Edificios y departamentos entregados por exfuncionarios panistas de la alcaldía Benito Juárez presuntamente ligados a la corrupción inmobiliaria, a la Fiscalía capitalina para que fueran destinados a vivienda para damnificados del terremoto del 2017, así como a centros de atención a víctimas, fungen como tiendas de celulares y zonas en abandono.
Las dependencias gubernamentales que se comprometieron a entregar departamentos a población vulnerable desconocen el destino de esos inmuebles, del mismo modo que su uso, ocupación y estudios de seguridad estructural que avalen que son habitables. Aunque se prometió que esos espacios que resultaron de la asociación delictuosa blanquiazul serían transformados en derechos para el pueblo, como Centros de Ayuda a Víctimas, ninguna de esas promesas se cumplió.
A 21 meses de que Luis Vizcaíno y Nicias Aridjis, exdirectores jurídicos y de obras de esa demarcación, investigados por dirigir una red en la que beneficiaban a empresarios constructores al permitirles que edificaran niveles excedentes, con la violación a reglamentos de construcción y usos de suelo, a cambio de departamentos y sumas de dinero, entregaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inmuebles en la calle Petén 329, en la colonia Del Valle como parte de la reparación del daño, los organismos encargados de realizar el análisis de los beneficiarios del terremoto desconocen el proceso para cederlos a población vulnerable.
Cuando otro de estos edificios, el localizado en avenida de los Insurgentes Sur 1774, colonia Florida, de la alcaldía Álvaro Obregón, involucrado en el entramado inmobiliario, fue entregado por la Fiscalía al Gobierno capitalino, la exfiscal Ernestina Godoy declaró como “día histórico”, ya que las instalaciones de seis niveles con valor de 10 millones de pesos serían convertidas en la Fiscalía Anticorrupción, de la mesa interinstitucional a víctimas de corrupción inmobiliaria, de la Secretaría de Contraloría; además de que otro piso sería el Centro de Atención Biosicosocial a Víctimas de delitos. Hoy ese inmueble es una tienda de celulares y fotografía, sin que la promesa se cumpliera.
Así, los días 14 de noviembre y seis de diciembre del 2023, Godoy celebró que los imputados por el “Cártel Inmobiliario” hayan aceptado su culpabilidad e integración de la red. En consecuencia, cinco departamentos en Petén con extensión de alrededor de 70 metros cuadrados, dos recámaras, sala-comedor, baño, cocina y uno de ellos con un roof garden fueron puestos a disposición de afectados por el terremoto seis años atrás. Esto mientras suplicaba al Congreso capitalino que acompañara su ratificación al frente de la FGJCDMX durante cuatro años más.
Este inmueble, valuado en 80 millones de pesos, con un costo de cuatro millones por departamento, con un roof garden en seis millones, sería sometido a una revisión realizada por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, con el fin de garantizar que cumplan con las normativas vigentes, dados los niveles que se excedieron en el proyecto.
Para su entrega a damnificados, la FGJCDMX cedió la propiedad a la Comisión de la Reconstrucción, para que en conjunto al Instituto de Vivienda, Secretaría de Finanzas, el Instituto de Seguridad para las Construcciones, instancias que estudiarían los procesos que se tienen en la reconstrucción para determinar qué familias los necesitan; instituciones que al ser consultadas por Crónica vía transparencia y con sus áreas de atención, dicen no saber nada de ese proyecto.
Vivienda, FGJCDMX, INVI no saben el uso de los departamentos
El número 1774 es custodiado por agentes de seguridad privada, únicamente la planta baja se utiliza, sin algún letrero que identifique sus funciones. Para ingresar, se debe de pedir permiso a los guardias, quienes alertan a personas en el interior, este sitio no es una tienda común abierta al público: “entran por posible compra”, dicen a través de radio a sujetos en el interior. Una vez que se atraviesan los vehículos que bloquean el acceso y retiran la cadena de seguridad, se entra a un sitio poco iluminado, donde Batres y Godoy ofrecieron en 2023 la conferencia del “día histórico” contra la mafia blanquiazul. De una bodega sale una persona que ofrece algunas piezas de celulares, una consola de videojuegos, audífonos y pocas cámaras fotográficas, la mayoría de los anaqueles están vacíos.
El letrero de Circuit Bank fue retirado. Dentro de la tienda tampoco se observa la razón social, sin embargo, se ofrecen facilidades de meses sin intereses. En los pisos superiores el paso está bloqueado por cadenas, las persianas están rotas, las ventanas sucias y desde el exterior se ven muebles variados abandonados. En la fachada no hay algún anuncio que indique que próximamente llegará la Fiscalía de Atención a Víctimas de corrupción inmobiliaria, enlace de la Fiscalía Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría General, como lo anunciaron Batres y Godoy.
A casi tres años, en información consultada vía transparencia en el Fideicomiso para la Reconstrucción, así como a la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y el Instituto de Vivienda este órgano no cuenta con información y registro de inmuebles bajo su custodia en Petén 329. Asimismo, no existe un padrón de beneficiarios al que aparentemente se entregarían y tampoco existe el dictamen estructural del Instituto de Seguridad de las Construcciones — a quien se le encomendó su realización — que lo declare como edificio seguro para que se ocupen los cinco departamentos por personas que perdieron su hogar.
Según el Fideicomiso, es responsabilidad de la Secretaría de Vivienda la gestión de Petén 329, no obstante, esa instancia gubernamental tampoco cuenta con datos en los que se gestione que estos departamentos serán para que vivan los damnificados.
Otra de las consultadas involucradas en el censo para ceder los inmuebles fue la Secretaría de Finanzas, que subrayó que la Secretaría de Planeación de Ordenamiento Territorial y de Metropolitana es la encargada del tema, área que también desconoció el caso.
Actualmente, el roof garden de Petén 329 sigue en desuso, lejos de que sea ocupado por algún damnificado que durante ocho años no ha conseguido un hogar luego de perderlo.
Cuando Godoy presumió la entrega de los inmuebles y su acción de regresarlos al pueblo, dijo que realizaba esa acción sin que le importara la pérdida de ratificarse ante el enfurecimiento de las bancadas del PRI y el PAN. En esas fechas, varios políticos de oposición acusaron persecución presuntamente planeada por la exfiscal, con carpetas de investigación fabricadas y amenazas de muerte.
Damnificados acusan a Vivienda de ignorar orden judicial
Mientras que la Secretaría de Vivienda desconoce el destino de dichos inmuebles, esa dependencia capitalina mantiene en vilo a damnificados del edificio Aguascalientes 12, de la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc, a pesar de la emisión de la sentencia de amparo 824/2021 del Juzgado Octavo de Distrito del pasado tres de julio, para que el inmueble se demuela y luego se reconstruya, esto con cargo a los recursos del fideicomiso establecido en el Plan para la Reconstrucción integral de la Ciudad de México.
Tras un litigio de ocho años en el que un pequeño grupo de habitantes se oponía a desalojar el predio y al mismo tiempo, la mayoría exigía que rehiciera el edificio, sumado a que la Comisión para la Reconstrucción capitalina se aferraba a que no necesitaba ser demolido, aún con peritajes y dictámenes estructurales que lo recomendaban, el juez validó los estudios periciales y determinó que la rehabilitación no es opción, si no que debe de reformarse en su totalidad. En una tarjeta informativa emitida el seis de septiembre del 2024, la Comisión declaró que esperaría la determinación de la autoridad judicial para tomar acciones en el futuro de las viviendas, lo cual, aún con sentencia, no ha sucedido.
“El encargado de la Comisión para la Reconstrucción, Victor Olvera, nos recibió la semana pasada (21 de agosto) para convencernos de que el edificio sea rehabilitado, dijo que el INVI sólo construye hasta 60 metros, y desistiéramos de la sentencia. Mencionó que se puede ir a mucho tiempo, a seis meses ya un año, en todo momento subestimó la sentencia del Poder Judicial”.
“Las autoridades desacataron e incumplieron y tomaron el pretexto de que el 100 por ciento de los vecinos deben de estar de acuerdo para que se reconstruya, cuando eso es falso, porque la sentencia la emitió un juez y no se puede desobedecer. Desde el 2019 hicimos una asamblea en las oficinas de Gobierno, en la cual 61 condóminos, por unanimidad, estuvimos a favor de la reconstrucción, no hubo votos en contra. Nos dijeron que sí hay presupuesto pero que no pueden hacer nada”, declaró a Crónica Ángeles Moreno, vocera oficial del condominio y quien mantiene grabaciones de la reunión con la secretaría.
En la sentencia también se señala que en caso de que alguno de los vecinos se oponga a la demolición y reconstrucción, corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil llevar a cabo el desalojo correspondiente, lo que lleva al incumplimiento de la sentencia.
Como se lee en la sentencia que Crónica tiene en su poder, el juez tomó la determinación de que la rehabilitación de los inmuebles aplica a aquellos que no hayan sufrido un daño severo por el sismo y la reconstrucción a los inmuebles que fueron derribados por el sismo o que requieren ser demolidos por estar en un alto riesgo de colapso. Aguascalientes 12 se encuentra registrado en el padrón de estructuras de alto riesgo desde el 2017.
Asimismo, se obliga a la reconstrucción del inmueble mediante el otorgamiento de los apoyos económicos, esquemas de financiamiento, en su caso mediante la redensificación del inmueble, que sean procedentes. Las demás autoridades responsables deberán coadyuvar con la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, en la medida que sean requeridas para lograr los efectos de la concesión de amparo, dentro del ámbito de su competencia establecida en el citado plan integral para la reconstrucción.
Los habitantes del edificio pretenden acudir nuevamente al Tribunal Colegiado, sin embargo, temen que los nuevos representantes elegidos mediante voto popular sean parciales y dicten a favor del Gobierno capitalino.
“Si en algún momento dicen que se debe de rehabilitar el edificio, se va a tener que hacer y de nada nos sirvieron ocho años, donde 15 vecinos ya murieron”.
Mientras la Secretaría de Vivienda y otras dependencias gubernamentales abandonaron el proyecto para ceder vivienda a afectados por el terremoto, la gravedad del problema de acceso a un hogar y reconstrucción tampoco se ha solucionado. Godoy presumía que inmuebles asegurados a criminales serían otorgados a ciudadanos en tiempos de “jaloneo” político que definirían su futuro como funcionaria, la realidad es que complejos habitacionales declarados como inhabitables no poseen un plan de reconstrucción o mejoramiento de vivienda.