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Develan “triquiñuelas” de industria chatarra para influir en el gobierno mexicano

Investigación expone cómo la industria usa Asociaciones Público-Privadas para manipular políticas orientadas a la salud · Presentan resultados en conferencia de El Poder del Consumidor

el poder del consumidor

Las Asociaciones Público-Privadas han funcionado como operadoras de los intereses de la industria.

Las Asociaciones Público-Privadas han funcionado como operadoras de los intereses de la industria.

Empresas como Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé incidieron en la implementación de programas de salud, alimentación y nutrición en México en, al menos, el periodo de 2012 a 2018, de acuerdo con la investigación Asociaciones Público-Privadas en México: Implicaciones para la Gobernanza en Salud Pública de Nutrición liderada por la doctora Ángela Carriedo de World Public Health Nutrition Association (WPHNA).

La investigación muestra cuatro programas gubernamentales en los cuales tuvieron una participación activa en la implementación y evaluación de dichos programas a través de Asociaciones Público-Privadas (APPs).

La investigación resalta cuatro APPs, 1) “Centros de Hidratación” patrocinados por Coca-Cola, con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud; 2) “Agua, Saneamiento y Salud”, un proyecto de alcance nacional promovido por PepsiCo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Nacional del Agua; 3) “Ponte al 100”, una iniciativa lanzada por Coca-Cola con la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); y 4) “Nestlé por niños saludables/Nutrir” un proyecto promovido por Nestlé con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.

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“En todo el proceso de políticas de nutrición y alimentación, la industria ha tenido un constante involucramiento, y ha sido la norma hasta hace poco, que se empezó a ver como algo negativo”, dijo en conferencia Ángela Carriedo. “De Felipe Calderón a la fecha, trabajos como el del Poder del Consumidor y el de la Alianza por la Salud Alimentaria, han dejado entender que esto no es correcto y no debería suceder, por lo que han sido implementadas políticas como las del etiquetado frontal, impuesto a refrescos etc”, añadió.

El estudio “Asociaciones Público-Privadas en México: Implicaciones para la Gobernanza en Salud Pública de Nutrición” señala que una de las muchas estrategias utilizadas por las industrias transnacionales de alimentos y bebidas es participar en APPs en las políticas y programas que tienen como objetivo mejorar la salud, la nutrición y el acceso al agua. Éstas reflejan un conflicto de intereses inherentes para tales industrias, pero se han enmarcado como acciones de responsabilidad social empresarial y no se perciben comúnmente como una amenaza a los esfuerzos de salud pública, agrega.

Estas APPs descritas en el documento tenían tres mecanismos de operación, 1) El sector privado se suma a una acción pública, pero solo para una parte específica o fase de ejecución del programa (también enmarcado como donaciones); 2) El sector privado presenta un proyecto en sus propios términos. El socio público tiene muy poca influencia en el diseño, pero tiene libertad de acción (para ejecución); y 3) El sector privado es el principal diseñador, ejecutor y tomador de decisiones. El gobierno se convierte en un instrumento para el logro de los objetivos corporativos/privados.

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Otras medidas pendientes son la publicidad, regulación en las escuelas e impuesto a estos productos.

Los resultados encontrados resaltan que, las APPs examinadas contaban con mínima información pública disponible sobre su duración, evaluación, impacto y gobernanza, es decir, se evidencia la opacidad en los procesos de participación de las industrias, además, la gobernanza en torno a las APPs estudiadas fue débil. No se siguieron principios claros, de manera consistente y transversal entre los socios, incluyendo los de rendición de cuentas, transparencia, equidad, participación, integridad y credibilidad, entre otros. No se tuvo acceso, como lo establece la ley, a la operación de los recursos públicos. Sin embargo, estas APPs funcionaron como estrategia de publicidad por parte de las marcas hacia los beneficiarios de los programas y en sus reportes de responsabilidad social empresarial que forman parte del maquillaje corporativo.

“Las APPs se están perpetuando como formas de gobernanza complejas que dejan de un lado la participación de los beneficiarios y puede haber posibles violaciones de los derechos humanos, además de que no sabemos quién es responsable de qué”, enfatizó Carriedo. “Las APPs con la industria de alimentos ultraprocesados aumentan la desconfianza en agencias públicas. Si vemos una junto con Coca-Cola y la Secretaría de Salud es probable que no confiemos en ellas”.  

RECOMENDACIONES

Las autoras (es) del estudio hacen hincapié en distintas recomendaciones internacionales para blindar las políticas y programas de salud de la participación del sector privado, en las que se encuentran:

1. Evitar por parte de las instituciones públicas el involucramiento con corporaciones nacionales o transnacionales de alimentos y bebidas, particularmente las APPs de alimentación, nutrición y acceso al agua.

2. Las entidades públicas deben buscar soluciones de financiación alternativas para los programas y proyectos relacionados con la alimentación, la nutrición y el acceso al agua.

3. En general, mejorar normas y regulaciones nacionales sobre transparencia fiscal y sobre prácticas no promocionales en casos de participación en APPs.

4. Garantizar que el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuada esté protegida frente a cualquier interés comercial cuando el gobierno realice acuerdos con socios privados.

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