En el análisis de la competitividad económica de las naciones, el sistema tributario juega un papel en dos tiempos: es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo y, simultáneamente, uno de los factores de mayor peso en la toma de decisiones de inversión corporativa.
Al observar el panorama fiscal mexicano, nos enfrentamos a una rareza estructural profunda. Según el informe Paying Taxes 2019, elaborado por la consultora PwC en conjunto con el Banco Mundial, las empresas en México enfrentan una Tasa Total de Impuestos y Contribuciones (TTCR) promedio del 53%. Este indicador, que agrupa el Impuesto Sobre la Renta (ISR), las aportaciones de seguridad social y los impuestos locales, contrasta desfavorablemente con el promedio de las 189 economías analizadas, situado en un 40.4%.
La pregunta razonada fundamental no es solamente si esta tasa recaudatoria es elevada, sino cuál es la tasa de retorno social y económico que el Estado mexicano ofrece a cambio de esta extracción de valor.
Para entender la magnitud del 53% de esta tasa, es imperativo analizar la estructura del mercado mexicano. México padece de una estrechez crónica en su base gravable; más del 50% de la población económicamente activa opera en la informalidad y esto significa que la pesada carga tributaria recae sobre un grupo comparativamente reducido de empresas cautivas en el sector formal.
Mientras en los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la recaudación se distribuye de manera más equitativa entre impuestos corporativos, impuestos al consumo (IVA) e impuestos a las personas físicas, en México las personas morales soportan una presión desproporcionada. Las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit, más los impuestos estatales sobre nómina, encarecen sustancialmente la generación de empleo formal. El resultado es un incentivo perverso: el sistema penaliza fiscalmente a quienes generan valor y empleo dentro de la legalidad.
El análisis comparado internacional nos ofrece una perspectiva reveladora. Países como Dinamarca, Suecia o Noruega imponen tasas impositivas altas, a menudo superiores al 45% del Producto Interno Bruto (PIB) en recaudación total. Sin embargo, en estas economías, el sector corporativo opera bajo la premisa del “salario social”. Los altos impuestos financian servicios públicos de excelencia: infraestructura logística de primer mundo, seguridad jurídica, un sistema de salud universal eficiente y capital humano altamente educado.
En México, el paradigma es diametralmente opuesto: la empresa formal paga una tasa del 53% al Estado, pero su estado de resultados debe absorber lo que en finanzas corporativas podríamos denominar una “doble tributación de facto”. Ante la ineficiencia de los servicios públicos, las empresas mexicanas inciden en gastos operativos adicionales para cubrir los vacíos del Estado tales como:
Seguridad: contratación de escoltas, custodia de mercancías en tránsito y sistemas de vigilancia ante la crisis de inseguridad (se calculan los costos de prevención y pérdidas reales en el 10% del ingreso bruto).
Salud y previsión: seguros de gastos médicos mayores para retener talento, ante la saturación y deficiencia operativa del sistema de salud público.
Infraestructura y logística: sobrecostos por el desgaste de unidades de transporte en carreteras en mal estado y retrasos logísticos y aduaneros.
Cuando sumamos estos costos de transacción a la tasa impositiva compuesta oficial, la carga real para una empresa en México supera los estándares internacionales, reduciendo severamente sus márgenes de rentabilidad y en el contexto del nearshoring y la relocalización de cadenas de suministro México compite directamente con el mundo por la Inversión Extranjera Directa (IED). Si cruzamos nuestra frontera norte, nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, operó una reducción drástica a su tasa corporativa federal (situándola en un 21%) y aunque la mano de obra en México sigue siendo un factor de competitividad en costos, basar nuestra ventaja comparativa exclusivamente en salarios bajos es una estrategia insostenible y de bajo valor agregado a largo plazo.
Economías emergentes en Asia o Europa del Este que compiten por los mismos capitales, pero ofrecen regímenes fiscales mucho más ágiles, incentivos a la innovación y, crucialmente, certidumbre jurídica y servicios públicos que actúan como facilitadores para la inversión.
La arquitectura fiscal de México requiere un rediseño que vaya más allá del mero afán recaudatorio. El dato de PwC es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda: un pacto fiscal roto. No se trata simplemente de exigir una reducción tributaria, sino de exigir eficiencia en el gasto público.
Para lograr que México alcance su potencial económico, es indispensable transitar hacia un sistema tributario que amplíe la base gravable, combata la informalidad con incentivos reales y, sobre todo, garantice que cada peso arrancado del sector productivo se traduzca en bienes públicos de calidad.
Hasta que la calidad de la infraestructura, la seguridad y la educación no reflejen esa carga del 53%, las empresas en México seguirán operando con un ancla muy pesada frente a sus competidores globales.
*Mtro. Luis Alberto Güémez Ortiz / Universidad Panamericana (UP)