“Rincón Acatitlán” es un mega desarrollo residencial, dentro del Área Natural Protegida en Valle de Bravo, el cual avanza sin las licencias municipales y autorizaciones federales en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, quienes “no lo encuentran”. Lo anterior en contravención del propio Decreto y Programa de Manejo del Área Natural Protegida Federal y decreto del Parque Estatal Santuario del Agua Valle de Bravo.
“Desde 2023, vallesanos se acercaron al Observatorio Ciudadano para hacer notar una obra de gran magnitud que se estaba construyendo en uno de los predios colindantes a la comunidad de Rincón de Estradas y que es notablemente visible en el cerro de la izquierda, saliendo del Ramal de Valle de Bravo, en dirección a la Ciudad de México”, señala un comunicado conjunto de diversas organizaciones civiles agrupadas, entre las que se encuentra el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco.
En su momento se llevaron a cabo varias solicitudes de información tanto a Semarnat como al Ayuntamiento de Valle de Bravo, solicitando copia de las autorizaciones para dicho desarrollo inmobiliario en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal y licencias de construcción, a lo que las autoridades respectivas confirmaron y siguen confirmando que no existen tales autorizaciones y licencias.
Una vez con esta información, en los primeros meses de 2023, se procedió a interponer las denuncias respectivas ante Profepa y ante las autoridades municipales.
“Las autoridades municipales desde ese momento y hasta la fecha continúan asegurando que no encuentran el predio u obra visible en el lugar”. Por su parte, añade el comunicado, Profepa llevó a cabo una visita de inspección con fecha 8 de agosto de 2023 en la que pudo constatar que la obra efectivamente existía y que se encuentra dentro del polígono del Área Natural Protegida federal.
En su misma acta de inspección asegura que el desarrollo comenzó desde febrero de 2023 y determinó una serie de daños visibles, entre ellos: “la remoción de la cubierta vegetal en una superficie de 6,572 m2. Además, se detectó la apertura de caminos de 1,250 metros de largo que afectó una superficie de 5,625 metros cuadrados, la construcción de un terraplén afectando 800 m2 y un puente de concreto de 21 metros de largo que afectó 147 metros cuadrados, todo realizado con maquinaria pesada.
En el comunicado, las organizaciones firmantes como el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco, Voz de la Naturaleza Valle de Bravo, Espacio Odisea, la Universidad del Medio Ambiente y el Consejo Civil Mexicano para la Sivicultura Sostenible, entre otras, señalan que la Profepa impuso multas y medidas de seguridad: sanción global de $37,999.50 MXN; la clausura total temporal de las obras y actividades; reparación del daño: se ordenó un programa de reforestación de 2.0 hectáreas con la plantación de 2,400 árboles de pino (Pinus Sp) y la entrega de informes semestrales por tres años para asegurar su supervivencia.
Adicionalmente impuso medidas correctivas como presentar autorización de Impacto ambiental dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, donde la Secretaría haya evaluado los daños producidos por actividades y obras ilícitamente; que el responsable haya realizado la compensación ambiental ordenada por la Secretaría mediante condicionantes. “Si no se presenta la autorización en el término establecido, deberá reparar el daño ambiental, por lo que deberá presentar en 20 días hábiles un Programa Ambiental”.
Es importante señalar que, para la ejecución de la reforestación la PROFEPA ordenó el retiro provisional de la clausura total temporal por un periodo de 30 días hábiles a pesar de que la reforestación no se llevaría a cabo en el predio ni estaba ligada a ningún aspecto sobre la construcción. Una vez concluido este plazo, la medida de seguridad de clausura volvería a surtir efectos hasta que se verificara el cumplimiento total de las obligaciones. “Sin embargo, el proyecto continuó su desarrollo sin acciones de verificación de PROFEPA. Aunado a lo anterior es importante señalar que la PROFEPA nunca sancionó en materia forestal, cuando la denuncia señaló esta irregularidad”.
AQUÍ ESTÁ.
En las últimas respuestas a solicitudes de información presentadas ante SEMARNAT y municipio de Valle de Bravo en 2026, las autoridades siguen confirmando que no se tienen en los archivos antecedentes de autorizaciones o licencias para el desarrollo en cuestión.
No obstante, lo anterior, fotos áreas muestran un avance considerable del predio tanto en la apertura de múltiples caminos como en la construcción de varias casas habitación que prácticamente han cubierto el cerro entero. Y no solo ello, sino que tanto en redes sociales como publicidad varia se publica el proyecto “Rincón Acatitlán” de grupo Akati y se ofrecen múltiples terrenos y casas habitación en un “exclusivo proyecto residencial ubicado en Acatitlán, que se distingue por su ubicación inmejorable, seguridad privada y exclusivas amenidades. Situado en un extenso terreno de 15 hectáreas de bosque, montañas y cañadas”.
Ante esta información, las organizaciones hacen un llamado a la presidenta Municipal de Valle de Bravo, la Dra. Michelle Núñez Ponce, así como a la directora de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Valle de Bravo a imponer las sanciones y medidas de seguridad correspondientes, así como dotar a su personal de la infraestructura y recursos correspondientes para una adecuada gestión en materia de inspección y vigilancia a fin de prever obras y actividades ilegales que atenten contra la normatividad ambiental y de usos de suelo.
También solicitan a la Procuraduría De Proteccion Al Medio Ambiente PROPAEM llevar a cabo las acciones correspondientes en materia de inspección y vigilancia por las violaciones al decreto y zonificación del Parque Estatal Santuario del Agua del Valle de Bravo.
“A la Delegación de la PROFEPA en el Estado de México, a llevar a cabo la verificación de las medidas de seguridad y correctivas impuestas de las obras determinadas en el acta de inspección correspondiente, así como de las nuevas que se han dado de dicha fecha a la actualidad, y en particular aquellas violaciones en materia de cambio de uso de suelo forestal; así como dar parte a la Fiscalía especializada en delitos ambientales por la posible existencia de delitos ambientales.
“A la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de México, a tomar nota de los sucesos para evitar regularizaciones sobre predios con procesos administrativos y en contravención a la normatividad ambiental.
“A la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de la Contraloría del Estado de México y Contraloría Municipal de Valle de Bravo la apertura de la investigación correspondiente por la probable constitución de responsabilidad administrativa de funcionarios públicos”.