
Recientemente comenzó a circular una noticia que, honestamente, pensé que pertenecía a otra época: un grupo de mujeres en Estados Unidos defendiendo públicamente la idea de renunciar a su derecho individual al voto.
En junio de este año, cerca de tres mil mujeres se reunieron en San Antonio, Texas, en la Women’s Leadership Summit organizada por Turning Point USA. El evento, encabezado por Erika Kirk, viuda del fundador de la organización Charlie Kirk, tenía como tema central el liderazgo femenino. Sin embargo, lo que terminó captando la atención del mundo fue algo distinto: varias asistentes declararon públicamente que estarían dispuestas a renunciar a su derecho individual al voto.
No se trató de una propuesta aislada ni de un malentendido. Es tal vez la manifestación más visible hasta hoy de un movimiento que lleva años gestándose en silencio dentro de la derecha cristiana estadounidense.
Para entender de dónde viene esto, hay que retroceder un poco.
El movimiento tradwife —contracción de “traditional wife”— promueve el regreso a los roles de género tradicionales de mediados del siglo pasado, donde la mujer se dedica al hogar, la crianza y el apoyo al esposo como único proveedor. Lo que comenzó como contenido estético en TikTok —recetas, rutinas domésticas, interiores perfectos— fue evolucionando, en algunos sectores, hacia una postura con implicaciones políticas.
En 2022 comenzaron a aparecer voces que cuestionaban abiertamente el sufragio femenino. Lo que entonces parecía una postura marginal terminó encontrando eco en figuras públicas, líderes religiosos e influencers cercanos a ese movimiento. Lo que hace apenas unos años parecía impensable, hoy ya se discute en foros con miles de asistentes.
Pero, ¿qué propone realmente esta corriente?
La propuesta se denomina “voto por hogar”, y plantea que el sufragio pertenezca formalmente a la unidad familiar y no a cada uno de sus integrantes de manera independiente. Bajo este esquema, el hombre asumiría la representación política del hogar, votando en representación de su pareja e hijos. En el caso de las mujeres solteras, esa representación recaería en su padre, un hermano u otro familiar masculino.
Una de sus principales impulsoras, la influencer Savanna Faith Stone, lo justifica con un argumento que resulta difícil de ignorar: si las mujeres no pudieran votar de forma independiente, ciertas políticas —como el acceso al aborto— nunca habrían prosperado. Desde esa perspectiva, renunciar al voto no se presenta como una pérdida de derechos, sino como una estrategia para fortalecer un determinado modelo de familia.
Llegados a este punto, la pregunta jurídica resulta inevitable.
¿Podría algo así convertirse en realidad?
La respuesta, al menos hoy, es no.
El derecho al voto femenino continúa plenamente vigente en Estados Unidos. La Decimonovena Enmienda, ratificada en 1920, prohíbe que el gobierno federal o los estados restrinjan el derecho a votar por razones de sexo, y actualmente no existe ninguna propuesta legislativa oficial para derogarla.
Sin embargo, reducir esta discusión a un simple “eso nunca va a pasar” sería ignorar el verdadero fondo del asunto.
En el mundo del derecho, no todos los derechos son renunciables. Los derechos políticos, y en particular el sufragio, tienen una dimensión pública que va más allá de la decisión individual. No votar puede ser una opción personal. Pero ceder formalmente el voto a otra persona —convertirlo en una representación doméstica no regulada— es una figura que no existe en ningún sistema democrático moderno, precisamente porque vaciaría de contenido la idea misma de ciudadanía individual.
Y aunque esta discusión ocurre en Estados Unidos, pensar que permanecerá únicamente ahí sería un error.
Las redes sociales han demostrado que las ideas ya no están limitadas. Los algoritmos pueden convertir posturas antes marginales en conversaciones globales, llevándolas a millones de personas que nunca las habrían buscado por iniciativa propia. Por eso este debate dejó de ser exclusivamente estadounidense.
En México, el sufragio femenino fue reconocido en 1953. Han pasado apenas poco más de siete décadas. No hablamos de un derecho ancestral, sino de una conquista relativamente reciente que todavía forma parte de la memoria de muchas familias.
Por ahora, el “voto por hogar” no tiene ninguna posibilidad real de convertirse en ley en Estados Unidos. Pero su peligro no es legislativo, sino cultural. Cuando una idea que parecía impensable comienza a debatirse en foros con miles de asistentes, cuando figuras cercanas al poder la amplifican, y cuando los algoritmos la distribuyen a millones de personas que nunca la habrían encontrado por cuenta propia, algo ya cambió.
Desde Derecho en Perspectiva, sostengo que los derechos no se pierden únicamente cuando alguien los arrebata. También se pierden cuando una sociedad comienza a considerar razonable cuestionarlos. Y una idea que hoy se presenta como elección personal puede convertirse, con el tiempo, en presión social, y después, en propuesta política.
El sufragio femenino no fue un regalo. Fue una pelea. Y toda pelea ganada exige una cosa: que no olvidemos por qué se dio.