¿Es ilegal que cambie una colonia? ¿Es injusto que suba la renta? ¿O es simplemente el mercado haciendo lo suyo?
La palabra “gentrificación” ha dejado de ser una idea académica para convertirse en un reclamo en las calles acompañado de marchas. En los últimos meses, la Ciudad de México, especialmente zonas como La Roma, Condesa, Juárez, Centro o incluso Coyoacán, ha sido escenario de protestas, carteles y tensión vecinal. Todo por un fenómeno que parece imparable: la transformación acelerada de zonas tradicionales, donde cada vez es más difícil mantenerse si no tienes ingresos específicamente en dólares.
Pero más allá de las noticias y las marchas, ¿qué dice realmente el Derecho sobre este tema?
¿Qué es la gentrificación y por qué ha explotado el debate?
Gentrificación es cuando la llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo provoca un cambio urbano y social que deriva en el aumento de precios, la transformación de los comercios a su alrededor, y los residentes originales se ven desplazados.
En CDMX, este fenómeno se ha acelerado con la llegada masiva de nómadas digitales, en su mayoría extranjeros, que rentan departamentos por estancias cortas o largas, muchas veces a través de plataformas como Airbnb, lo que ha causado que se eleven artificialmente los precios de la vivienda y ha modificado la dinámica vecinal.
En los últimos cinco años, el precio promedio de la renta en la Ciudad de México pasó de aproximadamente $12,000 pesos mensuales en 2020 a más de $17,600 pesos en 2025, lo que representa un incremento cercano al 46%, según datos de Inmuebles24, reportados por El Economista. En zonas como Roma y Condesa, los incrementos han sido aún más drásticos, de acuerdo con La Verdad Noticias, algunas rentas oscilan entre $35,000 y $44,000 pesos mensuales, incluso, La Silla Rota ha documentado que se están preparando planes de intervención en colonias como Roma, Condesa y Escandón para frenar los efectos del alza provocada por plataformas como Airbnb.
¿Es legal? Sí. ¿Es legítimo? No siempre.
Legalmente hablando, cualquier persona puede rentar su propiedad a quien quiera, ponerle el precio que desee y ofrecerla en plataformas como Airbnb es completamente legal, salvo que exista una norma específica que lo prohíba, como pasa en algunas ciudades europeas, por ejemplo, ciudades como Ámsterdam, Berlín y Barcelona han impuesto límites estrictos al número de días que una propiedad puede alquilarse mediante las plataformas.En algunas zonas incluso se han declarado áreas de residencia protegida, donde se prohíbe transformar viviendas tradicionales en alojamientos turísticos. Estas medidas buscan proteger la oferta habitacional para residentes permanentes y mantener el equilibrio social en los barrios más afectados. En México, eso no ocurre…aún.
Pero la pregunta incómoda es: ¿Dónde queda el derecho a la vivienda digna que reconoce el artículo 4º de nuestra Carta Magna? ¿Puede este derecho convivir con la libertad absoluta del mercado inmobiliario? ¿Debería el Estado intervenir cuando el acceso a la vivienda se vuelve un privilegio?
Lo que se puede regular (y no se está haciendo bien).
1.- La regulación de plataformas como Airbnb.
Algunos municipios han empezado a discutir medidas para limitar el número de días que una vivienda puede rentarse por medio de plataformas digitales, otros analizan incluso en crear un registro obligatorio, hemos visto que en la CDMX la discusión está en la mesa, pero aún sin resultados claros.
2.- Pactar aumentos de renta proporcionales a la inflación en los contratos.
El arrendamiento en México permite que los arrendadores y arrendatarios acuerden cómo se actualizará la renta. Una cláusula válida y vinculante puede establecer que el incremento anual se ajuste únicamente conforme al porcentaje de inflación (INPC), publicado por el INEGI. Esto protege al inquilino de aumentos arbitrarios y da certeza a ambas partes, sin embargo, pocas personas conocen que tienen este derecho y que pueden dejarlo por escrito desde el inicio del contrato.
Entonces ¿Qué puede y debe hacer el Derecho?
La gentrificación no es un delito, pero sí revela lagunas normativas, no se trata de prohibir la movilidad o criminalizar a quienes buscan una mejor calidad de vida en otro país, sino de equilibrar intereses, los de quien quiere invertir y los de quien solo quiere seguir viviendo donde siempre ha vivido.
Tal vez la pregunta no es si es legal o no, sino si el Derecho está preparado para proteger comunidades, no solo propiedades, porque cuando vivir en tu propia ciudad se vuelve un lujo, el debate no solo es social, sino también jurídico.
Estoy convencida de que el derecho, bien aplicado, puede equilibrar el desarrollo urbano con la justicia social. Regular no es frenar el progreso, sino permitir que este incluya a todos, y eso, desde el derecho, también es hacer justicia desde lo cotidiano.
Desde Derecho en Perspectiva, seguiremos explorando como las leyes (o su ausencia) impactan en la vida cotidiana de quienes habitan nuestras ciudades. Porque el Derecho no solo regula contratos, sino también puede proteger formas de vida.
Karina Santillán Cano es abogada y columnista legal ciudadana