Por más buena o mala que haya sido su educación, todos los mexicanos del presente saben que en 1847 nuestro país fue invadido por tropas estadunidenses, en lo que era un brutal proyecto expansionista. También saben que, a raíz de aquella invasión, México perdió más de la mitad de su territorio, que se transformó en posesión de Estados Unidos. Lo que se conoce mucho menos es que los acuerdos decimonónicos por los cuales la Unión Americana logró expandir sus fronteras implicaban cuestiones de pagos y cuentas a saldar que, lo que son las cosas, son todavía hoy cabos sueltos en la larga y compleja relación.
En el proceso por el cual se concretó esa pérdida de territorio no fue solamente la coyuntura de la invasión la que generó estos cabos sueltos y esos gestos que, en su momento, fueron claras humillaciones para el gobierno mexicano. La presión por hacerse de territorio mexicano fue extendida por Estados Unidos hasta 1853, cuando a la pérdida derivada del enfrentamiento militar de 1847, se sumó una operación de compraventa del territorio conocido como La Mesilla. Entre 1848 y 1853, el gobierno estadunidense se comprometió a pagar a México un total de 25 millones de dólares, una parte como “compensación” inmediata posterior a la invasión, y otra parte como un pago, a secas, por la adquisición de un terreno enorme.
No todo ese dinero llegó a las exhaustas arcas mexicanas.
EL TRATADO DE GUADALUPE HIDALGO Y EL DRAMA DE LA POBREZA
La historia de las primeras décadas de vida del México independiente son historias de pobreza y penuria. Afectada la economía de la vieja Nueva España por la guerra de independencia, la joven nación no halló mejor manera de arrancar su existencia que endeudándose, y firmó préstamos que casi se volvían humo no bien llegaban al erario. Aquellas deudas provocaron problemas y angustias sin fin entre sucesivos ministros de Hacienda mexicanos, y lo que se firmó en tiempos del primer presidente, Guadalupe Victoria, la muy famosa “deuda inglesa”, logró pagarse hasta la gestión de Porfirio Díaz, cuando ya había sido la causa de por lo menos dos moratorias, una invasión, la imposición de un proyecto expansionista europeo
En esa tónica vivió México durante casi todo el siglo XIX. En 1847 esas eran las condiciones de un país joven y sin dinero para proteger sus fronteras; mucho menos tenía condiciones para hacer frente a un invasor superior en materia de tecnología militar. Por un momento, hagamos a un lado las discordias internas, el pánico, la superioridad en términos de organización bélica. Simplemente, México carecía de dinero para resistir de manera eficaz la invasión estadunidense.
Por eso no hubo nada de extraño en la derrota. La historia de la invasión de 1847-1848 suele contarse desde el drama de la entrada de las tropas estadunidense al valle de México, y las dolorosas batallas en las cercanías de la capital. Pero el actual norte mexicano mantiene la memoria del avance, arrasador y despiadado de las fuerzas invasoras. Y por eso, parecería que el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que formalizó las condiciones de la derrota fue apenas cuestión de mero trámite.
Sí… y no. Si bien los mexicanos aprendimos en nuestros años de primaria que la mitad del territorio nacional pasó a ser parte de Estados Unidos, pocos saben que esa expresión involucra, completos, a los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y parte de los estados de Colorado Wyoming, Kansas y Oklahoma. Texas ya se había separado de México y asociado a Estados Unidos antes de la invasión, pero el acuerdo consolidó la pertenencia de la tierra texana al país en expansión. Pero el tratado, firmado en la villa de Guadalupe Hidalgo, que en 1848 era una población cercana a la ciudad de México y que hoy es, concretamente, la villa de Guadalupe (de hecho, el tratado se firmó en la sacristía de la antigua basílica de Guadalupe), tiene otros detalles, entre ellos cuestiones de dinero que parecen burlas sangrientas, tanto por las condiciones en las que fue firmado, como por los términos que se plantearon.
Las cuestiones de dinero están consignadas en los artículos 12, 13, 14 y 15 del tratado. Un destacado historiador estadunidense, Peter Guardino, ha resumido aquel drama con una sola frase, bastante atinada: “México perdió aquella guerra porque era pobre”. Y en esa pobreza, nuestro país hubo de avenirse al contenido de estos artículos del Tratado de Guadalupe Hidalgo: El gobierno de Estados Unidos se comprometió a pagar a México la suma de 15 millones de dólares, planteando dos posibles formas de pago. Una consistía en el pago inmediato de tres millones de dólares -una vez que el Congreso estadunidense ratificara el acuerdo- y el establecimiento de un fondo con los 12 millones restantes, que produciría un interés anual de 6 por ciento, disponible para México una vez que hubieran transcurrido dos años de la ratificación del acuerdo. Naturalmente, decían los estadunidenses, se extenderían al gobierno mexicano los bonos correspondientes.
La segunda opción de pago consistía en la entrega inmediata de 3 millones de dólares, y el pago del resto, en abonos anuales de tres millones de dólares, con un interés de 6 por ciento. En ese caso, se entregarían al gobierno mexicano pagarés por las sumas anuales y sus intereses. El gobierno mexicano, que en el momento de la firma del tratado encabezaba Manuel de la Peña y Peña como presidente interino, decidió que más valía el dinero tan pronto como se pudiera obtener, y no esperarse los dos años a poder disponer del dinero depositado en Washington, que, quién sabe si de verdad les sería entregado. Era tal la penuria de los mexicanos, que, sin darle muchas vueltas al asunto, aceptaron la segunda propuesta.
Aún así, los primeros tres millones de dólares se tardaron un poco en llegar, porque el Congreso estadunidense ratificó el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 10 de marzo de aquel 1848, pero el canje formal de las ratificaciones ocurrió hasta el 30 de mayo del mismo año.
En un gesto que pretendía ser generoso, Estados Unidos se comprometió a pagar los reclamos que sus ciudadanos hicieran por afectaciones a sus propiedades y bienes, derivadas de la invasión hasta por 3.25 millones de dólares. Algunas fuentes estiman que esos reclamos llegaron a sumar hasta cinco millones de dólares. Un periódico estadunidense, borrando de un plumazo el drama de la invasión, llegó a celebrar el acuerdo de pagos, porque eso demostraba que el territorio no se ganaba por “la conquista”, sino por un acuerdo razonable entre naciones.
Efectivamente, los primeros tres millones de dólares llegaron a las arcas mexicanas. La mayor parte de las fuentes históricas señalan que, con seguridad, Estados Unidos sí pagó a México la suma de 6 millones de dólares, con los intereses correspondientes, de las cantidades estipuladas en el tratado de 1848. El resto de los pagos anuales se pierden y a veces se confunden con el pago de 10 millones de dólares entregados al gobierno de Antonio López de Santa Anna, que había regresado al poder, por la venta del territorio conocido como La Mesilla, un terreno de 76 mil 845 kilómetros cuadrados.
LA VENTA DE LA MESILLA O LA “COMPRA GADSEN”
Lo que en México se conoce como la venta del territorio de la Mesilla, es, para los estadunidenses, la “Compra Gadsen”, porque eso fue: una venta de “ajuste” a los términos de las nuevas fronteras entre México y Estados Unidos, que permitiera la expansión del proyecto ferroviario estadunidense. Esta adición amplió los territorios de los estados de Arizona y Nuevo México, quitándole territorio a lo que conocemos como los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua.
Si los términos del tratado Guadalupe Hidalgo resultaban una humillación para el pobrísimo gobierno mexicano de Manuel de la Peña, donde resultaba que Estados Unidos era hasta generoso y magnánimo por no obligar a nuestro país a costear los reclamos de estadunidenses afectados por la invasión, entre los cuales había algunos injustos y falseados, la historia de los diez millones de la venta de La Mesilla revela la miseria de la clase política de entonces. Fueron diez millones de dólares que exhibieron la voracidad y la incertidumbre ante el futuro de los políticos involucrados, desde el presidente Antonio López de Santa Anna hasta su representante en la Unión Americana, Francisco de Paula Arrangoiz.