Una compañía japonesa automotriz intenta un cambio revolucionario en el diseño de autos y fábricas, pues, adicional al principio básico de mejoramiento continuo (kaizen), propone reducir a la mitad los componentes de vehículos, y plantas rápidas y flexibles para ensamblarlos (kakushin).
Algo similar debería hacerse en muchos rubros de la administración gubernamental, y en particular en la hacienda pública, como queda claro de las discusiones del Paquete Económico 2007 en la Cámara de Diputados.
Sí, se requiere sobre todo ampliar la base de contribuyentes y no nuevas maneras de gravar más a causantes ya registrados, pero, al mismo tiempo, es necesario romper viejos moldes y recovecos de tratamientos especiales y exenciones de que está plagada nuestra legislación tributaria. Si individuos o empresas específicos lo necesitan, hay que exentarlos, o, aun, darles un subsidio, por una temporalidad prudente; igualmente, la promoción de ciertas actividades requiere estímulos fiscales temporales, pero todos deberíamos pagar impuestos, en la medida de nuestras capacidades reales. Otra cuestión importante, muy relacionada, es cómo y con qué eficiencia se ejerce el gasto público.
Ahí está la corresponsabilidad que nuestra Constitución otorga a la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de ingresos y de presupuesto que presenta el Ejecutivo. El cabildeo y la representación de intereses son por supuesto válidos y necesarios en una democracia, si bien la cuestión importante es que siempre se procesen los conflictos atendiendo en lo fundamental al interés más general. Pero no, resulta que cuando se tocan intereses corporativos específicos toda racionalidad se pierde.
Así, el pleno de la Cámara de Diputados dio largas a la votación urgente de la propuesta del Partido Alternativa para reducir del presupuesto de los partidos políticos 538 millones de pesos.
La propuesta reducción del presupuesto de educación superior seguramente se revierte, vista la fuerte movilización del sector, causada, sobre todo, por una pifia legislativa. Pero eso no debería evitar la evaluación rigurosa y continua de los rendimientos de las instituciones públicas de educación superior; no cuántos egresados salen titulados, sino cómo sus habilidades y conocimientos sirven al desarrollo nacional e interés común; no para desaparecerlas o para sustituirlas por privadas, sino para garantizar los mejores resultados de la acción gubernamental, pues esas instituciones no están exentas de vicios y fallas en la mala utilización de recursos públicos, falta de transparencia, obras faraónicas.
El amplísimo sector informal no paga impuestos, con lo que de hecho está recibiendo un subsidio muy importante, pero indiscriminado, aunque existan barones de la economía informal que amasan fortunas. Se amenazan “lluvias de amparos” por una “miscelánea fiscal” que apenas va a producir un ingreso neto adicional de 7 mil mdp, al descontar de 20 mil 300 mdp el efecto de la reducción del ISR en personas morales.
Existen presiones para desaparecer el Impuesto sobre Tenencia de Autos (“fue una oferta de campaña”, dicen), y desconocer que todo propietario de un vehículo tiene una responsabilidad especial en contribuir a sufragar los inmensos gastos e inversiones necesarios para que el sistema de transportación funcione. Se ha argumentado que la producción de libros no debe gravarse, que los artistas deben tener un régimen especial, que el autotransporte de carga lo tiene, que las empresas agropecuarias también, con el criterio de que son actividades esenciales o de interés social. Pero la mayoría de las actividades productivas del país son importantes: ejercer la medicina, trabajar en una fábrica, en una tienda, en la burocracia, y los que las realizan están obligados a pagar impuestos, pues esa es la única manera de operar y mantener los bienes y servicios públicos de que la sociedad puede disponer, que, de otra forma, serán de una calidad ínfima o inexistente, como desafortunadamente sucede.
Son notables los efectos perniciosos de los refrescos, con su alto nivel calórico, en la salud de los mexicanos, pero, con el curioso retruécano de una industria tan poderosa, ahora resulta que ¡forman parte del consumo esencial de las clases pobres!
En cada partida del gasto público hay campo para aplicar el mejoramiento continuo, orientado a propósitos de buen gobierno pero desde ya hay algunas que tienen amplio margen de recorte: aparte los recursos de partidos políticos, otro rubro sería la propaganda que se hacen los tres poderes de los tres niveles de gobierno, inútil, poco ética, onerosa. Apenas descansábamos de la atosigante propaganda del gobierno anterior, cuando ya la nueva Presidencia de la República nos quiere convencer con palabras de lo buena que va a resultar, sin contar las campañas publicitarias del Senado, diputados, gobernadores, presidentes municipales, IFE, comisiones de derechos humanos; ¡hasta la UNAM se promueve así ya! No deberíamos permitir que los publicistas se apoderen de la política, y miles de millones de pesos se podrían ahorrar, si los diputados buscaran el mecanismo apropiado para que de las participaciones a Estados y Municipios y de los presupuestos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se dedujeran las cantidades que van a dedicar a “comunicación social” y propaganda, dejando sólo un pequeño porcentaje para campañas cívicas, sanitarias o de mejoramiento común.
En fin, en cuanto a eficiencia del gasto, aparte de las medidas de austeridad ejecutadas por el presidente Calderón, hay muchísima tela de dónde cortar.
Fe de erratas de artículo anterior: precio referencia barril petróleo 42.50 dólares, no 46.
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