Ciudadanos, colectivos y sectores académicos salieron este domingo a las calles a protestar en contra de las elecciones para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
Desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, cientos de personas se manifestaron en lo que denominaron “Marcha Yo No Voto PJ”, en rechazo a lo que consideran una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial y una simulación democrática.
Los manifestantes avanzaron por Paseo de la Reforma entre consignas como “¡La Corte no se toca!” y “Sin Poder Judicial no hay libertad”. Participaron miembros del sistema judicial, estudiantes de derecho, académicos y organizaciones civiles como México Unido, Chalecos México A.C., Marea Rosa, Contrapeso Ciudadano, Unión Ciudadana Nacional y Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap).
Una de las denuncias durante la movilización fue el carácter que consideran “fraudulento” del proceso electoral judicial. En palabras de Fabián LeBaron, quien viajó desde Chihuahua para sumarse a la protesta.
“Estas urnas son una fábrica industrial de consentimiento fraudulento. Una minoría anónima va a decidir quién juzga a los ciudadanos, y muchos de esos perfiles tienen vínculos con el crimen organizado”.
De forma paralela a las protestas, se celebraron elecciones federales para designar a 881 funcionarios del Poder Judicial, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados electorales, jueces de Distrito y magistrados de Circuito, además de procesos locales en 19 estados. Esta jornada, impulsada como parte de la reforma judicial, busca, según el gobierno, ampliar la participación ciudadana y fomentar la rendición de cuentas. Sin embargo, los inconformes advierten que se trata de una “politización de la justicia” que pone en riesgo la división de poderes.
La organización Recap alertó sobre la presencia de aspirantes con antecedentes penales o presuntos vínculos con grupos delictivos. Para sus integrantes, esto no sólo compromete la legitimidad del proceso, sino que representa un peligro real para el Estado de derecho.
El clima de desconfianza también se evidenció en las críticas dirigidas contra figuras políticas. En varias intervenciones públicas, se responsabilizó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Tadei, de fomentar una reforma que, a juicio de los manifestantes, debilita los contrapesos democráticos.
Aunque la concentración principal tuvo lugar en la capital, los organizadores reportaron movilizaciones en al menos 50 ciudades del país. En todas, el mensaje fue claro: la ciudadanía exige que la justicia permanezca al margen de intereses políticos y criminales.
A pesar de las tensiones, la marcha transcurrió sin incidentes y bajo vigilancia. La protesta coincidió con un evento ciclista en honor al atleta Isaac del Toro, lo que obligó a una reorganización del paso de los manifestantes. Esto no impidió que el recorrido sumara nuevos contingentes a lo largo del trayecto, incluyendo grupos universitarios que lanzaron porras frente al Senado de la República.