¿Cuántas veces has marcado la casilla de “Acepto términos y condiciones” sin leer una sola línea? ¿O has firmado un contrato de renta, un crédito bancario o hasta la inscripción al gimnasio sin detenerte a revisar lo que realmente dice? Si te reconoces en estas escenas, no estás solo. La mayoría lo hacemos. Pero esa prisa, esa confianza ciega en “ya es un formato”, tiene un precio… y muchas veces es más alto de lo que imaginamos.
Los contratos están diseñados para proteger derechos y establecer obligaciones, pero en la práctica suelen convertirse en un terreno de desigualdad: quien redacta el contrato (casi siempre la empresa o el proveedor) tiene el poder de fijar las reglas. Tú, como consumidor o ciudadano común, te limitas a firmar o a hacer un simple click. Es un juego donde uno lleva todas las cartas y el otro se sienta en la mesa con los ojos vendados.
He visto demasiadas veces cómo esa firma “de rutina” termina en pleitos legales, cobros sorpresivos, cláusulas abusivas o renuncias a derechos que ni siquiera sabías que tenías; desde contratos de telefonía con penalizaciones exageradas, hasta rentas donde el inquilino acepta aumentos injustificados o créditos donde los intereses se disparan con una sola línea escrita en letra chiquita.
Lo irónico es que no leemos porque asumimos que son contratos “estándar”, cuando justo ahí está la trampa: en la letra pequeña. Esa que no se explica, que se oculta en tecnicismos legales y que, una vez firmada, se convierte en una obligación para ti, y aunque suene cruel, la falta de lectura no te exime de cumplir lo firmado. El Código Civil Federal, en su artículo 1803, establece que el consentimiento se perfecciona al aceptar las cláusulas, sin importar si las leíste o no. Así que, legalmente, decir “no sabía” no te librará en ningún momento de las consecuencias.
Como abogada, me preocupa que hemos normalizado el no leer lo que firmamos, como si la responsabilidad fuera ajena. Y ojo, no se trata de culpar a las personas por no leer, sino de reconocer que muchos contratos están diseñados para no entenderse. El Derecho, por su parte, debería asegurar que los contratos sean claros, justos y fáciles de comprender, y que las autoridades realmente vigilen que eso se cumpla, porque un contrato ilegible no es solo un simple papel, sino una forma moderna de abuso, y esto lo menciono porque, aunque la ley ya lo prevé, su cumplimiento en la práctica sigue siendo débil.
En México existen mecanismos que intentan protegernos, como la Ley Federal de Protección al Consumidor, que en sus artículos 85 y 87 faculta a la Profeco para declarar nulas las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, es decir, aquellos que elabora una sola parte sin que el consumidor pueda negociar su contenido.
Asimismo, hasta su reciente proceso de reestructura, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) regulaba los contratos de servicios de telefonía e internet, exigiendo que las condiciones fueran claras y comprensibles para el usuario.
El problema no es que no existan leyes, sino que casi nadie las hace valer. Pocos consumidores son los que denuncian, y la mayoría ni siquiera saben que pueden hacerlo, por otro lado, son muchas las empresas que confían en esa pasividad ciudadana pensando en que “nadie se va a quejar”.
Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo logramos que los contratos dejen de ser un campo minado para quien los firma?
Yo pienso que el cambio empieza por dos caminos. Primero, desde las autoridades, haciendo valer las reglas que ya existen, en este sentido, la Profeco debería revisar de oficio los contratos de empresas que operan en masa (bancos, aseguradoras, plataformas digitales) y sancionar con fuerza las cláusulas abusivas. Y segundo, desde la educación jurídica básica del ciudadano, porque firmar sin leer no es un acto de confianza, sino de vulnerabilidad.
Y es que los contratos no solo están en el papel, nosotros vivimos rodeados de ellos; cada click que damos en una aplicación, cada vez que aceptamos las famosas “cookies”, cada servicio que contratamos en línea, implica aceptar condiciones legales. La era digital nos ha vuelto firmantes constantes de compromisos que casi nadie entiende, y eso genera un nuevo tipo de desigualdad: la informativa.
Como abogada, creo que el futuro del Derecho no está solo en redactar leyes, sino en traducirlas. Los contratos deberían escribirse en lenguaje claro, con tipografía legible y sobre todo, con estructura sencilla, porque si el ciudadano no entiende lo que firma, el Derecho está fallando en su propósito más básico: proteger.
Tal vez parezca exagerado, pero leer antes de aceptar un contrato por más digital o trivial que parezca puede evitarte deudas, fraudes o incluso pérdidas patrimoniales. No es desconfianza, es conciencia jurídica.
Desde Derecho en Perspectiva, sostengo que el primer paso para defender tus derechos es entender lo que firmas. Leer no es desconfianza, es tu manera más simple de ejercer el poder que el Derecho te da.