Este 2025 se cumplen diez años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México, una iniciativa ambiciosa que nació con la promesa de articular esfuerzos institucionales y ciudadanos para combatir uno de los males más arraigados del país: la corrupción.
A una década de distancia, el balance es mixto. Si bien se han logrado avances significativos en materia de transparencia y coordinación, los grandes desafíos estructurales siguen intactos y desafiantes.
El diseño y conformación del SNA fue y sigue siendo, uno de sus mayores aciertos. La participación de la ciudadanía en el Comité de Participación Ciudadana, marcó un parteaguas en el funcionamiento de estructuras gubernamentales, al incorporar voces independientes al centro de la vigilancia pública. Además, se fortalecieron herramientas como la Plataforma Digital Nacional, pensada para cruzar datos de declaraciones patrimoniales, contrataciones públicas y sanciones, lo que constituye una apuesta técnica por la trazabilidad y la prevención.
Asimismo, la expedición de una Política Nacional Anticorrupción y la homologación de políticas estatales anticorrupción, si bien desigual en su implementación, al menos trazó un marco común para que las entidades federativas dejaran de operar con criterios dispares.
Otro avance notable ha sido el impulso a una cultura de integridad en el servicio público, a través de la digitalización de trámites y servicios, códigos de ética y de conducta, capacitaciones y mecanismos de denuncia más accesibles.
Sin embargo, los desafíos siguen siendo considerables. La principal deuda del SNA es su débil capacidad de coordinación. Pese a contar con diagnósticos claros y estructuras operativas, las sanciones por actos de corrupción de alto impacto siguen siendo la excepción y no la regla. La impunidad, alimentada por la falta de infraestructura institucional y diversidad de criterios de ministerios públicos y órganos jurisdiccionales, mina la credibilidad del sistema.
Sumemos a esto la fragmentación política y la falta de voluntad de algunos actores clave para blindar y consolidar el SNA como una verdadera política de Estado. En varios estados, los sistemas locales anticorrupción existen sólo en el papel, están incompletos o están capturados por intereses ajenos a su propósito. Y aunque la ciudadanía ha sido un pilar, su participación efectiva enfrenta obstáculos como falta de recursos, cooptación institucional o desgaste por la falta de resultados palpables.
Una década después, el aprendizaje es claro, el SNA ha mostrado que el combate a la corrupción requiere más que leyes: necesita instituciones sólidas y coordinadas, independencia real y una sociedad vigilante y activa.
El desafío para los próximos diez años es transitar del diseño institucional a la eficacia operativa y el fortalecimiento de las acciones de prevención. México no puede permitir normalizar la corrupción como fatalidad; debe enfrentarla como el obstáculo estructural que violenta los derechos humanos, impide el desarrollo, la equidad y la justicia.
Preguntémonos si tenemos el coraje político y ciudadano para no abandonar lo ganado y hacer que el sistema funcione como fue concebido: al servicio del interés público, no de las complicidades.