Se trata de blindar la ley contra el uso estratégico y fraudulento de la identidad de género para evadir responsabilidades o usurpar espacios de representación —
Bajo la premisa de que el dictamen de reforma que pretende aprobar vulnera la certeza jurídica y fractura la estabilidad del estado civil, Red Familia exigió al Congreso de Querétaro rechazar el reconocimiento de la identidad de género por vía administrativa.
La organización denunció que en sus términos actuales, el proyecto altera la estructura de las relaciones familiares y compromete los derechos de terceros.
Ante este escenario, el organismo ciudadano advirtió que la propuesta representa una modificación de fondo que desarticula los principios fundamentales del ordenamiento civil mexicano.
Red Familia explicó que “elevar la autopercepción como criterio único para modificar actas de nacimiento y documentos oficiales vulnera la certeza jurídica, altera el estado civil del individuo, la estructura de las relaciones familiares y los derechos de terceros”.
Los puntos críticos de la advertencia resaltan inseguridad jurídica porque la pretendida modificación de documentos fundamentales bajo criterios subjetivos podría desarticular la trazabilidad legal en procesos de parentesco, sucesiones y obligaciones civiles.
Red Familia resaltó que la redefinición del Orden Civil trasciende lo individual e impacta el marco legal que sostiene a la institución familiar como núcleo social.
El documento que analizarán los legisladores implica un escenario con alcances imprevistos porque, de ser aprobada bajo este esquema administrativo, la reforma podría generar vacíos legales con alcances mucho mayores y más complejos que los planteados en la exposición de motivos original.
Red Familia advirtió que la reforma pretendida carece de salvaguardas mínimas para evitar el fraude a la ley.
Para sustentar su preocupación, el organismo recordó precedentes documentados en México donde el cambio de identidad de género fue utilizado como una herramienta para obtener ventajas electorales o procesales de manera indebida.
Simulación y Abusos
El organismo afirmó que los casos de suplantación no son supuestos, sino realidades registradas por las autoridades electorales.
De esta forma recordó que en Oaxaca, en 2018, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) canceló 17 candidaturas de hombres que fingieron ser mujeres trans para burlar el principio de paridad de género.
Otro caso fue en Tlaxcala, cuando en 2021 colectivos de la diversidad sexual denunciaron la inscripción de 18 hombres bajo la figura de identidad femenina para eludir los requisitos legales de paridad en los comicios.
Blindaje Preventivo
Ante estos antecedentes, la asociación sostuvo que cualquier reforma en la materia debe abandonar el carácter meramente administrativo para incorporar candados mínimos que garanticen la transparencia y la justicia.
Planteó cláusulas antifraude para sancionar el uso estratégico de la identidad en perjuicio del orden público; trazabilidad reservada con mecanismos que permitan rastrear el historial civil de una persona sin vulnerar su privacidad, para garantizar la certeza jurídica de terceros.
También propuso control judicial con intervención de un juez en casos específicos para validar la legitimidad de la solicitud y proteger los derechos de la familia y acreedores; y protección de derechos de terceros con salvaguardas que impidan que el cambio de identidad sea utilizado para evadir pensiones alimenticias o responsabilidades penales.
Señaló que el Poder Judicial de la Ciudad de México planteó que el cambio de identidad no exime de responsabilidades legales previas, lo que refuerza la importancia de garantizar mecanismos que mantengan la trazabilidad jurídica y eviten posibles abusos.
La organización explicó que reconocer estos riesgos “no es un acto de exclusión, sino de responsabilidad legislativa para evitar que un derecho se convierta en un instrumento de impunidad o ventaja procesal”.
Llamado al Congreso y Gobernador
Finalmente, el organismo ciudadano exhorta al Poder Legislativo de Querétaro a realizar un análisis profundo que priorice la protección del tejido social y la estabilidad del estado civil por encima de procedimientos simplificados que carecen de las salvaguardas judiciales necesarias.
“Exhortamos al Congreso para que el tema sea discutido con la participación de especialistas en derecho civil, derechos humanos, y reiteramos que el marco legal vigente en Querétaro no ha sido declarado inconstitucional, por lo que no existe una obligación jurídica inmediata que justifique una reforma de esta magnitud”, concluyó.
Círculos empresariales y sociales mencionaron que si el Legislativo insiste en una modificación contraria a la niñez, el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, puede ejercer su facultad constitucional a emitir observaciones y vetar la ley.
De esta forma podría detener reformas que dañan a la infancia y las familias; “no permita que Querétaro pierda su brújula moral y legal, usted ha mantenido un compromiso firme con la defensa de la infancia y la familia a través de la Ley Kuri; hoy le pedimos que sea coherente con ese legado y proteja a los niños de esta imposición ideológica”, señalan los organismos sociales en la plataforma Actívate.
Red Familia alerta sobre Simulación y Vacíos Legales en reformas de Identidad de Género