No es común escuchar la palabra instrumentalización en el espacio público. Es un término que vive casi siempre dentro de los seminarios de filosofía social, en esa larga conversación que va de la Escuela de Frankfurt a Charles Taylor y que, con distintos nombres y matices, ha ido diagnosticando el mismo fenómeno: el peso creciente de la razón instrumental en la vida moderna. Rara vez, sin embargo, sube a una tribuna parlamentaria. Por eso llama la atención que el pasado 17 de septiembre, en un pleno de política general del Parlamento Vasco, el lehendakari Imanol Pradales la usara sin rodeos para describir lo que ocurre en Ceuta: “asistimos a la instrumentalización de la migración y del drama humano como un elemento más de la geopolítica.” Dicho de otro modo: un político, en pleno debate institucional, resumió en una frase lo que a la teoría crítica le ha tomado décadas argumentar con rigor.
Vale la pena detenerse en esa frase, porque detrás de ella hay una crisis muy concreta y, también, una pregunta muy antigua.
Lo concreto es esto: el 30 y 31 de julio, entre 60.000 y 80.000 personas cruzaron de forma irregular hacia Ceuta en menos de 48 horas, tras difundirse en redes sociales —Facebook, WhatsApp— el rumor falso de que España “había abierto sus fronteras”, una lectura torcida de una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que en realidad solo prohibía las devoluciones inmediatas en frontera marítima. Las autoridades españolas y marroquíes culparon a las mafias de tráfico de personas; Marruecos, por su parte, guardó un silencio institucional que solo se rompió a medias, mientras medios cercanos a Rabat calificaban a Ceuta y Melilla de “territorios ocupados”. Los muertos confirmados rondan los 67; las cifras que circulan después, como la que cita el propio Pradales, hablan de más de 140. Italia suspendió unilateralmente Schengen con España. Y en medio de todo esto, cerca de 2.600 menores no acompañados siguen varados en una ciudad con capacidad real para 29, a la espera de un reparto hacia otras comunidades autónomas que el gobierno central exige como obligatorio y que regiones gobernadas por el PP y Vox —Madrid, Baleares, Aragón, entre otras— se niegan a asumir, pese a que el Real Decreto 2/2025 lo establece como vinculante. Al ritmo actual de traslados, Ceuta tardaría casi cuatro años en resolver algo que exige respuesta en semanas. Mientras tanto, Feijóo “europeíza” la crisis —tres visitas a Ceuta, reuniones con comisarios europeos, un viaje a Bruselas el 21 de septiembre junto a Manfred Weber— en una disputa de relato con Vox por quién representa mejor la mano dura frente a la migración.
Ahí es donde la palabra de Pradales deja de ser una frase feliz de discurso y se vuelve, creo, un diagnóstico exacto. Porque lo que describe no es solamente una gestión torpe o tardía —que también lo fue— sino algo más profundo: la migración, y con ella cada persona concreta que la protagoniza, ha dejado de ser tratada como un fin en sí misma para convertirse en medio de otra cosa. Medio de una pugna electoral entre PP y Vox. Medio de una estrategia de posicionamiento europeo. Medio de un pulso territorial entre Madrid y las comunidades autónomas. Medio, incluso, de una narrativa geopolítica marroquí sobre soberanía. Kant nos advirtió hace más de dos siglos que la dignidad consiste precisamente en no ser tratado nunca solo como medio. Weber, ya en el siglo XX, describió cómo la vida moderna se organiza cada vez más en torno a lo que llamó una “acción racional con arreglo a fines”: calcular con precisión los medios más eficaces para un objetivo, sin detenerse a examinar el objetivo mismo. Horkheimer y Adorno, retomando ese diagnóstico, le dieron nombre a su versión más inquietante: “razón instrumental”, esa forma de racionalidad que sabe calcular con enorme eficacia los medios pero ha perdido la capacidad —o el interés— de preguntarse por los fines. Un niño de doce años esperando en un centro saturado de Ceuta no es, en ese cálculo, un niño: es una cifra en una negociación presupuestaria, una pieza en un mapa de reparto, un argumento en un debate sobre soberanía territorial.
Axel Honneth diría que ahí no hay solo un problema de distribución de recursos —cuántos menores le tocan a cada comunidad—, sino una herida más honda: una falta de reconocimiento. Porque reconocer a alguien no es solo repartirle una cuota de atención institucional; es tratarlo como sujeto capaz de reclamar, y no como objeto sobre el que se decide. Cuando la migración se vuelve, en palabras de Pradales, “un elemento más de la geopolítica”, lo que se está negando no es únicamente un servicio o un recurso: es la condición misma de sujeto de quienes cruzan esa frontera.
Hace algunos años, junto con mi colega Luis Xavier López-Farjeat, sostuvimos en un artículo sobre asilo grupal algo que hoy vuelve a ser urgente: que los Estados tienen, sí, derecho a controlar sus fronteras, pero que ese derecho no es absoluto, porque existen deberes éticos hacia otros seres humanos que trascienden —y limitan— la soberanía. Ahí revisábamos y descartábamos las justificaciones habituales para cerrar fronteras ante un asilo masivo: no es el nacionalismo cultural, porque la evidencia muestra que las comunidades migrantes se integran; no es la seguridad, porque los datos no sostienen que la migración incremente la criminalidad; no es tampoco el utilitarismo económico, que discrimina de entrada a quien no puede demostrar “aportar” lo suficiente. Proponíamos, en cambio, complementar la solidaridad liberal con una ética del cuidado —heredera, también, de la ética del reconocimiento de Honneth— que no elimina la soberanía estatal, pero sí la subordina al bienestar y la dignidad de quien llega. No es una ética ingenua: no niega que España, Ceuta o cualquier comunidad autónoma tengan intereses legítimos que ponderar. Pero insiste en que esos intereses no pueden ser el único criterio, ni el niño migrante puede ser solamente una cifra en esa ponderación.
Quizás por eso conviene que la palabra instrumentalización haya salido del seminario y se haya dicho en voz alta desde una tribuna política. No porque resuelva nada —no reubica a un solo menor, no acelera ningún reparto—, sino porque nombrar bien un problema es, casi siempre, el primer paso para no acostumbrarnos a él. Y porque ya existe, afortunadamente, un vocabulario ético —el del cuidado, el del reconocimiento— capaz de devolverle a cada persona migrante el lugar de fin, y no de medio, que la dignidad exige.
Instituto de Humanidades, Universidad Panamericana