La Fiscalía capitalina fue llamada a instalar un memorial para Jael Monserrat Uribe Palmeros, joven de 21 años de edad desaparecida en el año 2021 y que en noviembre del 2024, sus restos fueron hallados por su madre en la zona del Ajusco, luego de omisiones, revictimización y fallas en los protocolos de búsqueda.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la recomendación 10/2025, por falta de debida diligencia y perspectiva de género en la búsqueda de Monse, debido a que tras su desaparición, la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada (FIPEDE) incurrió en irregularidades, al asegurar que la ausencia de la víctima había sido voluntaria, lo que negó la activación del plan emergente y protocolo a al rastreo inmediato de mujeres.
En consecuencia, no se realizó un rastreo perimetral efectivo, ni actividades en terreno, ni gestiones de colaboración interinstitucional para la localización.
Acusaron que el cuestionario para recolectar datos de personas desaparecidas ante mortem se realizó hasta el 11 de diciembre de ese año y la entrevistadora formuló apreciaciones carentes de sustento probatorio prejuiciosas, revictimizantes y contaminadas de estereotipos de género, que repercutieron en que no se considerara el contexto familiar de Monse y prevaleciera la ausencia total de perspectiva de género en la investigación.
La madre de Monse, Jaqueline Palmeros y fundadora del colectivo “Una Luz en el Camino”, denunció que las autoridades criminalizaron a su hija por tener tatuajes, incluso la cuestionarios si había sido encarcelada.
Durante la investigación, no se integraron los informes policiales, el análisis ocular pericial, las videograbaciones en las que se observaba a las personas con las que Monse tuvo contacto en los últimos momentos en que se tuvo conocimiento de su paradero, datos de prueba que eran fundamentales para obtener líneas de investigación.
Aunque se le dictó a la FIPEDE la realización de diligencias contempladas en el protocolo ALBA, su ejecución fue tardía, sin una estrategia integral ni valoración de dinámica de contexto de riesgo.
El informe de la CDHCM detalló que estas solicitudes de colaboración se realizaron a más de seis meses después de su desaparición, asimismo, la revisión de las redes sociales de la mujer, hasta un año y cinco meses de que no se supo de su paradero.
De manera simultánea, Jaqueline Palmeros tuvo que asumir los cuidados de hijos y nietos, que anteriormente eran compartidos con su hija Monserrat.
La localización de los restos de la joven no fueron como resultado del trabajo de las autoridades, si no por una brigada de búsqueda del colectivo de Jaqueline en el Ajusco.
Así, la Fiscalía capitalina vulneró el derecho de Monse a ser buscada con la debida diligencia reforzada y enfoque diferencial, así como el derecho a la integridad personal de víctimas y familiares.
Agregaron que dichas violaciones a los Derechos Humanos causaron afectaciones a Alan López Palmeros, hermano de Monse, así como a sus hijos y otros hermanos.
Nuevo plan de integración de búsqueda de desaparecidos
En tanto, la Fiscalía capitalina fue llamada a:
- Dar seguimiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) para que la víctimas sea inscritas en el Registro de Víctimas capitalino y para que se realice la valoración y determinación del plan de reparación integral del daño
- Se instalará un memorial para Monse y para Julio César, para lo que realizará dos actos conmemorativos.
- Acto de disculpa pública por la violación a derechos humanos cometida en perjuicio de las víctimas en el que explique a la opinión pública lo ocurrido, se reivindique y preserve la honra y memoria de Monse, y en el que se manifieste su compromiso de adoptar las medidas de no repetición recomendadas en los instrumentos.
- Con base en el principio rector de coordinación establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, se emitirá un documento normativo idóneo, que haga obligatorio que toda carpeta de investigación iniciada por la desaparición de una persona, cuente con un plan de investigación y búsqueda, que deberá tener las siguientes características :
1. Incluir entrevistas a profundidad a las y los familiares y o personas cercanas.
2. Cuestionario antemortem (AM)
3. Resguardo de videograbaciones
4. Adecuada inclusión de periciales e informes en la carpeta de investigación
5. Se precisará que cada una de las actuaciones mencionadas, deberán ser realizadas bajo los principios de oportunidad, perspectiva de género, interseccionalidad y libre de estereotipos que puedan obstaculizar una investigación diligente.
- La autoridad deberá brindar atención psicológica y/o tanatológica a la familia de Monse
Ausencia de la SECGOB y la FGJCDMX
Jaqueline Palmeros acusó la ausencia de las autoridades del Gobierno capitalino y de la Fiscalía capitalina en la emisión de la recomendación, lo que para ella es el abandono a los casos de personas desaparecidas, aún cuando son responsables de las irregularidades en las indagatorias de la desaparición.
“Hay casos atrás de mujeres que no han sido buscadas con perspectiva de género, nos llenaríamos de recomendaciones si nos ponemos a ver cada una de las negligencias por parte del estado”.
“Fue muy claro el mensaje que nos dio la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno, no estuvieron presentes, en una presentación tan importante y el mensaje es: no me importan los desaparecidos en la Ciudad de México.
“Vamos a seguir luchando, porque Monse no se suicidó como me dijeron en el INCIFO, no se fue de su casa y por una juez que juzgó sin perspectiva de género. El Poder Judicial y el INCIFO son culpables y no vamos a descansar hasta que esto no se vuelva a repetir y que la dignidad se haga costumbre”, señaló la madre de Monse.