Los contrapesos: ¿vigilar u oponerse?
En los últimos años, el debate público en México ha estado marcado por una palabra que aparece con frecuencia: contrapesos. Se habla de ellos cuando se discute la independencia de los organismos públicos, el papel del Poder Judicial o la autonomía de algunas instituciones del Estado. Incluso llegó a confundirse con espacios de poder asociados al llamado periodo neoliberal. La idea parece simple: los contrapesos existen para evitar abusos de poder. Sin embargo, en medio de la polarización política, el concepto ha empezado a confundirse.
En la conversación pública, y más en algunos espacios políticos, muchas veces se ha interpretado el contrapeso como oposición automática. Como si su función fuera decir “no” a todo lo que haga un gobierno. Sin embargo, en la realidad, un contrapeso democrático no está diseñado para bloquear ni para confrontar por principio. Su función busca equilibrar el poder democrático. Su tarea consiste en observar, analizar, preguntar y exigir explicaciones cuando las decisiones públicas no son claras o cuando los resultados no corresponden con lo prometido.
No confundamos contrapeso con oposición; la diferencia es importante. El rol esperado de un opositor es buscar sustituir al gobierno y demostrar que podría hacerlo mejor. En cambio, un contrapeso, no compite por el poder. Busca que el poder se ejerza de manera responsable y genere resultados en beneficio de la población. Creo que hay un sentido social en el contrapeso.
Su papel es poner las cartas sobre la mesa, exigir transparencia, claridad en las decisiones, evaluación, mejores resultados, o rendición de cuentas. Pero también implica algo más complejo: contribuir a que las instituciones mejoren. Porque un contrapeso efectivo no se limita a señalar errores; también debe ayudar a construir soluciones. Y en esa tarea, hay un actor que en ocasiones puede pasar desapercibido porque siempre ha estado ahí, las Universidades.
La universidad como conciencia crítica
Tradicionalmente, el papel de la universidad frente al poder público ha sido de observador crítico. Su función ha sido generar conocimiento, formar profesionales y analizar los grandes problemas de la sociedad. Y durante mucho tiempo, ese papel se entendió como una tarea principalmente intelectual: investigar, publicar y debatir ideas. Sin embargo, el mundo ha cambiado y ya no es suficiente.
Hoy sabemos que los problemas públicos, pobreza, desigualdad, violencia, cambio climático, son demasiado complejos como para resolverse únicamente desde la política o únicamente desde la academia. Por un lado, se ha hecho evidente que el conocimiento académico no puede permanecer aislado de la realidad; las investigaciones tienen más sentido cuando influyen en las decisiones que afectan la vida de las personas, y por el otro lado, también es más que evidente que la evidencia, los datos y el análisis riguroso se ha vuelto indispensable para diseñar políticas públicas que funcionen y den resultados.
Por ello, conviene que las Universidades tengan un rol más activo en las políticas públicas, ya no solo generando conocimiento, sino también buscando incidir en las decisiones públicas. Esto no significa sustituir al gobierno ni competir con él. Significa algo más ambicioso: conectar el conocimiento con la acción pública, lo que va mucho más allá de solo poner el conocimiento al servicio del interés público.
De la vigilancia a la colaboración
La relación entre academia y gobierno ha adoptado formas muy distintas a lo largo del tiempo. En algunos casos predomina un enfoque de vigilancia y control social, donde las Universidades y organizaciones analizan las políticas públicas, denuncian irregularidades o documentan fallas institucionales. Este enfoque ha sido fundamental para combatir la corrupción, defender derechos o exigir transparencia.
Pero ese no es el único modelo posible. En los últimos años ha surgido la idea de impulsar más la colaboración para mejorar políticas públicas, y esto implica conectar la evidencia con la acción pública. En este enfoque, la Universidad no solo critica o supervisa. También produce datos, evalúa programas, prueba o verifica soluciones y acompaña a las instituciones en la implementación de las intervenciones.
Pasamos de una lógica de estudiar los fenómenos desde la trinchera, a una lógica de cogeneración de conocimiento. Y por fortuna, ya existen múltiples ejemplos en el mundo: iniciativas de gobierno abierto, presupuestos participativos, centros de evidencia o laboratorios de políticas públicas, consejos consultivos, comités técnicos, entre otros casos. Todos ellos han surgido de la interacción entre academia, sociedad civil y gobierno.
La evidencia como derecho ciudadano
De hecho, las democracias contemporáneas enfrentan un problema silencioso: demasiadas decisiones públicas se toman con información incompleta, con datos débiles o con diagnósticos que responden más a intuiciones políticas que a evidencia verificable. Y, además, en contextos de alta polarización, esta tendencia se agrava. Las políticas públicas terminan guiadas por narrativas, presiones coyunturales o cálculos electorales de corto plazo, mientras los datos y la evidencia quedan relegados a un segundo plano.
Gobernar bien exige algo más que voluntad política; requiere conocimiento e información que permita entender qué políticas funcionan y cuáles no. Por eso, el papel de la evidencia se ha vuelto central para las democracias del siglo XXI. Datos confiables, evaluaciones rigurosas y análisis independientes permiten responder preguntas básicas pero decisivas: ¿qué programa funciona mejor para reducir la pobreza?, ¿la estrategia de seguridad disminuye la delincuencia?, ¿la política educativa está generando mejores aprendizajes? Sin este tipo de información, las políticas públicas corren el riesgo de convertirse en experimentos improvisados.
En este contexto emerge una idea que debería ocupar un lugar central en el debate público: la evidencia es también un derecho ciudadano. Así como los ciudadanos tienen derecho a la información pública, también deberían tener derecho a que las decisiones que afectan su vida se basen en información verificable y análisis serio. Esto implica que las decisiones públicas e información de las intervenciones sea accesible, comprensible y verificable. Significa también que la información no puede manipularse para justificar decisiones previamente tomadas.
Es ahí donde la Universidad puede desempeñar un papel fundamental como puente entre el conocimiento técnico y la acción pública. Ese puente es más necesario que nunca. Muchos estudios rigurosos terminan archivados en bibliotecas o en revistas especializadas cuyo lenguaje dificulta que los responsables de política pública o la ciudadanía puedan aprovecharlos. La evidencia se produce, pero no siempre se utiliza.
Por ello, uno de los grandes retos de la academia contemporánea consiste en conectar el conocimiento con la acción pública. Cuando esto ocurre, se genera algo más que información: se genera aprendizaje institucional. Las políticas públicas dejan de ser respuestas improvisadas y comienzan a convertirse en procesos de mejora continua, donde las decisiones se ajustan a partir de la evidencia disponible.
Este cambio redefine el papel de la universidad dentro de la democracia. Durante mucho tiempo, el contrapeso académico se expresó principalmente a través de la crítica. Ese papel sigue siendo necesario y saludable para cualquier sistema democrático, pero hoy sabemos que criticar no basta. La complejidad de los problemas públicos exige construir soluciones colectivas. Esto implica pasar de un contrapeso meramente vigilante a una rendición de cuentas colaborativa, en la que el conocimiento contribuye a mejorar las decisiones públicas sin renunciar a su independencia crítica.
Cuando academia, gobierno y sociedad civil logran trabajar juntos, se amplían las posibilidades de diseñar políticas más efectivas, transparentes y responsables. Al final, el objetivo es simple y claro: mejorar las políticas públicas.
Las democracias del siglo XXI necesitan contrapesos institucionales, sí. Pero también necesitan espacios de aprendizaje colectivo donde el conocimiento se convierta en acción pública. Porque, en última instancia, el verdadero contrapeso de una democracia es su capacidad de aprender, corregir y mejorar.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericanas, CDMX