Academia

Publica el DOF nueva Ley de Ciencia; los productos ahora serán del Estado

El decreto entra en vigor por lo que desde hoy la ciencia tiene otro esquema desde su operación hasta la propiedad de los productos  

En Peligro la investigación en México

El Conacyt no desaparce, sólo se le agrega una

El Conacyt no desaparece, sólo se le agrega una "h", lo que desaparece es un esquema de hacer ciencia en el país.

La cuestionada e impuesta en el Congreso de la Unión Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, fue publicada el lunes por la tarde en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor.

Con su publicación termina una forma de hacer ciencia en el país, porque no se trata del fin del Conacyt, porque a este título solo se le agrega una "h"  para quedar Conahcyt, sino que en realidad se controla la libertad para hacer ciencia, la entrega de recursos sólo a los proyectos que se consideren prioritarios, la toma de los productos para el gobierno y no para los investigadores, entre otros puntos.

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En este último punto, lo establece así el Artículo 90. El Consejo Nacional determinará los criterios y los porcentajes conforme a los cuales el personal adscrito a los Centros Públicos bajo su coordinación podrá participar de los excedentes de ingresos propios, así como, por un periodo determinado, en las regalías que resulten de aplicar o explotar derechos de propiedad intelectual, que surjan de actividades de vinculación realizadas por los Centros Públicos. Lo anterior con sujeción a lo previsto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y en las prestaciones de carácter laboral que en su caso correspondan al personal.

El decreto señala que “se expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal de las entidades paraestatales y de la ley de planeación”.

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Por otra parte, académicos de diversos Centros Públicos de Investigación y universidades del país han comenzado su asesoría legal para ampararse ante la nueva ley, que vulnera su derecho humano a la libertad de investigación. 

A partir de la publicación de la ley general en el DOF, los académicos que así lo deseen pueden buscar un amparo en los próximos 30 días, por lo cual diversos grupos han informado a este diario, están organizando la estrategia legal para asentar un antecedente ante lo que delibere en el futuro la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos argumentos para anular la primera parte del plan B de la reforma electoral del Poder Ejecutivo serían los mismos para ésta y otras leyes aprobadas por Diputados y Senadores en días pasados, una mala práctica legislativa.  

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