En una comunidad rural de Oaxaca, Elvira necesitaba saber si su hijo estaba inscrito en un programa de becas. La información estaba disponible en el portal de transparencia de la institución. Sin embargo, la computadora más cercana se encontraba a dos horas de caminata. El sistema le pedía datos que no tenía. El lenguaje era técnico, el archivo incomprensible. Elvira volvió a su casa sin respuesta.
La institución cumplió.
Ella no obtuvo nada.
Con este caso inicié, hace apenas unas semanas, un curso de gestión pública. No porque se trate de una situación excepcional, sino precisamente porque es ordinaria. En ella se condensa una de las formas más persistentes —y menos visibles— de desigualdad institucional: aquella que no viola la norma, pero vacía de contenido los derechos.
A casi veintitrés años de la muerte de Pierre Bourdieu, vale la pena recordarlo no como un autor de citas, sino como un pensador que nos enseñó a identificar las formas de dominación que no se presentan como tales. Entre ellas, una de las más eficaces es la que se ejerce sin coerción, bajo la apariencia de neutralidad, legalidad y correcto funcionamiento institucional.
Desde el punto de vista formal, no hubo incumplimiento. El derecho a la información estaba garantizado. Desde el punto de vista social, ese derecho fue inaccesible. Y cuando el acceso depende de competencias técnicas, tiempo disponible o capital cultural, el derecho deja de ser universal y se convierte en un recurso selectivo. No se niega: se filtra.
Aquí aparece un dilema central de la gestión pública contemporánea: ¿qué significa cumplir con la norma cuando las condiciones reales de quienes deberían beneficiarse de ella no son tomadas en cuenta? La respuesta habitual apela a la igualdad formal: la información está ahí para todos. Pero esa igualdad es ficticia cuando ignora desigualdades de partida profundamente arraigadas.
Bourdieu llamó violencia simbólica a este tipo de procesos. No hace falta prohibir ni excluir de manera explícita; basta con imponer una forma legítima de acceso que solo algunos pueden manejar. El lenguaje técnico, los formatos digitales, los procedimientos estandarizados no son neutrales. Funcionan como fronteras invisibles que separan a quienes “saben” de quienes quedan fuera sin saber siquiera por qué.
¿Cómo afrontar este dilema sin reducirlo a una cuestión de intenciones?
Una primera vía es desnaturalizar la técnica. Cada portal, cada formulario, cada requisito responde a decisiones concretas que podrían haber sido otras. Presentarlos como inevitables es ocultar su dimensión política. Una segunda es reconocer el papel del capital cultural en el acceso a derechos. Diseñar políticas como si todas las personas partieran del mismo punto no es neutralidad: es reproducción de la desigualdad.
Finalmente, es necesario desplazar el criterio de evaluación institucional. Cumplir no puede significar únicamente ejecutar procedimientos; debe implicar garantizar que los derechos sean efectivamente ejercibles. De lo contrario, el Estado —o cualquier organización— corre el riesgo de producir derechos formales que no transforman la vida de quienes más los necesitan.
Recordar a Pierre Bourdieu este enero no es un ejercicio académico. Es una invitación a mirar con mayor lucidez cómo operan hoy las desigualdades. Porque cuando una institución funciona perfectamente y, aun así, deja a personas como Elvira fuera del derecho, el problema no es individual. Es estructural. Y seguir llamándolo neutral es parte del problema.