de energías limpias en la generación eléctrica, bajo condiciones de confiabilidad, seguridad, calidad, continuidad y eficiencia, por medio de fuentes limpias y renovables, priorizando la energía solar y eólica.
- Fortalecer la integración óptima de energías renovables, reduciendo pérdidas energéticas y promoviendo el desarrollo de redes eléctricas inteligentes, sistemas de almacenamiento y otras tecnologías disponibles.
- Fomentar la participación pública y privada en la generación de electricidad con fuentes limpias y renovables, en las regiones del país con mayor potencial y viabilidad.
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la generación de energía mediante la sustitución de combustibles fósiles por energías limpias y bajas en emisiones.
Si bien durante el sexenio anterior se destinaron grandes cantidades de recursos a la infraestructura para el proceso de combustibles fósiles, tal como el caso de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco, y se desincentivaron o incluso se cancelaron algunos proyectos de energías renovables de la iniciativa privada, sería de esperarse que en la administración actual se retome la priorización de los proyectos de generación de electricidad a partir de energía solar y eólica, en concordancia con este ajuste a la estrategia nacional sobre cambio climático. Lo anterior sin olvidar que este tipo de proyectos son clave para la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y la sinergia con el sector privado para alcanzar el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia climática.
* USPAE-INECOL.