La noticia más importante de la última semana sobre desapariciones en México no salió de una fosa ni de un operativo, sino de Ginebra. El 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hizo pública una decisión adoptada el 19 de marzo CED/C/MEX/A.34/D/1 en la que pidió al secretario general llevar con urgencia la situación mexicana ante la Asamblea General. En esa resolución, el comité sostuvo que la información reunida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
El matiz jurídico importa. El comité dijo que el procedimiento del artículo 34 es preventivo: busca movilizar atención y apoyo internacional, no dictar una condena penal. También precisó que no encontró evidencia de una política federal para cometer desapariciones forzadas, pero añadió que el derecho internacional no exige que los ataques ocurran en todo el territorio ni que se diseñen desde la cúspide del poder para que puedan ser considerados crímenes de lesa humanidad; basta, dijo, con que formen parte de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
Lo que hizo tan difícil ignorar el pronunciamiento fue la escala que el propio comité puso sobre la mesa. Citó más de 4,500 fosas clandestinas halladas en el país, con más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos, además de alrededor de 72,000 restos no identificados. Advirtió además que, pese a las medidas adoptadas desde su visita de 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial y que las autoridades siguen rebasadas.
En realidad, Naciones Unidas llevaba años diciéndole a México que se acercaba a ese punto. Tras su visita de 2021, el mismo comité habló de 95,000 personas desaparecidas y de más de 52,000 cuerpos sin identificar, y urgió al Estado mexicano a localizar, investigar e identificar con mayor rapidez. La decisión de 2026 no apareció de la nada: es la continuación de una alarma que fue creciendo mientras se acumulaban expedientes, fosas, restos y familias, madres y padres haciendo el trabajo que el Estado no terminaba de hacer.
Ese expediente nacional ahora internacional puede contarse a través de varios casos. Ayotzinapa sigue siendo el más emblemático: más de una década después de la desaparición de los 43 normalistas, la Suprema Corte ordenó hacer pública una versión testada del expediente, mientras Reuters reportó que no hay condenas y que investigaciones nacionales e internacionales sostienen que los estudiantes fueron secuestrados y asesinados por grupos criminales en connivencia con policías. Un informe final del grupo interdisciplinario de expertos independientes “GIEI” añadió en 2023 que Ejército, Marina, policías y agencias de inteligencia supieron minuto a minuto lo que ocurría.
Otra pieza clave es Tierra Blanca, Veracruz. En 2017, la CNDH acreditó la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de cuatro jóvenes y una menor de edad ocurridas en enero de 2016. El caso importó porque confirmó, desde un órgano del propio Estado mexicano, que la desaparición forzada no era solo una memoria de otros sexenios.
En Jalisco, el colapso tomó una forma que el país no pudo dejar de mirar: los tráileres refrigerados. La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó que 605 cuerpos se acumularon en instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en medio de deficiencias, omisiones e irregularidades. También dejó asentado que, por la mala praxis en el manejo y conservación, 25 cadáveres terminaron sin datos que los vincularan a una indagatoria porque la información que las bolsas y etiquetas se borraron.
Después vino Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, aqui esta la imagen de una pelicula del horror, pero transformada en realidad. En marzo de 2025, la oficina de la ONU para los derechos humanos describió el hallazgo de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales en un “rancho” que era usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación para entrenar a jóvenes captados con ofertas falsas de empleo. Un año después, la CNDH concluyó que hubo omisiones de la Fiscalía de Jalisco, Guardia Nacional y del instituto forense en el procesamiento de indicios y en la investigación del predio porque el predio entre otras cosas ya había sido objeto de investigación y no se reportó ningúna anomalía.
La desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno añadió otro capítulo a la crisis jalisciense. Roberto, Uriel, Jaime, Dante y Diego desaparecieron el 11 de agosto de 2023, y dos años después seguía sin conocerse su paradero, de acuerdo con el noticiero N +. El caso estremeció al país porque mostraba otra vez cómo una desaparición múltiple podía instalarse en la conversación pública, producir horror nacional y aun así quedar suspendida en la incertidumbre.
Algo parecido ocurrió con las cuatro mujeres originarias de Aguascalientes desaparecidas en Encarnación de Díaz. Adriana, Rosa Olivia y Beatriz Hernández desaparecieron el 27 de julio de 2023; al día siguiente, hombres armados se llevaron a Marisela de su casa. En los primeros días del caso, familiares denunciaron un vacío entre fiscalías: Aguascalientes decía que no podía buscarlas porque los hechos ocurrieron fuera de su territorio, mientras en Jalisco se alegaba que no se había presentado denuncia ahí. Así de increíble fue la actuación de los Gobiernos de Aguascalientes y Jalisco. No se trata solo de hacerse responsable, se trata de actuar.
Vistos juntos, esos expedientes ayudan a leer mejor la decisión de la ONU. No todos son iguales: algunos exhiben participación directa o presunta aquiescencia de agentes del Estado; otros revelan colusión con el crimen organizado; otros muestran, sobre todo, el derrumbe forense y la incapacidad institucional para preservar escenas, identificar cuerpos y devolver restos a sus familias. Pero, en conjunto, forman una misma historia: personas que desaparecen, investigaciones que se fragmentan y autoridades que llegan tarde, mal o nunca.
El gobierno mexicano ha rechazado el informe. En una respuesta oficial, lo calificó de tendencioso y sostuvo que omitía avances desde 2018; en una nota conjunta añadió que los informes del comité expresan la opinión de sus diez expertos independientes y no la de toda la Organización de las Naciones Unidas. Ese desacuerdo político es real. Pero también lo es el archivo de hechos que lo rodea: Ayotzinapa, Tierra Blanca, los tráileres, Teuchitlán, Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz no son piezas aisladas, sino fragmentos de una misma crisis.
Por eso Jalisco pesa tanto en cualquier intento de contar esta historia. No porque agote por sí solo la tragedia mexicana, sino porque la vuelve visible: allí aparecieron los cuerpos que ya no cabían, las etiquetas que se borraron, las escenas mal procesadas, los jóvenes que no volvieron, los restos que hablaron demasiado tarde y las familias que siguieron buscando cuando el Estado ya había fallado. La decisión de la ONU puso esa realidad en el lenguaje del derecho internacional. Los casos la habían escrito mucho antes, en la vida diaria de México y hoy la voz vuelve a alzarse en nombre de la esperanza de quienes siguen desaparecidos.
* Por Dr. Manuel Estévez Méndez / manuel@estevez.org.mx